De facto, la actual Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha extendido su gestión, pues, en lugar de dar paso a la que tendría que haberla reemplazado en 2019, ha permanecido dos años extra y amenaza con ampliarla a los ocho que implica el mandato de sus homólogas de Costa Rica y Colombia, por ejemplo. Esta acción, además, significaría que la sucesora podría durar en el cargo apenas unos pocos meses, aunque esto se vislumbra inviable porque no se ve por dónde vaya a desatarse el nudo gordiano.
Es importante anotar que el proceso para el relevo en la CSJ y en la Corte de Apelaciones comenzó el 26 de febrero de 2019, ocasión en la cual el Congreso de la República convocó a la integración de las comisiones de postulación. Sin embargo, desde ese momento se empezó a empedrar el camino y paulatinamente se generaron condiciones políticas y legales que mantienen paralizado el recorrido.
Vale señalar que el primer pero se dio contra la convocatoria al producirse con ocho meses de antelación al cambio, y no con cuatro; el segundo, al observarse ilegalidades en la designación de delegados de la Corte de Apelaciones, y un tercero aludió al incumplimiento de la Ley de la Carrera Judicial, situaciones que se resolvieron en febrero de 2020. Cuando daba la impresión de que se iniciaría el nuevo recorrido, un amparo interpuesto por el Ministerio Público volvió a detener las cosas, las que se liberaron en mayo de 2020. Y en junio el Parlamento avaló un nuevo procedimiento.
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Hoy se augura por diversos espacios que no habrá elección de CSJ, ya que en el horizonte no se ve voluntad para incorporar dicho proceso en el calendario electoral del país. Quienes conocen los resquicios de la actividad legislativa indican que, en el próximo trimestre, el Congreso de la República se concentrará en discutir la conformación de su junta directiva para 2022 y el presupuesto general de la nación. Al pesimismo añaden que, el año venidero, ese poder de Estado se enfocará en las elecciones de fiscal general de la república, del procurador de los derechos humanos y del contralor general de cuentas, cargos en los que de una u otra forma convergen los actores vinculados con el impasse en torno de las cortes. Y, por si faltara algo, con el avance de los meses se arribará a la antesala de las elecciones generales.
Obviamente, lo suscitado con el sistema judicial deja en evidencia la contaminación derivada de su relación estrecha con el sistema político y, en particular, con las organizaciones partidarias dominantes. Respecto de las comisiones de postulación, ha quedado claro que una idea bienintencionada terminó prostituyéndose, por lo que, con estas y otros elementos asociados a los ejercicios de elección, ha relucido aquello de «hecha la ley, hecha la trampa».
También es oportuno subrayar que, de registrarse una repentina apertura del proceso, las nuevas cortes tendrían que completar el período original: 2019-2024. Es decir, los nuevos magistrados conducirían una administración de entrada por salida. Por supuesto, esto no se vislumbra si tomamos en cuenta las prioridades de la agenda legislativa. Por algo el tema lleva un año en ella, pero en el último punto de cada sesión.
Así las cosas, queda como reflexión ciudadana hasta dónde hemos llegado. La actual magistratura debió fungir cinco años, lleva siete y se acerca a los ocho de sus pares de Costa Rica y Colombia. Y si la sociedad se descuida, a ver si no alcanza los 14 de la mexicana o, peor, si sus integrantes no se aferran a un ejercicio vitalicio, como ocurre en Argentina, Francia o Alemania, aunque debe subrayarse que en estos países eso está normado, por lo que no es resultado de maniobras que anulen la certeza de la ley.
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