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"Perdimos la oportunidad de encaminar al país hacia otro futuro”
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"Perdimos la oportunidad de encaminar al país hacia otro futuro”

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La exmagistrada de Sala de Apelaciones, Claudia Escobar, está de regreso en el Juzgado de Primera Instancia de Mixco, el cual había dejado para ocupar una magistratura en una Sala de Apelaciones. Aunque fue elegida por el Congreso en octubre pasado para que continuara como magistrada, Escobar renunció y denunció al diputado oficialista, Gudy Rivera, por intentar presionarla para obtener una resolución favorable para el Partido Patriota. Su revelación puso en evidencia el tipo de negociaciones detrás de la elección de las máximas autoridades judiciales de Guatemala. Pero al final, no pasó nada.

La oficina de la jueza Escobar, en el tercer piso del Juzgado de Primera Instancia de lo Económico Coactivo de Mixco, luce desierta. En las paredes algunos clavos señalan los sitios en donde podrían colgar cuadros, títulos, reconocimiento o simples recuerdos. Quedan un par de sillones oscuros, una mesa, una silla, un archivero, todos negros; un computadora, un televisor y al fondo una bandera de Guatemala en su asta. Sobre el escritorio, Escobar termina de firmar los oficios con los cuales queda reintegrada al juzgado que dejó 20 meses atrás.

Incómodo, el juez José Arturo Rodas Ovalle, un hombre robusto, de 65 años, bigote oscuro y traje claro, termina de revisar los últimos documentos con los cuales deja el juzgado en manos de Escobar. Con un saludo y la promesa de responder cualquier duda vía teléfono, Rodas se despide de la jueza. Escobar queda en posesión del cargo, el periplo que inicio poco más de año y medio atrás cuando asumió como magistrada suplente de una Sala de Apelaciones se ha completado, en el transcurso presidió la Sala Quinta de Apelaciones del Ramo Civil, en donde razonó un voto en contra de otorgar un amparo a la vicepresidenta Roxana Baldetti, quien pedía le restituyeran el cargo como secretaria general del oficialista Partido Patriota del cual la había despojado el Tribunal Supremo Electoral; denunció la presión política del diputado Gudy Rivera, también del PP, para que resolviera de manera favorable a cambio de su reelección como magistrada y los vicios de un sistema de designación de autoridades judiciales permeado por el poder político.

El resultado de estas acciones incluyeron una investigación por tráfico de influencias que involucró a al abogado del PP, Vernon Eduardo González Portillo, a la Registradora de la Propiedad y ex diputada del mismo partido, Anabella de León; y al mismo presidente de la República, Otto Pérez Molina; así como una solicitud de antejuicio en su contra planteada por el diputado Gudy Rivera, rechazada por la Corte Suprema de Justicia y una solicitud de antejuicio contra el mismo legislador, también denegada.

En esta entrevista Escobar repasa el ciclo que, de manera incierta, cierra con la restitución a su juzgado.

Comisiones de postulación, un modelo agotado

¿Cómo se percató de los vicios que permeaban las comisiones de postulación de Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones?

Hace cinco años con otros funcionarios judiciales fundamos una asociación, el Instituto de la Judicatura, que tiene como fin fortalecer el sistema de justicia, recuperar la confianza de la población y promover reformas legales necesarias. En ese sentido siempre nos hemos pronunciado y emitido dictámenes, ya sea sobre reformas a la Constitución o a la Ley del Organismo Judicial. De hecho somos la única asociación del sistema de justicia que participa en la Mesa de Seguridad y Justicia que dirige el Congreso. Yo dirijo el instituto desde su creación, por lo tanto todos estos temas me preocupan, no sólo desde el punto de vista de mi judicatura sino desde el punto de vista de la asociación.

Comenzamos a ver que los jueces estaban siendo atropellados por el proceso de elección de magistrados, porque en la tabla de gradación (con la cual se calificaba a los aspirantes a los cargos en disputa) en lugar de promover la igualdad de condiciones se estaba anulando a los jueces, porque se había creado una tabla que beneficiaba a los abogados asesores de Ministerios, y no a los jueces. Cada comisión decide su forma de evaluar la tabla de gradación. (Por eso) junto a otros integrantes del instituto platicamos con los comisionados para decirles que lo que estaba sucediendo no era la manera idónea de evaluar a un funcionario judicial, ya que su responsabilidad requiere preparación, competencias y habilidades que tienen que ser las óptimas.

¿Y cuál fue la respuesta de los comisionados?

No se cambió la tabla de gradación. Cuando la licenciada Patricia Gámez (secretaría del instituto) se reunió con los comisionados exigiendo que se les diera a los jueces una evaluación correcta a sus capacidades, (estos) decidieron bajar el porcentaje sobre el cual iban a permitir que se votará sobre los jueces. Los jueces eran los peor calificados por que la tabla confería 15 puntos más a los abogados que venían de fuera de la carrera judicial. Eso nos afectaba a todos.

Era mejor haberse quedado en la calle y luego pretender ser magistrado que venir y estar dentro de la carrera judicial. Demostrar que uno conoce de sentencias de todo el sistema de justicia, no valía nada. En ese momento decidieron bajar el nivel sobre el cual podían entrar mayor número de jueces. Y eso no era lo que se pretendía, no queríamos beneficiar solo a los jueces sino que realmente se valorará la preparación. En ese momento el Instituto de Judicatura solicitó una cita en el Congreso, con los jefes de bloque.

¿Qué respuesta obtuvieron?

Ya no hubo tiempo porque ellos eligieron muy rápido, pero si pudimos reunirnos con el presidente de la mesa de Seguridad y Justicia, el diputado Oliverio García Rodas, a quien le externamos nuestra preocupación. Si en las comisiones no se privilegió a los jueces, entonces el Congreso podía hacerlo, no necesitaban cambiar una ley, era una cuestión de voluntad política, de que se favorezca la experiencia judicial y fuimos a pedir por todos los jueces, no sólo por una candidatura, sino para que se valorara la experiencia judicial en el Congreso. Pero allí obviamente pesaron más los intereses políticos.

¿Cuál fue la recepción de García Rodas?

Él fue muy amable, dijo que entendía, veía indispensable la reforma, lo que había que hacer era una modificación a la leyes. Él nos sugirió que nos reuniéramos con jefes de bloque, pero no tuvimos tiempo. Durante todo el proceso me sentía preocupada por adonde podía llegar todo esto. Para ser sincera nunca creí que no iba a pasar en la lista y ser reelecta como magistrada, no estaba preocupada por mi posición porque yo esperaba regresar a mi judicatura en Mixco.

Los jueces no íbamos a tener esa posición de escalar en la carrera judicial. Lo que pasa en Guatemala es que tenemos una carrera judicial muy joven, apenas tiene 15 años, entonces la población no la conoce, no la exige y no se da cuenta de que es una ley que protege sus derechos, porque le garantiza que los jueces nombrados sean las personas idóneas y porque le permitiría tener jueces independientes. En todos los tratados internacionales de derechos humanos se habla del derecho que tiene el ciudadano a que sus tribunales sean independientes, absolutamente independientes, lo cual no se va a lograr mientras no se respete la carrera judicial.

En octubre hablábamos con el magistrado emérito del Tribunal Supremo de España, José Antonio Martín Pallín, e integrante de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), sobre la elección de los magistrados de Salas de Apelaciones por parte del Congreso, y le sorprendía esta práctica.

Es que no pasa en ningún otro país del mundo, pero nosotros no somos capaces de exigirlo. Los jueces nos sentimos solos, pareciera que estamos defendiendo un derecho laboral; la gente diría que lo estamos defendiendo es nuestro puesto, “el hueso” como le dicen, pero no es eso. Los jueces tenemos ciertas garantías, si yo estoy pidiendo que me reintegren a mi puesto no es porque quiera estar aquí. Es más, creo que va a ser un problema a nivel personal por la forma en que se dieron las cosas. Los magistrados de la Corte Suprema o de Apelaciones que tendrán que supervisar todas mis resoluciones van a estar predispuestos (en mí contra), pero lo que estoy defendiendo es la judicatura, el puesto del juez, la independencia judicial.

Privilegiar a la justicia o ceder ante las presiones políticas

¿Cómo fue el contacto en la entrevista con el diputado Gudy Rivera?

En ese contexto de elecciones de las autoridades del sistema judicial teníamos suma preocupación por cómo se iba a dar esa votación en el Congreso, entonces recibí la llamada de un colega (Vernon Eduardo González Portillo) con el que no tengo ningún tipo de relación. Él había sido mi compañero en la universidad; en 20 años si mucho lo había visto dos veces. Él me trata de ubicar por medio de un mensaje. Me dice que quería que habláramos de la elección de magistrados, en ese momento no creo que represente ningún conflicto de intereses, me dice que conoce gente que puede incidir y que quería hablar conmigo de un tema importante. En mi percepción el tema importante del que quiere hablar es el que habíamos discutido en el Instituto de la Judicatura, de que el proceso había estado viciado y eso era algo que yo había dicho ya en todos los sectores con los que me había reunido, No era un secreto que yo a través del instituto estaba denunciando esa violación.

¿Para entonces ya había hablado con el diputado García Rodas, también del Partido Patriota?

Sí, ya había hablado con él, y con varios comisionados, con el procurador de los Derechos Humanos (Jorge de León), pero nosotros no podíamos pedir la suspensión del proceso, ya que nosotros los jueces competíamos. Le tocaba a otras instancias pedir la suspensión. Entonces cuando este abogado me aborda, quieren de alguna manera callarme, pienso.

Era eso o identificaron al Instituto que usted preside como un operador político y trataron de establecer contacto con ustedes…

En mi imaginación no. Yo creía que era por el camino que estaba tomando la elección. Sin embargo, cuando yo acepto reunirme con él –a lo largo de la entrevista la jueza Escobar evita mencionar el nombre de Vernon González– y le digo reunamos el lunes en mi despacho, porque no era ninguna reunión que tenía porque ser ultra secreta, él me dice: “no, esto es urgente, yo no puedo esperar, necesito que nos juntemos en cualquier lugar ahora”. Entonces, yo me dije: “voy a tener mi fin de semana tranquila y el domingo en la noche hagamos un espacio para reunirme con él”. Y en ese momento él me dice que lo va a acompañar el diputado –Gudy Rivera– y eso me puso una voz de alarma, no es normal que un diputado tenga tanto interés en hablar conmigo. Tanto interés que no puede esperar hasta el lunes y que está dispuesto a ir a la hora que yo diga, y adonde yo diga. Eso me pareció muy sospechoso.

¿Por eso decide grabar la conversación?

En ese momento yo digo: “para cubrirme las espaldas, para estar segura de que aquí no haya nada fuera de lo legal, voy a grabar”. Me sentí intimidada por la visita de un congresista que había sido expresidente del Congreso. La reunión se celebra en la oficina de mi esposo. El abogado –Vernon González–había propuesto que fuéramos a su oficina, y yo no acepte. Le dije que viniera a la oficina de mi esposo. Y en ese espacio se da la reunión y ahora ya es público lo que allí se oye.

¿Qué fue realmente lo que le planteó el diputado Gudy Rivera? ¿Un intercambio, una resolución favorable para el Partido Patriota a cambio de su elección como magistrada?

Es clarísimo, yo sí lo sentí como cuestión así. Me dice: “usted no tiene que preocuparse, usted sabe que en la elección no vale la carrera, experiencia, no valen títulos, aquí lo que vale es usted, a quien conoce y usted ya no tiene que preocuparse. Lo que tiene que hacer es apoyarnos en esta resolución”. Aunque no hubiera tenido esa visita, el haber tenido ese proceso –conocer la solicitud de un amparo que restituiría la vicepresidencia su cargo como secretaria general del Partido Patriota– unos días antes de la elección, hubiese sido intimidatorio.

Pero yo no sabía que tenía ese proceso ese fin de semana, a nosotros los magistrados de la Sala Quinta no nos habían informado los oficiales del juzgado que lo recibieron el viernes por la tarde. Yo me enteré el domingo en la noche a través de esa conversación y los colegas magistrados el lunes por la mañana. Y lo demás es parte de la historia, pero definitivamente después sabíamos que era un caso que iba a tener un impacto en nuestras vidas. Yo siempre he dicho: a los jueces siempre les va a llegar su sentencia de muerte. Espero que no sea literal, pero a lo que me refiero es a una sentencia que le va a costar su puesto.

Eso significa una decisión entre apegarse a la ley o…

Tomar una decisión política. Tarde o temprano usted va a tener un caso en el que va a tener que decidir si privilegia la justicia o al grupo poderoso que está incidiendo en esa decisión. Yo había tenido la suerte de no haber tenido un caso de ese tipo en las manos. Creo que eso de alguna manera me había permitido estar en los listados, no tener un antagonismo con ningún grupo. ¿Pero qué pasa en las comisiones, y por qué digo que es un sistema perverso? Porque si usted tiene una persona que no está satisfecha con sus decisiones judiciales y quiere tomar cartas en el asunto, va a ejercer presión en las comisiones para que usted no quede electa.

A través de alguno de los operadores que gestionan estos contactos…

Sí, claro, porque tienen mucho poder y pueden bloquear una elección. Entonces yo consideraba que no tenía esos anticuerpos. El que tiene anticuerpos, el que se ha enfrentado, el que ha dicho no a algunas resoluciones no va a ser electo. Hay decisiones que se vuelven el techo para cualquier carrera, entonces pasa que hay jueces que saben que han tenido esos casos y deciden no participar. No creen en la elección y prefieren ser un juez decente antes que pasar a ser un magistrado corrupto.

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¿Por qué cree que la Corte Suprema de Justicia declaró improcedente el antejuicio que la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig) solicitó en contra de Gudy Rivera, a partir de la denuncia que usted presentó?

Yo cumplí con la obligación legal de funcionaria de denunciar un hecho constitutivo de delito ante el Ministerio Público, y la Cicig y el MP solicitaron el antejuicio contra Gudy Rivera. Yo no tengo una situación personal contra el diputado, hice del conocimiento de las instituciones e hice pública una situación. Ahora bien, la Corte Suprema de Justicia tomó una decisión que para mí ejemplifica la falta de independencia de poderes, porque lo único que debía hacer era nombrar un juez pesquisidor, ellos se justifican en que hay algunas dudas en la fecha de la sentencia. Pero para eso está el juez pesquisidor, para que aclare cualquier duda en cuanto a esa denuncia, y el juez pesquisidor debe hacer un informe y la Corte decidir si retiraba o no el antejuicio.

Pero a él –Gudy Rivera– lo blindaron, blindaron a un político. ¿Cuál es el mensaje que le llega a la población? Que los políticos son intocables, cualquier político que cometa un delito no lo van a denunciar porque no hay quién llegue a ellos. Esta denuncia debió haber iniciado una investigación transparente, y poner más en evidencia la falta de independencia judicial. Están confundiendo la inmunidad con la impunidad, porque a él lo dejaron impune. Nadie puede decir que se llevó a cabo un proceso.

La Corte Suprema tampoco admitió el antejuicio en su contra planteado por Gudy Rivera…

Yo estoy dispuesta a renunciar a mi antejuicio. Estoy disputa a que me investiguen, no tengo nada que ocultar, porque no tengo miedo a la investigación.

Esa misma investigación en su contra pudo haber arrojado luz sobre la denuncia contra Gudy Rivera.

Claro, entonces cierran la investigación, ninguno procede. Este tema no se toca, lo escondemos debajo del tapete, parecen querer decir. Me pregunto por qué no tenemos como sociedad la madurez de trabajar casos importantes. Yo admiro mucho a los jueces del Perú, su caso es paradigmático, Fujimori era un presidente que tenía actos de corrupción tremendos y había cooptado mucho del sistema, ¿pero quién le pone el alto allí? ¿dónde está esa independencia de poderes que logró hacer ese equilibro contra el poder absoluto que tenía Fujimori y Montesinos? Fueron los jueces, y esos juicios contra esos actos de corrupción permitieron que ahora tengan una sociedad con más pujanza y de alguna forma que ahora este camino al desarrollo. Porque se dieron la oportunidad de investigar los casos de corrupción. Nosotros estamos muy lejos de eso, es una tragedia para Guatemala el que sus funcionarios judiciales no tengan la madurez y la independencia de poner a los políticos en sus límites, ellos actúan abiertamente y no hay quien los pare.

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¿Denunciar las perversidades del sistema, fue una oportunidad de decir basta?

Fue una oportunidad que perdimos. Fue una oportunidad tremenda que se perdió de encaminar al país hacia otro futuro.

¿La Corte Suprema de Justicia demostró que no tiene independencia respecto al poder político?

Hay que reconocer a los magistrados que difirieron. Hubo cinco magistrados dentro de los 13 de la CSJ que tuvieron la valentía de votar a favor de seguir con el antejuicio. Eso es algo que pasa: no se reconoce a los buenos funcionarios cuando toman una decisión. Allí estuvo el doctor (Gabriel) Medrano, Gabriel Gómez, Rogelio Sarceño, el doctor (Arturo) Sierra y Luis Archila. Son gentes que conservó su criterio y dijo abramos la puerta a la investigación.

Hace unos meses el juez español juez Baltazar Garzón decía que cuando un juez toma decisiones que afectan a intereses políticos, se tiene que blindar de alguna manera con un círculo de confianza que ayude a protegerlo de los resultados de esas decisiones. ¿Qué opina de ello?

Yo creo que lo que un juez debe tener es credibilidad, no contradecirse en sus acciones. No es juez de ocho de la mañana a cinco de la tarde, sino que esa función lo tiene que acompañar en todos los actos de su vida. No sé en qué contexto lo habrá dicho, pero creo que es difícil para un juez el tener ese grupo, porque entonces pierde la imparcialidad con ese entorno que lo protege. El apego a la ley es indispensable, creo que debe verse el derecho de los jueces a la independencia no como algo gremial, sino como una garantía de acceso a la justicia que tanto nos hace falta. Guatemala tiene algunos de los índices más altos en impunidad. La gente se pregunta por qué   tanta violencia e inseguridad, porque la gente ya no confía en la justicia y la toma por sus propias manos, entonces creo que debe haber instituciones que respalden la independencia.

Me sorprendió que en esta situación hubo sectores como el Colegio de Abogados y la academia, que prefirieron quedarse callados y no tomar una postura. Y también salieron grupos a atacar mi credibilidad. Al no poder contradecir lo que decía, me acusaban de formar parte de grupos de incidencia de izquierda, de derecha, para hacer ver que mi reclamo no era legítimo.

¿Cómo se puede lograr que estos sectores se pronuncien cuando son parte de los actores que tienen intereses políticos?

Eso es lo lamentable, esos intereses políticos o de otra índole han cooptado el sistema, han penetrado precisamente a esos sectores que debieran ser los que defiendan la independencia del juez. En otros lugares se habla de un Colegio de Abogados y la gente le tiene respeto y credibilidad; las universidades por ejemplo no son parte de ese mismo proceso de elección, todo esto no permite a la carrera judicial estar apoyada.

¿Ha sido cooptada la academia por la política?

No puedo asegurar que sea así. La universidad de San Carlos es una de las que más incidencia política tiene, hay otras que se mantienen ajenas al campo político al menos en el campo de Derecho y deberían ser las que hagan equilibrio. La academia debería tener un papel protagonista en la construcción del Estado de Derecho que necesitamos, porque si no lo hacemos ahorita realmente va a ser muy difícil que en algunos años podamos retomar estos temas.

El costo de denunciar

¿En qué situación quedaba usted al decidir renunciar a su relección cómo magistrada?

Lo que había pedido era una solicitud de excedencia, que implica que se me conserva mi calidad de juez por el tiempo que establece la ley, que son tres años, y que yo pueda dedicarme a cualquier otra cosa, porque yo no quiero desgastar más a la institución. El hecho de que mi posición haya sido tan visible, puede ser un desgaste profesional y personal.

¿Dónde queda la independencia del Organismo Judicial cuando no puede garantizar la autonomía de sus jueces?

Es lamentable. Yo estaba en pleno conocimiento de que la elección había vulnerado derechos fundamentales, esto por su puesto no es solo mi opinión, sino también del Procurador de los Derechos Humanos, que se manifiesta contra el proceso, del representante del Alto Comisionado (de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos), Alberto Brunori, que con anterioridad se había referido a eso. La propia Relatora de Independencia Judicial de las Naciones Unidas lo confirma. No es una denuncia de Claudia Escobar, como le han puesto nombre y apellido, es una violación de derechos fundamentales.

Pero usted lo puso en evidencia…

Sí, es cierto, y toda esa situación me lleva a la conclusión de que no podía asumir, de que asumir la magistratura era avalar lo que había sucedido durante el proceso. Era legitimar lo que yo misma estaba denunciando. Era un examen de conciencia de decir “no puedo” a pesar de que personalmente lo que uno quiere es tener esa oportunidad de subir en la carrera. Dejar esa magistratura para mí fue una decisión difícil. No fue nada fácil, más cuando en un año de elecciones en la carrera judicial y lo que todos los jueces quieren es llegar a ser magistrado. Tenía que renunciar a ello por el convencimiento de que el fin no justifica los medios.

¿Le impidieron asumir la judicatura que tenía asignada anteriormente en Mixco?

A mí me tomó por sorpresa la resolución de la Corte. Estaba fuera del país, participando en un curso del Poder Judicial para jueces en España, además me encontraba durante mi periodo de vacaciones. Eran dos circunstancias que me impedían regresar y presentarme a mi cargo. Regresé dos días después del plazo para retomar la judicatura. Cuando vine mi sorpresa fue que el juez me dijo que debía tener un documento que le permita entregar el cargo.

Lo primero que hice al saber la resolución de la Corte es presentar mi excedencia, o sea el permiso para conservar la calidad de juez por tres años. No voy a presentar mi renuncia he cumplido a cabalidad con mis obligaciones judiciales, lo que les decía era “dejen que me retire del ejercicio de la judicatura por el plazo máximo de tres años y evitábamos un desgaste más grande”. Lamentablemente, el presidente de la CSJ que estuvo en funciones, Erick Álvarez, no lo quiso resolver, él se lavó las manos, y decidió no resolverlo en su periodo y dejar que lo resolviera la nueva CSJ. Entonces cuando vine al juzgado a tomar posesión me dice el juez que tiene instrucciones de la Corte de no entregar (el puesto), y que necesita un documento de respaldo. Yo le digo: “esta es mi judicatura, yo voy a retomar”.

¿Cómo recibió el juez las instrucciones de la Corte para no entregarle el cargo?

Por teléfono. Luego él me dijo que volviera al día siguiente. No tenía que haber un procedimiento formal, todos los otros jueces que estaban en una situación similar a la mía, que según sé eran al menos cinco, que estaban como magistrados suplentes, retomaron su judicatura el mismo día que entregaron el cargo sin ningún trámite. Soy la titular de este juzgado desde 2007 y la licencia decía que ésta era hasta que dejara de ser magistrada suplente. Regresé al día siguiente a este juzgado y me dice el juez –José Arturo Rodas Ovalle–: “no puede retomar la judicatura tengo instrucciones de la Corte de que no lo haga, y además mandaron a la Supervisión, tuvieron a todo el personal hasta las 8:30 de la noche”, había gente que se había ido y tuvieron que regresar pidiéndoles que hicieran declaraciones para iniciar un proceso disciplinario para una posible destitución, lo cual me sorprendió enormemente porque en los temas administrativos el plazo es de tres meses para poner cualquier denuncia, y yo tenía 20 meses de no estar en el juzgado, entonces, por qué iba a venir la Supervisión a investigar.

¿Cómo podía la Corte emitir la orden para realizar una supervisión justo el mismo día que vino a tratar de tomar posesión?

Lo pueden hacer por escrito o solo emitir una orden, pero tiene que haber una denuncia de un hecho en un juzgado, la Supervisión no puede actuar de oficio. Una denuncia de un particular o una orden de la presidencia de los magistrados de la CSJ. Ante esta situación, en donde ni me daban la excedencia ni me daban posesión, me tenían en el aire; era una situación irregular. Presente unos oficios ante la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la Carrera Judicial y después fui con el Procurador de los Derechos Humanos. Están violentando derechos constitucionales, no me dejan asumir mi cargo, y yo no tengo la intención de dejar que me atropellen, pero tampoco quiero un desgaste institucional para la CSJ, ellos están empezando violando la Constitución y la Carrera Judicial cuando no tienen ni un mes de haber asumido.

¿Tenían una vía para solucionar esto, otorgar la excedencia o el cargo?

No creo que haya mala fe de la Corte en otorgar el permiso, tengo medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde tengo que tener un horario, una rutina, ante unas amenazas que se dan en ese entorno.

¿Se sintió amenazada?

Claramente el diputado (Gudy Rivera) dice que no sé con quién me estoy metiendo, lo dice abiertamente al público, después sale la Registradora General de la Propiedad (Anabella de León) defendiendo a su patrocinado (el abogado Vernon González) y diciendo que yo cometí un delito,  que lo que se provocó fue un golpe de Estado a un poder electo. Diciendo una serie de acusaciones falsas provenientes de una funcionaria pública que después se prueba con audios del abogado que esas son instrucciones del Presidente, ¿usted no se sentiría amenazado con todo un poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial en su contra? La Comisión Interamericana no le da a uno medidas cautelares porque el vecino le hace mala cara.

¿Cree que esta respuesta de las instituciones del Estado en su contra fue para sentar el precedente de que no se puede desafiar al sistema?

Sí, creo que sí. Y qué es lo que pasa cuando junto a otros jueces denunció el sistema, entonces surgen las amenazas directas contra ellos diciéndoles que los van a trasladar a otra judicatura. A mí mañana me pueden decir que me voy a ir a Petén, los jueces tienen temor. Claro, de alguna manera les dicen: “no pueden seguir apoyando a fulanita”, y las juezas que se pararon conmigo, pues aún más.

¿Y esas amenazas vendrían del poder Ejecutivo?

Del Ejecutivo no directamente sino del Legislativo, pero cuando vemos todo el entorno, por ejemplo, a su vocera que en este caso fue la Registradora de la Propiedad, Anabella de León; el Legislativo habló directamente por medio de Gudy Rivera, expresidente del Congreso, un señor que quedó completamente blindado con la impunidad y la Corte no está muy satisfecha con la actitud que yo tomé. Yo no tengo ningún señalamiento personal contra ninguno de los electos, sin embargo, si me pronuncié contra el procedimiento con el cual se llevaron a cabo las elecciones. Y eso no es algo que les caiga en gracia.

Hay decisiones que se vuelven el techo para cualquier carrera, entonces pasa que hay jueces que saben que han tenido esos casos y deciden no participar. No creen en la elección y prefieren ser un juez decente antes que pasar a ser un magistrado corrupto.
Es una tragedia para Guatemala el que sus funcionarios judiciales no tengan la madurez y la independencia de poner a los políticos en sus límites, ellos actúan abiertamente y no hay quien los pare.
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