Quemar la municipalidad, un bien estatal que no le pertenece a unos cuantos inconformes, no es la forma de responder ante la duda o la inconformidad de que ganara o no el candidato de nuestra preferencia, mucho menos quemar la casa de una persona particular. Para mostrar la inconformidad están los recursos legales, los tribunales de justicia y las leyes. Quien realice este tipo de actos vandálicos debe estar consciente que violenta la ley y que eso trae consecuencias.
Poco a poco vemos que la intolerancia va creciendo, y aún nos faltan 38 días de anuncios y discursos que nos intenten convencer para elegir al cargo más importante, nuestro próximo presidente.
Pero la intolerancia de una parte de la sociedad hacia los resultados de la primera vuelta electoral no se queda allí, esa sensibilidad e intolerancia también parece que ha tocado a los candidatos que se intentan elegir.
En estos días he recibido informaciones sobre varios hechos que deben llamarnos la atención, pero sobre todo mantenernos alerta en el libre ejercicio del periodismo y en la libertad de expresión, ambos derechos protegidos por la Constitución de la República.
Por ejemplo, la semana pasada escuché sobre el supuesto despido de la escritora Margarita Carrera de Prensa Libre, por presiones políticas que estaban incomodando a uno de los candidatos a la elección, luego supe que afortunadamente se había dado marcha atrás a esta decisión. No pasó lo mismo cuando el partido naranja pidió que se cambiara a los reporteros que les cubrían por otro “más sensible con sus proyectos”.
En el caso de Guatevisión, también se conoció a través de las redes sociales que la sección transmitida los viernes llamada “Las inolvidables” sería suspendida para no herir la susceptibilidad de los dos candidatos presidenciales. Sin embargo, tras hacerse pública la decisión, esta habría sido también cambiada.
Es ahora cuando los periodistas y la población en general debemos exigir que se garantice el libre ejercicio del periodismo porque esto redunda en el derecho de los ciudadanos a tener información no solo veraz sino entregada de la forma más neutral posible, con la que puedan no solo sacar sus propias conclusiones sino tomar las mejores decisiones.
Lamentablemente en este país no existen instituciones que protejan a los periodistas ni a la población de injerencias de políticos en los grandes medios de comunicación pues quien se atreva a hacerlo sin duda recibirá una “letra escarlata”, porque aquí simplemente no se pueden cuestionar esas decisiones.
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