Los magistrados de la CSJ dispusieron inventarse un juicio previo a Morales por apropiarse indebidamente de recursos públicos cuando lo único que hizo el contralor general de cuentas fue sugerir a Jimmy que devolviera el dinero, consejo que bien pudo habérselo dado su madre, su amigo o su cómplice. Aplicar en este caso el non bis in idem es no solo ridículo, sino indignante. Morales no ha sido juzgado por el delito, pues en este caso la Contraloría no tiene condiciones para hacerlo. El contralor solo fiscaliza a los cuentadantes, que en este caso es el ministro de la Defensa. A él se le ha abierto expediente y podrá estar sujeto a multas y denuncias ante el Ministerio Público.
Quien se apropió indebidamente de algo no por devolverlo ha dejado de cometer la falta. Todo lo contrario, la sola devolución ya es evidencia de que se cometió el ilícito. Pero ahora resulta que, según el parecer de los supuestamente eminentes juristas, la devolución del bien hurtado no solo elimina la falta, sino que tipifica juicio previo. Con ese razonamiento, si a Pérez Molina y a Baldetti les han sido confiscados sus bienes, ya deberían estar cabalgando en sus alazanes pura sangre porque, según los actuales magistrados, ya fueron juzgados y el juez Gálvez no tendría materia para juzgarlos nuevamente.
Siguiendo este razonamiento, si un ciudadano común se pasa un semáforo en rojo, pero luego decide regresar al punto de la infracción para esperar el próximo verde, ya no cometió falta y no tendría por qué ser multado. O, más aún, si alguien roba un carro, lo usa durante seis meses y luego lo devuelve, según el descabellado parecer de los magistrados, ya no existiría falta que perseguir.
Pero hay algo que no han considerado ni los magistrados ni el seráfico expositor principal del Enade, que dispuso decir que Jimmy Morales no le parece un gobernante corrupto. Si Morales usó ese dinero mientras lo tuvo en su poder, la devolución no implica solamente el monto hurtado. También deben exigírsele los intereses que ese dinero habría producido, pues el Estado los habría ganado de haberlo tenido en un banco. Qué dejó de cubrir el Ejército al desviar esos fondos a los bolsillos del cómico presidente es responsabilidad del ministro. Y deberá ser él quien responda por ello.
La decisión de la CSJ, en consecuencia, no tiene más sentido que proteger a Jimmy Morales dentro de un pacto reciente de impunidad y corrupción frente al cual la sociedad en su conjunto debe pronunciarse críticamente. Es por ello que nada bueno se desprende de las palabras absolutorias del jefe de jefes del alto empresariado nacional, las cuales solo tienen sentido si se analizan dentro del propósito central de su evento: demandar del Gobierno inversión inmediata en la red vial del país, en cuya reparación y usufructo estos empresarios están dispuestos a participar.
Que hasta ahora Morales sea simplemente el presidente de las quejas y de las amenazas, sin que nada efectivo salga de sus ministerios, tiene sin cuidado a la cúpula empresarial. Y a esta tampoco le preocupa que, sin importar por dónde pase, pueda quedarse con los vueltos. Tal parece que en este reino del revés que María Elena Walsh dibujó no solo «un ladrón es vigilante y otro es juez», sino que malversar y no informar sobre los recursos recibidos en su campaña, muy posiblemente de estos mismos empresarios, no tipifica delito, como tampoco lo es que haya recibido, feliz y contento, un bono a todas luces ilegal e ilegítimo. La cuestión en este reino de la ilegalidad y la corrupción está en que les conceda a ellos los negocios que otros empresarios, acusados de corruptos o inhabilitados por morosos, no pueden realizar.
Los guatemaltecos estamos ante una disyuntiva más que dura. O nos dejamos absorber por el acomodamiento oportunista que ante la corrupción y la impunidad muestran los grandes empresarios, o, comprometidos con el futuro del país, dejamos de lado también a esos sectores y nos comprometemos todos, rojos y azules, rosas y lilas, a salvar el país de la debacle en que los mediocres y los oportunistas lo han sumido.
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