El lunes 16, en horas de la noche, Laura Leonor Vásquez Pineda fue asesinada de un tiro en la cabeza. La tarde del martes 17, Sebastián Alonzo Juan murió por heridas de bala y de machete. Laura Leonor integraba el Comité en Defensa de la Vida y la Paz, de San Rafael Las Flores, Jalapa. Sebastián era miembro de las comunidades del pueblo q’anjob’al en la zona de Yich K’isis, Huehuetenango.
La lucha de Sebastián, de 72 años, era contra la instalación de una hidroeléctrica de la empresa Promoción y Desarrollos Hídricos, S. A. (PDHSA), una empresa que ha recurrido a la contratación de hombres armados para provocar y aterrorizar a las comunidades que se oponen a su presencia. Una presencia impuesta por la fuerza de la corrupción, que le permitió contar con licencias sin cumplir con los requisitos.
Laura Leonor, asesinada a los 46 años, ejerció su derecho a oponerse al funcionamiento de la empresa minera San Rafael, en San Rafael Las Flores. La empresa fue creada para explorar, construir y poner en marcha la mina de plata Escobal, filial de la compañía minera canadiense Tahoe Resources Inc. Dicho proyecto también fue iniciado con licencias otorgadas irregularmente.
Uno y otro proyecto se instalaron contra la voluntad de las comunidades. Ambos negocios se aseguraron de contar con grupos armados ilegales. Con el pretexto de la seguridad empresarial, manejada discrecionalmente, las autoridades han tolerado la presencia de individuos armados al mando de personas sin control estatal. Armas, cuerpos ilegales y medidas de control social han sido, entre otras, las muchas acciones realizadas por estos grupos.
Sebastián participó en muchas manifestaciones contra la explotación irracional de recursos. Se movilizó para demandar la libertad de sus hermanos del pueblo q’anjob’al, un pueblo que, como otros de la zona de Huehuetenango, así como de San Marcos, Chimaltenango y San Juan Sacatepéquez, ha enfrentado la criminalización de sus líderes. Tan solo en la zona de Huehuetenango son más de 15 los dirigentes que han sufrido prisión ante falsas acusaciones movidas por fiscales vendidos y gestionadas por jueces comprados en dicha zona.
Laura Leonor sufrió en carne propia la prisión. Estuvo prisionera durante siete meses, un período en el cual se la acusó de delitos no cometidos con tal de mantenerla en prisión. Mujer, lideresa comunitaria y comerciante dedicada también al cuidado de sus nietos, perdió la libertad por el egoísmo empresarial.
En apenas dos días, 118 años de vida han sido arrebatados a los pueblos de Guatemala. No hay una hipótesis inmediata de la muerte de Laura Leonor. El hecho, realizado directamente contra ella por hombres desconocidos que ingresaron violentamente a su vivienda, indica la decisión de asesinarla. Su trayectoria comunitaria hace temer que su asesinato esté relacionado con su labor como defensora. Difícil, muy difícil, pensar lo contrario.
Sebastián fue alcanzado por una de las balas disparadas por hombres desde las instalaciones de la empresa PDHSA. Una vez en el suelo, el mismo grupo lo remató a machetazos. Agonizó por más de tres horas sin que sus compañeros pudiesen acercarse para prestarle auxilio.
La vida les ha sido arrebatada a un defensor y a una defensora de la vida. La voracidad criminal de la industria extractiva vuelve a llenarse las manos de sangre de gente digna y ejemplar. ¿Tendrá el Estado de Guatemala, que ha sido permisivo con estas empresas corruptas, la capacidad de aclarar los hechos? ¿Tendrán las funcionarias y los funcionarios del sistema la capacidad y la disposición de, aunque sea, al aclarar sus muertes, ofrecerles a Laura y a Sebastián un mínimo de justicia, esa que les fue negada a lo largo de sus vidas y que se nos niega con cada defensor o defensora que se asesina?
