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Política exterior que avergüenza
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Opinión

Política exterior que avergüenza

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En las últimas semanas, el Gobierno de Guatemala ha desarrollado una activa campaña internacional para alcanzar sus máximos y fundamentales intereses: expulsar del país al comisionado Iván Velázquez.

La cuestión, aunque no está escrita en ningún documento oficial del Gobierno, es, al parecer, la única razón de ser del actual gobernante y de sus lacayos.

Velázquez se ha convertido en el objetivo fundamental y principal de la política interior y exterior del actual gobierno profascista y neoconservador. Es superior al combate de la pobreza o al efectivo funcionamiento del Gobierno. Es mucho más importante que resolver el problema de contaminación de cuencas, lagos y ríos. Es infinitamente superior a ofrecer a los deportados condiciones de reinserción en la economía nacional.

Sacar a Velázquez y poner al sector justicia al total y completo servicio de las mafias, que han dirigido el país por décadas y con la complicidad activa de los gobernantes, es su máximo objetivo político y personal. Ni de lejos hay algo superior a ello. Jimmy Morales desayuna, almuerza y cena tratando de encontrar la forma de expulsar al comisionado.

Por si fuera poco, sus funcionarios han entrado en el juego y, como en el caso de la canciller Jovel, van y vienen diciendo incoherencias que esperan que no se publiquen, tratando de persuadir a propios y extraños de la importancia de eliminar a un auxiliar de la Fiscalía que, con métodos científicos y al amparo de la legislación nacional, ha logrado poner el dedo en la llaga de la corrupción inveterada.

Ignorando a propósito los modos y las maneras de las disputas diplomáticas, la canciller, acompañada de un séquito de burócratas que vegetan entre Washington y Guatemala, le exigió al secretario general de Naciones Unidas la expulsión de Iván Velázquez. Sin más experiencia internacional que su efímero paso por la embajada de Guatemala en Colombia, no llegó siquiera a aceptar la propuesta de constituir una comisión bilateral para tratar el asunto. Para ella, como es la voluntad de su jefe, al comisionado lo sacan y punto.

Por informaciones publicadas, y según fuentes de Naciones Unidas, lo que más extrañó al secretario general Guterres y a sus acompañantes fue la demanda por resarcimiento para los encarcelados. Omitió la flamante canciller la información de que los reos, presuntos delincuentes, están en cárcel preventiva por decisión de juez competente, y no por deseo y voluntad del comisionado Velázquez o de la jefa del Ministerio Público. Ellos pueden pedir, mostrar pruebas para que eso suceda, pero ligar a proceso y decidir si se espera juicio en cárcel o en prisión domiciliar es cuestión de un juez.

Si los oscuros amigos del actual presidente, hoy detenidos en la cárcel-cuartel que él visita con frecuencia inusual, padecen prisión preventiva, es porque los jueces que estudian los cargos así lo determinaron. Eso lo sabe hasta un estudiante de bachillerato mediamente informado. Y es extraño que no lo llegara a considerar quien ha sido docente en la Universidad Rafael Landívar.

Quien tendría que resarcir al que luego de detenido se le declarara inocente es el Estado de Guatemala, pero, lamentablemente, no existe legislación al respecto. Porque hasta ahora las víctimas de la prisión preventiva demorada han sido ciudadanos pobres y falsamente acusados.

Pero resulta que los reos, al parecer amigos íntimos del actual presidente, pues este los defiende con ardor y locura, permanecen en cárcel preventiva porque, en un evidente proceso de litigio malicioso, han impedido llegar a juicio. No es, pues, ni responsabilidad del comisionado Iván Velázquez ni del MP ni de los jueces que los presuntos delincuentes continúen privados de libertad. Son ellos, con sus acciones judiciales, quienes impiden que el proceso siga su curso y llegue a su fin.

Pero resulta, además, que la sociedad cuenta ya con la Ley de Extinción de Dominio, mediante la cual, si el presunto delincuente no logra demostrar fehacientemente que los bienes poseídos fueron adquiridos con fondos legítimamente obtenidos, le son retirados. Y en ese procedimiento los ahora defendidos por la canciller Jovel y por su jefe han perdido ya muchísimos bienes, comparables solo con lo retirado a los narcotraficantes.

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