El artículo 35 de la Constitución establece que es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión, sin censura ni licencia previa, y que este derecho constitucional no puede ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna. Como en todo derecho, la propia Constitución establece sus límites, indicando que quien en uso de esta libertad faltare al respeto a la vida privada o a la moral, será responsable conforme a la ley, y que quienes se crean ofendidos tienen derecho a la publicación de sus defensas, aclaraciones y rectificaciones. Éste, sin duda es un derecho fundamental e inalienable.
Pero tan necesario y fundamental como el derecho a la libre expresión es la necesidad de corregir nuestro sistema electoral y de partidos políticos, unánimemente rechazado por disfuncional y corrupto. Una suerte de “Roma” a la que van a dar los caminos de nuestros problemas sociales: corrupción, ineficacia y debilidad del Estado, impunidad, etc. Prácticamente cualquier análisis de estos problemas lleva a la disfuncionalidad de los mecanismos democráticos para el acceso y el ejercicio del poder.
Lejos de ser perfectas, y menos listas para ser aprobadas ahora, en el Congreso se discuten propuestas para reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticas, las cuales actualmente están en revisión en la Corte de Constitucionalidad. Entre varias reformas, encuentro una por demás saludable y urgente: legislar para prevenir, frenar y sancionar las campañas políticas anticipadas, el financiamiento electoral espurio y otros abusos que hacen que la nuestra no sea una democracia funcional, sino más bien un caso de plutocracia: acá gana una elección quien tenga dinero, no el voto libre y responsable.
Creo que el financiamiento electoral debería ser mayoritariamente estatal, restringido a las posibilidades financieras del presupuesto. El financiamiento privado debe ser fuertemente regulado y restringido, con controles estrictos. Esto incluye controlar y supervisar la pauta publicitaria contratada para realizar proselitismo político, las encuestas de intención de voto y otros instrumentos de medición política. Si no logramos, como mínimo, superar estos desafíos, continuaremos condenados a la plutocracia operada por maquinarias electorales de corto plazo, sin esperanza de la democracia participativa a la que se refiere nuestra Constitución y el resto de las leyes.
Sin embargo, algunos interpretan que la posibilidad de controlar y regular la pauta publicitaria para el proselitismo y las encuestas sería una violación al derecho de libre expresión del pensamiento. Uno de estos sectores es la propia Cámara de Medios de Comunicación, cuyo presidente expuso sus argumentos en un programa radial el viernes pasado, muchos de ellos ciertamente atendibles y que deberían producir cambios en la propuesta de legislación.
Pero oponerse al control y regulación de la pauta publicitaria para proselitismo político y las encuestas electorales, plantea dudas y preguntas inquietantes. Con este alegato, ¿la Cámara de Medios de Comunicación está haciendo una defensa legítima del derecho a la libre expresión, o está buscando conservar las enormes y jugosas ganancias que dejan en pauta publicitaria las campañas electorales anticipadas y obscenamente onerosas y excesivas (según un estudio de Acción Ciudadana, las más caras de Latinoamérica)?
Es legítimo y necesario corregir los errores a la legislación propuesta y en discusión, pero no debe enarbolarse la defensa al derecho de libre expresión para impedir un control tan necesario como el que requiere la pauta en medios para fines proselitistas. Menos para defender las abultadas ganancias de las empresas de medios de comunicación. Por ello, la Cámara de Medios de Comunicación debe revisar y reflexionar sobre su posición sobre este tema particular.
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