Para los más escépticos y radicales, simplemente es más de lo mismo, modificar para no cambiar. Para otros, un poco más optimistas, las reformas son interesantes pero “no ataja las causales de la crisis del sistema” (Phillip Chicola, elPeriódico 3/11). No hemos leído u oído que alguien las defienda con entusiasmo, mucho menos con vehemencia, o vean en ella la puerta para la solución de los problemas que el sistema político guatemalteco impone al desarrollo de la democracia. Sin embargo, es necesario considerar que más allá del establecimiento de espacios obligatorios para mujeres y descendientes de pueblos originarios en los listados electorales, así como permitir el voto a los residentes fuera del país -lo que difícilmente se implementará para las próximas elecciones- hay avances fundamentales y, desde mi perspectiva, los “pasos de cangrejo” son mínimos.
El principal “paso de cangreso” para que la democracia se instituya en el país lo constituye en dejar el número de diputados fijo en 160, aunque es de esperar que en el futuro, con el aumento acelerado de la población, los futuros diputados amplíen el número para que exista una efectiva representación de minorías.
Claro, en las cuestiones de financiamiento a los partidos y candidatos aún quedaron zonas oscuras, como que los informes financieros son confidenciales, aunque ahora se autoriza al TSE a solicitar a la SAT y Superintendencia de Bancos, entre otros organismos del Estado, informaciones sobre el financiamiento a los partidos. Es aún lamentable que realización de auditorías externas a las finanzas de los partidos, queda a discreción del TSE y no sea obligación de los partidos. Sin embargo se han dado pasos importantes en lo que a control del financiamiento de los partidos se refiere, y es de esperar que en la próxima reforma esos procedimientos sean obligatorios y las informaciones sobre los donantes sean del dominio público.
Pero lo que sí causa alegría es que todos los partidos políticos contarán con la misma cantidad de espacios publicitarios en radio, televisión y prensa escrita. Será responsabilidad de la Auditoria Electoral la adquisición de los espacios, a razón de diez inserciones diarias, de treinta segundos cada una en todos los canales abiertos y en tres radios departamentales y cinco en la capital para cada partido, así como media página diaria en cada medio.
Queda prohibido adquirir o regalar anuncios, con lo que la propaganda a través de los medios no será ya un mecanismo de desigualdad entre las organizaciones políticas, ni mecanismo de cooptación y control de los partidos a través del “obsequio” de propaganda por parte de los dueños del dinero.
Evidentemente se mantiene la apropiación privada de bienes públicos, pues los concesionarios de frecuencias de radio y televisión cobrarán por los espacios publicitarios que transmitan en ese bien público que son las frecuencias, aunque es de esperar que en momento de mayor independencia financiera y política, los diputados del futuro legislen para que esas transmisiones electorales sean espacios propiedad de la sociedad y, en consecuencia, no remunerables en dinero.
Quedan por resolver cuestiones como el horario en que se transmitirán esos anuncios, y la secuencia en que se presentarán, así como el monto máximo que el TSE podrá utilizar para el pago de esos espacios, pues bien puede suceder que se produzca una “cartelización” de los propietarios de medios, y para el año electoral se incrementen indebidamente los costos. Los precios deberían establecerse, no a partir de las tarifas imaginadas de las empresas, sino a partir de su facturación efectiva.
Pero si bien la cuestión aún no está del todo solucionada y aún pueden los venerables miembros de la Corte de Constitucionalidad fallar a favor del oscurantismo y opinar que algunos de los artículos aprobados por el Congreso les parecen inconstitucionales, los guatemaltecos debemos sentirnos satisfechos porque poco a poco, pasito a pasito, la democracia se va abriendo camino en el país.
¡Felicitaciones señores diputados! Algo es algo.
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