PDH: Los dilemas de una elección

De los 20 que empezaron la contienda para convertirse en el próximo Procurador de los Derechos Humanos (PDH) sólo quedan tres. La terna quedó conformada por los dos primeros lugares en las evaluaciones de los miembros de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, José Alejandro Córdova y Elizabeth Palencia, acompañados por el octavo lugar, Jorge de León Duque.

La Comisión de Derechos Humanos del Congreso definió la terna la semana pasada, y ahora será el pleno de diputados el que escoja al futuro sucesor de Sergio Morales, quien se encontraba en la lista de aspirantes y cuyas posibilidades de colarse entre este reducido grupo no parecían remotas.

Después de 10 años con la misma persona al frente de la institución, la presencia de los nuevos perfiles conlleva la posibilidad de un cambio de dirección dentro de la Oficina del PDH. “Cualquiera de los tres representa una oportunidad de cambiar la institución”, señala Claudia Samayoa, coordinadora de  la Unidad de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos (Udefegua).

Sin embargo, también está pendiente de demostrarse si los candidatos son capaces de reunir a cabalidad los requisitos que precisa un cargo como al que ellos se postulan, más allá de los punteos que puedan recibir de un grupo de diputados. Un puesto que requiere de respaldo académico, experiencia laboral, honorabilidad intachable y mucha agilidad política para enfrentarse a organismos estatales y a otros sectores para hacer escuchar su voz.

“A cualquiera de los tres que llegue a ser Procurador le quedará un poco grande el tacuche”, expresa Renzo Rosal, director de Incidencia Pública de la Universidad Rafael Landívar (URL) y representante de la universidad en Guatemala Visible.

Los postulantes tuvieron que demostrar su idoneidad con datos técnicos sobre su preparación académica y su desempeño profesional, área bastante más fácil de medir que la que ahora, quizás, pesa más. Pero en una elección de este tipo no hay garantías de que el sistema de evaluación deje de lado las subjetividades y los intereses políticos.

Tanto en el Congreso como en la sociedad civil se identifica a Córdova como el candidato de Roberto López Villatoro, empresario de calzado a quien desde hace varios años se le atribuye injerencia en la elección de magistrados de las cortes del Organismo Judicial, directivos del Colegio de Abogados y funcionarios de otras entidades públicas. Además, es hermano del diputado Julio López Villatoro, miembro de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) e integrante de la Comisión de Derechos Humanos, la encargada de la elección de la terna. Córdova niega tener esta relación con el empresario y asegura que son sus méritos personales los que lo pueden llevar a ser el nuevo PDH.

Si para ser elegidos se requiriere la garantía de neutralidad política, De León Duque tampoco sale muy bien parado. Actualmente es diputado de la bancada de Compromiso Renovación y Orden (Creo). Sumado a ello, el pasado miércoles varios diputados del Partido Patriota (PP) reconocieron a Siglo 21 haber recibido del presidente Otto Pérez Molina la “sugerencia” de darle su apoyo en el pleno al momento de la elección.

No es la primera vez que se habla de las posibilidades del diputado De León. Dentro del Congreso se mencionaba que el espaldarazo a su candidatura era el precio que el oficialismo había pagado por los votos para la aprobación de la Ley de Actualización Tributaria, a principios de este año.

De León Duque exterioriza su desacuerdo con las críticas por su relación con Creo, pues considera que se trata de satanizar a quienes se atreven a comprometerse con un proyecto político y por eso hay pocas personas capaces, dispuestas a hacerlo.

Córdova no tiene certezas de que el beneplácito oficialista esté dirigido a De León, por lo que considera que todos los candidatos tienen las mismas posibilidades. Su adversario coincide con él en este punto y añade que, de cualquier manera, el ganador tendrá que contar con el apoyo del Partido Patriota (PP), sin que esto implique comprometer su independencia.

Aunque también hay quienes señalan a Palencia como allegada a López Villatoro, Renzo Rosal opina que se trata sólo de una candidata “de relleno” dentro de la elección. Aunque cuenta con el apoyo de Libertad Democrática Renovada (Lider), en el Congreso se menciona que esta posibilidad puede tener sustento únicamente en la necesidad del partido dirigido por Manuel Baldizón de oponerse al “candidato del oficialismo”, y que de cualquier manera, es insuficiente para competir contra los otros dos finalistas.

Academia contra experiencia

Samayoa, de Udefegua, califica como “mediocre” la terna de la que saldrá el nuevo PDH ya que ninguno de los aspirantes punteros tiene todas las características que se esperaría del magistrado de consciencia.

De León Duque, hijo del fallecido expresidente de  Guatemala y exprocurador de Derechos Humanos, Ramiro de León Carpio, es el que cuenta con mejores resultados en el ámbito académico. Tiene una maestría de la Universidad Rafael Landívar en derechos humanos y ha participado en cursos de varias áreas del derecho –entre ellos uno en la Universidad de Harvard–. Su currículum también muestra que actualmente cursa un doctorado en ciencias penales.

Sin embargo, en el área laboral, De León Duque no demuestra estar a la altura del puesto que busca. “Su perfil es principalmente académico y no acredita mayor experiencia práctica en derechos humanos”, establece el Informe de Perfiles de Candidatos de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Aparte de su participación en proyectos como el análisis y la redacción del Catecismo Constitucional para Niños para la fundación que lleva el nombre de su padre y sus participaciones en bufetes de abogados, su desempeño profesional se ha enfocado principalmente en el sector bancario. Sus cargos han sido como mandatario judicial del Banco Reformador, del Crédito Hipotecario Nacional y del Banco Inmobiliario, donde continúa después de 10 años.

Pero su experiencia no se ha quedado allí, sino que ha llegado también al sector público. Desde 2001 es mandatario judicial del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), un trabajo que, al igual que los desempeñados en la banca, no tiene relación directa con los derechos humanos. De León Duque le resta importancia a este aspecto. “El cargo de PDH no es como el de un fiscal que tiene que mantenerse activo en el puesto, sino que es ese hombre de consciencia que representa la reserva moral del Estado”, argumenta.

Sin embargo, para Samayoa, es muy importante la “experiencia de calle”, pues se trata de un trabajo en el que se deben establecer excesos y para ello hay que “lidiar frecuentemente con el poder” en distintos niveles. La ley indica que el PDH debe ser un abogado, aunque no establece estándares concretos sobre el conocimiento en derechos humanos que debe poseer.

La formación académica de Córdova incluye algunos cursos y talleres sobre derechos humanos, aunque sobresalen los que recibió en temas penales; mientras que su maestría es en Derecho Mercantil y su doctorado en Derecho, ambos títulos son de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).

El currículum de Palencia muestra entre otros logros académicos, pensum cerrado y tesis aprobada para una maestría sobre Propiedad Intelectual en la Usac. Aunque su hoja de vida también expone una “Alta Especialización en Gestión Pública, del Instituto Nacional de Administración Pública”, la Cicig recalca en su informe que no se dejó evidencia física de este título ni certificado de los logros alcanzados en su maestría.

“Mi mejor carta no son mis respaldos académicos sino que mi conocimiento en la institución y mi compromiso con los derechos humanos”, señala Palencia. Entre 1999 y 2005, la jurista fue asesora del despacho y coordinadora nacional de auxiliaturas en la oficina del PDH; se desempeñó en varios cargos dentro del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), entre ellos el de abogada de Asistencia a la Víctima. Su currículum incluye una pasantía en  la Defensoría de los Habitantes de San José, Costa Rica, y varias consultorías.

Sin embargo, en el aspecto laboral encuentra una dura competencia con Córdova, quien fue asesor en derechos humanos para el despacho de la Dirección del Sistema Penitenciario (SP) en el Gobierno de Óscar Berger. También fungió como jefe de la Unidad de Investigaciones de la oficina del PDH, entre otros cargos.

Además, no es la primera vez que Córdova se expone a una votación en el Congreso. En 2009 lo hizo y resultó victorioso al ser designado como magistrado de la Sala Cuarta de Apelaciones. Para participar en este proceso tuvo que solicitar licencia. El abogado pone especial énfasis en que este permiso es sin goce de sueldo.

Samayoa, de Udefegua, considera que de las tres propuestas, la de Palencia es la más clara, pero aún insuficiente como para cumplir con las expectativas. A pesar de ello, Rosal opina que entre los 20 aspirantes para convertirse en Procurador, no había un perfil que superara de forma satisfactoria a quienes quedan en la contienda. “Era una tabla de media para abajo. Si la materia prima no es de mucha calidad, se tendrá un alto componente político”, agrega.

Si bien Rosal es del criterio de que en Guatemala hay profesionales mejor capacitados, cree que ellos no tienen interés en participar por el temor a los señalamientos y  al desgaste de la exposición pública y por la imposibilidad de lograr un resultado positivo si no se cuenta con alianzas de tipo político.

Miguel Ángel Albizures, activista de derechos humanos, opina que la terna seleccionada “no es la más idónea” para la selección del Procurador, pues no hay un conocimiento profundo entre los movimientos de derechos humanos acerca del trabajo que han realizado. La opinión general, manifestada entre los miembros de las organizaciones de la sociedad civil involucrados en la fiscalización de la elección, converge en que ninguno de los aspirantes cuenta con las características de  estadista que el puesto de PDH requiere.

El estilo del Congreso

Hace cinco años, las elecciones de diversos cargos se desarrollaban de manera más cerrada y las votaciones en el Congreso se llevaban a cabo por medio de “la señal acostumbrada”: levantar la mano. La segunda elección de Sergio Morales tuvo una característica especial. Durante la sesión se pasaron boletas a los legisladores para que emitieran su sufragio en secreto y luego se hiciera el recuento sin dejar evidencia de los apoyos políticos.

Pero la tecnología llegó al Poder Legislativo y ahora cuenta con un tablero electrónico que le permite conocer el número de votos de manera inmediata y además deja constancia de cuál fue el voto de cada diputado.

Con la aprobación de la Ley de Comisiones de Postulación en 2009, se normaron muchos de los procedimientos para elegir magistrados, director del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), Fiscal General, y Procurador de Derechos Humanos, entre otros.

La combinación de los dos elementos, transparencia y reglas claras, dio lugar a que los miembros de la sala de trabajo encargada de seleccionar la terna, de la cual el pleno del Congreso escogerá al Procurador, tuvieran que hacer públicas sus deliberaciones desde el inicio del proceso. Esto supone una mayor limpieza, pero por lo visto, no la suficiente.

“Toda elección que pasa por el Congreso se convierte en algo de orden político”, manifiesta Rosal, quien ve las tres candidaturas como la consecuencia de la disputa de poder de López Villatoro, que busca llevar su nivel de influencia a instancias que vayan más allá del Poder Judicial, frente a los partidos que aún representan mayoría en el Congreso.

Una de las herramientas más importantes de los miembros de la Comisión es la tabla de gradación. En ella se asignaron punteos según su trayectoria profesional, académica y de proyección humana, sin que ello significara la ausencia de subjetividades.

Carmen Aída Ibarra, coordinadora del Movimiento Pro Justicia, lamenta que no se haya dado a conocer la ponderación que cada diputado dio a los criterios incluidos dentro de la tabla, ya que cada representante llenó las hojas por separado sin que se hicieran públicos sus criterios, pues aunque la Ley de Comisiones de Postulación establece la obligación de que los encargados de la selección –en este caso la Comisión de Derechos Humanos– elabore esta tabla, no especifica que cada integrante deba hacer públicos sus criterios  

La tabla de gradación incluía cuatro categorías generales, cada una de ellas con varios puntos específicos para evaluar. En las categorías de aspectos profesionales y académicos, así como la proyección humana e idoneidad, los miembros de la Comisión podían ponderar de cero a tres o de cero a cinco; mientras que en las cualidades éticas y de probidad, solo podían marcar cero o el valor máximo de puntos asignados. La esfera ética y de probidad no admitía tibiezas.

Leonel Lira, diputado por Encuentro por Guatemala (EG) y miembro de la Comisión, expone que decidirse por un candidato implica un gran desgaste por las confrontaciones que abre con quienes no salen favorecidos y agrega que si además se hacen públicos los criterios de cada congresista, estas confrontaciones pueden ser mucho mayores. No obstante, señaló no tener problemas en mostrar sus ponderaciones.

Algo similar ocurrió con la calificación que los congresistas les dieron a las entrevistas que se hicieron entre el 26 de abril y el 1 de mayo, en las que los candidatos comparecieron ante los comisionados para exponer las razones que los hacían idóneos para ocupar el cargo. Tampoco hay un registro de los criterios evaluados por cada diputado. “Obviamente, el proceso estuvo apegado a las prácticas del Congreso, pero no es la primera vez que sucede y no hay que rasgarse las vestiduras por ello”, afirma Ibarra.

Los candidatos preseleccionados

Las usuales ausencias y salidas repentinas de los miembros de la Comisión a  las reuniones, también se dieron en la fase de entrevistas. A pesar de  la presencia reducida de los integrantes para escuchar las exposiciones de los aspirantes,  esta etapa marcó una nueva eliminatoria dentro del proceso, pues el siguiente punto fue preparar un debate con los 10 candidatos con más alto punteo en la tabla de gradación. ¿Era porque ya se había eliminado al resto? Eso fue lo curioso: la información que recibieron los otros candidatos es que aún no habían sido descartados, pero la sala de trabajo decidió que sólo la mitad de los contendientes podía asistir.

El descontento entre los últimos de la lista los llevó a una mesa de discusión organizada por el Movimiento Pro Justicia. El candidato Carlos Cerezo les propuso a los que sí habían sido invitados que, como posibles representantes de la lucha en favor de los derechos humanos, se opusieran al evento organizado por la Comisión e hicieran valer así los derechos de sus contrincantes.

La propuesta se discutió, pero no tuvo el impacto solicitado por Cerezo, y el encuentro concluyó como una vía de desahogo para los excluidos, quienes verían pronto confirmadas sus sospechas de haber quedado fuera de la contienda de forma definitiva.

En su columna de elPeriódico, Gustavo Berganza explica la forma en que se definió la terna. Según expone, todo estaba listo para nombrar a los tres puestos mejor calificados en la tabla. Esto dejaba fuera a De León Duque; y en su lugar estaba  Carlos Enrique Culajay, con lo que quedaba el camino libre para elegir a Córdova, ante los insuficientes apoyos políticos para Culajay y Palencia.

El columnista relata que la respuesta de Pérez Molina, al enterarse de esto, fue contactar al diputado de la Unidad del Cambio Nacional (UCN), Baudilio Hichos e incidir por medio suyo en varios miembros de la Comisión para incluir al miembro de la bancada de Creo en la lista final.

Un conflicto más reciente con respecto a las candidaturas se dio el pasado 12 de mayo, cuando el abogado Carlos Fernando Girón impugnó la candidatura de De león Duque, por ser diputado de un partido político. La impugnación fue desestimada por la Comisión.

Los tres candidatos aseguran ser totalmente independientes, pero el interés que muestran, sin mucho pudor, algunos de los sectores políticos logra fundamentar las dudas sobre la autonomía que tendrá el próximo Procurador de Derechos Humanos, sea quien sea.

Hasta el momento no se logra perfilar con nitidez, o no llega a destacar en la terna, un candidato del que no quede duda sobre su capacidad para acceder al puesto de Procurador. No se distingue alguno que posea contactos e influencias suficientes y habilidad política para enfrentarse a los poderes, pero al mismo tiempo que demuestre credenciales y experiencia sobradas para moverse con independencia. A pocos días de que sea elegido el –o la– nuevo PDH no se distingue alguno que logre despegarse de los intereses partidarios y de otros sectores de influencia; y tampoco se distingue alguno que sobresalga con las características necesarias frente a sus propios contrincantes.

“En Guatemala hace falta mucho para que una elección de este tipo lleve al puesto a un verdadero estadista”, concluye Albizures.