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Perú: Breve guía para entender la crisis política

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Perú: Breve guía para entender la crisis política

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Dispersado el humo de los gases lacrimógenos, la única certeza que tenemos sobre la reciente crisis política es que le dio a Perú su tercer presidente en tan solo diez días, y el cuarto en menos de tres años. Entre la destitución del expresidente Vizcarra, la renuncia del interino Manuel Merino y la toma de mando del presidente de transición, Francisco Sagasti, el país vivió marchas multitudinarias y fuertemente descentralizadas, tensiones y traiciones en las bancadas del Congreso, brutalidad policial no vista en la capital desde la dictadura de Alberto Fujimori, y un nivel de organización ciudadana sin precedente en nuestra historia, no solo por la magnitud cuantitativa de su convocatoria.

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La historia es larga y compleja. Hacer un recuento de ella necesariamente implica remontarse a momentos de la cronología política y electoral nacional bastante previos a estas últimas semanas de inestabilidad.

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Un buen punto de partida tal vez sea la disolución del Congreso por parte de Martín Vizcarra, el 30 de septiembre del 2019. O quizá cuando el entonces presidente, Pedro Pablo Kuczynski, anunció momentos antes de la cena del 24 de diciembre del 2017 que indultaría al exdictador Alberto Fujimori, condenado por crímenes de lesa humanidad. O, más bien, a la semana que le tardó a la hija de Alberto, Keiko Fujimori, contra quien Kuczynski ganó las elecciones del 2016, conceder derrota, sin que terminase  nunca realmente de procesarla.

En cualquier caso, el país y sus ciudadanos quedaron presa de resentimientos personales y rencillas partidarias, las que llegaron a su punto más álgido el pasado 9 de noviembre con la destitución por mayoría (105 de 130 congresistas) del presidente Martín Vizcarra por presuntas irregularidades y actos de corrupción durante su gestión como presidente regional entre el 2011 y 2014.  

El desenlace era poco predecible. En la tarde del lunes, todos parecían confiados en que el intento de vacancia, el segundo en menos de dos meses, fracasaría nuevamente. Por la mañana siguiente, el entonces presidente del Congreso, Manuel Merino, asumió el cargo más alto de la República en un acto que, más allá de su debatible legalidad, fue rechazado por la población, que no dudó en señalarlo como un golpe de Estado parlamentario. Aunque la figura de la destitución por la ambigua causal de «incapacidad moral» con que se vacó a Vizcarra puede haber estado amparada constitucionalmente, la sensación que prevaleció entre la ciudadanía fue la de un abuso poco democrático de un mecanismo bastante cuestionable.

A la toma de mando siguió la designación de un gabinete de ministros de tinte conservador y aparentemente determinado en deshacer los precarios esfuerzos de reforma institucional que habían sido emprendidos en los últimos años. Ántero Flores-Araóz, recordado por su participación como ministro de Defensa en el «Baguazo», el sangriento enfrentamiento entre policías e indígenas que dejó un saldo de 33 muertos y 1 desaparecido, y por haberse referido a sus compatriotas como «llamas y vicuñas», terminó de coronar el clan en el rol de premier.

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La represión, el gran detonante

Como en otras oportunidades, las calles se llenaron casi de manera instantánea gracias a la indignación que generó la juramentación de Merino. Cientos de miles de ciudadanos desafiaron el miedo al contagio de COVID19, que dejó en el Perú uno de los mayores porcentajes de muerte por millón, para protestar de manera ininterrumpida durante seis días.

Aun así, la semana de la crisis, mientras trabajaba en la producción de la cobertura de un medio internacional, el corresponsal especial me contó que en la redacción corrían apuestas sobre cuándo morirían las protestas en Perú. «Dicen que después de hoy se termina», me dijo recién aterrizado en Perú al inicio de las manifestaciones, «que los peruanos son pecho frío». En ese momento, no supe bien qué responderle.

No es que en los últimos años no haya habido protestas ciudadanas, pero ninguna logró consolidarse en movimientos análogos a los chilenos, brasileños o argentinos. Las explicaciones son diversas, pero me parece convincente creer que mientras Latinoamérica prendía en llamas, el estallido peruano se logró evitar gracias a una combinación de factores: un sistema de justicia que había perseguido a la corrupción, enarbolando la bandera del «caiga quien caiga» (aunque hoy haya indicios de que los fiscales pudieron haber actuado en contubernio con las fuerzas detrás de la vacancia, a la Moro en Brasil) y una bajísima expectativa del Estado, excluyente e insuficiente desde su fundación. ¿Cómo exigir de quien no esperas nada? El resultado de estas condiciones han sido años de manifestaciones y movimientos que se agotan cuando la medida inmediata que se reclama es alcanzada.

El miedo de la epidemia no fue el único que pareció perderse durante esos días. Después de la caída del fujimorismo, la sociedad civil peruana no había logrado articularse realmente en una propuesta alternativa a los sentidos comunes consolidados durante la dictadura. Fujimori salió del poder, pero la clase política y la élite mediática nunca se renovó. Las injusticias se mantuvieron, pero la complacencia del retorno a la democracia y las promesas y demandas del legado neoliberal de su gobierno crearon un escenario propicio para un extendido individualismo. La generación inmediatamente previa a la mía, los millenials más viejos y quienes los precedieron, parecían en general satisfechos con el rol que habían cumplido en la caída del fujimorismo y en el retorno a la democracia.

En mi generación, la protesta y organización ciudadana fueron durante mucho tiempo potestad casi exclusiva de los grupos más politizados y de comunidades directamente afectadas por proyectos mineros. Esta falta de articulación y activación política no puede entenderse sin considerar el terror al «terruqueo», la práctica de asociar a manifestantes, defensores de derechos humanos y simpatizantes de izquierda con el fantasma de Sendero Luminoso, el grupo subversivo que marcó con sangre las décadas del ochenta y noventa en Perú.

El ethos neoliberal del país y su sangriento pasado fueron campo de cultivo perfecto para la proliferación de un discurso que identificaba a cualquier ciudadano en una protesta como enemigo del progreso y, por lo tanto, «terruco». Ser sindicado como uno, equivalía a sufrir amenazas, riesgo de desempleo y acoso. El miedo a este prospectivo sirvió como disuasivo efectivo. Lo que estas semanas demostraron, es que es posible que estemos viendo el comienzo del agotamiento de ese chantaje. «Nosotros ya no le tenemos miedo al terruqueo», respondió una muy joven dirigente estudiantil a una periodista que apuntó en esa dirección.

¿Qué explica este cambio?, ¿cómo puede entenderse el estallido en las calles y la aceleradísima politización de una generación que la vieja guardia había tachado durante tanto tiempo de apolítica y narcisista? La crisis del COVID19 sin duda jugó un papel. Y que fuese el Congreso, en su más alta desaprobación en la historia, quien decidiese la vacancia de un presidente que, incluso en el momento más álgido de la epidemia, gozaba un nivel de apoyo que cualquier de sus predecesores hubiese envidiado, probablemente fue un detonante clave.

Pero otro factor, igual o más determinante, fue la brutal represión vivida casi desde un comienzo, y con más fuerza cada día, en las calles. El gobierno no entendió que cualquier intento de contener la ola que tenía enfrente solo la haría desbordar. Como sucedió en Chile, el uso indiscriminado de gases lacrimógenos, los disparos de canicas y perdigones al cuerpo, y los reportes de decenas de incontables detenciones arbitrarias, empujaron a cada vez más personas a la calle.

La noche del sábado, tras varios días de protestas sostenidas, dos jóvenes, Inti Sotelo (24) y Bryan Pintado (22), fueron asesinados. A la mañana siguiente, la mayoría de los periodistas de señal abierta, que hasta ese momento habían enfocado mucha de su cobertura en los daños materiales a la propiedad privada generados por las marchas, se voltearon decididamente contra el gobierno. Los empresarios más ricos del país, quizá más preocupados por la caída en la bolsa producto de la inestabilidad que por algún otro factor, se sumaron a la denuncia vía redes sociales. Los cacerolazos continuaron y las calles amanecieron con más gente. Hoy parece claro que la renuncia de Merino, tan solo 5 días después de haber juramentado en el cargo, contuvo un estallido mayor y la politización de las demandas que sí se vivió en Chile, donde la permanencia de Piñera mantuvo las movilizaciones en la calle y consolidó posturas menos coyunturales y más críticas al sistema.

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La generación del bicentenario y los memes de protesta

A una semana de la crisis, nadie parece dejar de hablar de la «generación del bicentenario», el apelativo que pegó para referirse a los jóvenes que tomaron la calle con una magnitud que sus predecesores no habían logrado. Pero, aunque medios, analistas políticos y publicistas se apuren en perfilar y definirlos (a ellos y a sus patrones de consumo), una de sus principales características quizá sea la diversidad de sus identidades y el acefalismo de su organización.

En Lima, la capital, las protestas sucedieron en todos los distritos y se registraron marchas en prácticamente todas las ciudades del país. Incluso la manifestación principal, en el centro de Lima, carecía de un comienzo y final establecidos o de una ruta clara. Un día conté por lo menos cinco movilizaciones simultáneas, en direcciones a veces encontradas. No había comienzo ni final, ni dirigentes visibles. Los sindicatos, articuladores tradicionales de las protestas, no se plegaron a las marchas, las que leyeron como de apoyo al destituido Vizcarra, y en su ausencia no aparecieron tampoco vocerías claras ni demandas unitarias. La convocatoria se hizo principalmente por redes sociales, con gráficas en Instagram y videos en Tik Tok.

La edad promedio de los manifestantes, muy jóvenes, nacidos en los años inmediatamente antes y después del cambio de milenio, y su falta de experiencia política al iniciar la semana se hacían evidentes en ciertos detalles: las clásicas consignas vinculadas a derechos humanos y articulación política que habían dominado las protestas desde la caída del fujimorismo se escucharon muchísimo menos que el himno nacional y las canciones que la hinchada entona antes de los partidos de fútbol; los autos se metían con facilidad entre la marcha y la partían, pues nadie bloqueaba los cruces; y entre las pancartas abundaban los mensajes alusivos a memes y frases de Internet. El humor y la ironía que marcan tanto del discurso en línea se habían traducido a las calles de la mano de la generación que nació y creció sumergida en este.

Pero si la semana comenzó así, su progresión trajo consigo un aceleradísimo proceso de politización, que excedió en organización y capacidad de respuesta a lo que se había visto antes. En la primera manifestación, cuando cayeron los primeros gases lacrimógenos, recuerdo haber visto a jóvenes aterrados salir corriendo, atropellándose entre sí sin saber a dónde ir «¡Como los chilenos, tenemos que hacer como los chilenos! ¿Alguien sabe cómo apagaban las bombas?», gritaba un chico de unos veinte años con los ojos enrojecidos. No pasaron más de 24 horas antes de que el país viese nacer a su primera línea. Con escudos de cartón y cascos de construcción, decenas de jóvenes –entre los que había un altísimo porcentaje de mujeres– aprendieron con videos de YouTube cómo desactivar gases lacrimógenos, usar punteros láser, tratar heridas de perdigones y ayudar a alguien en un ataque de pánico.

Pero la protesta excedió por mucho a la vanguardia de la marcha.

Las influencers de moda paralizaron temporalmente sus cuentas para compartir información sobre la crisis, violando la que imagino habrá sido la condición explícita de varios de sus auspiciadores. Se formaron brigadas médicas y hasta veterinarias, para atender a los perros callejeros afectados. Adolescentes kpopers inundaron las redes sociales que difamaban a los manifestantes. Nació el Frente Otaku Peruano.

Las clases medias, tradicionalmente aversas a la movilización ciudadana, marcharon con camisetas del equipo de fútbol peruano, al ritmo de una batucada que inexplicablemente tocaba casi exclusivamente canciones de Los Fabulosos Cadillacs y reventando vuvuzelas. Después de la marcha, se organizaron grupos de psicólogos para brindar atención gratuita a quienes se ven afectados por lo que vivieron esa semana. Cuando un grupo asociado al fujimorismo destruyó los murales y memoriales espontáneos que habían surgido en honor a los dos fallecidos en las protestas, estos fueron levantados nuevamente en menos de un día. Quizá es entonces que si hay un factor común que puede verse entre jóvenes tan diversos, este sea la solidaridad.

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¿Qué viene ahora?

Difícil saberlo. Aunque las movilizaciones se redujeron sustancialmente con la renuncia de Merino, estas no han cesado y, después de la resaca, queda un escenario político y ciudadano bastante cambiado. La propuesta de una Asamblea Constituyente, que a pesar de haber sido apoyada por 56% de la población según una encuesta en octubre, era todavía tratada como marginal y extrema en los medios que han convertido los sentidos comunes de la derecha en supuesto centro apolítico. Pero ahora cobró indudablemente más fuerza.

Aun así, todavía no es evidente si el proceso pueda pasar del impulso destituyente («que se vayan todos») al constituyente. La desconfianza en los políticos es alta y no parece ser claro que el espíritu de las marchas se vaya a convertir en apoyo masivo hacia algún candidato. Las fuerzas derrotadas por las movilizaciones, por su parte, han desplegado en estos días ataques su más brutal contraofensiva. Falta ver cuánto de sus mensajes calará no solo entre los jóvenes, si no entre la vieja guardia, que suspendió temporalmente su tradicional postura crítica a las movilizaciones.

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Por otro lado, es innegable que dos demandas esencialmente irreconciliables coincidieron momentáneamente en las protestas: las de quienes tomaron las calles para exigir se les «devuelva» la democracia que el país había luchado por recuperar (la expectativa del retorno al statu quo, bastante satisfecho hoy con la designación del presidente de transición, Sagasti) y las de quienes pusieron el cuerpo para denunciar un sistema que perciben con fallas de origen, agotado ya en sus promesas iniciales y que debe ser completamente refundado. Del cómo se resuelva la lucha entre estos dos efímeros aliados dependerá lo que depare el futuro.

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