Para qué sumarse al desgaste

Seguramente la fotografía es incompleta, por el hecho que aún tenemos por delante la segunda vuelta. Las valoraciones completas sobre el proceso tendrán que hacerse semanas posteriores.

Por eso mismo, llama la atención las acciones de los Magistrados Melini y Pérez Lara, quienes a la mitad del camino deciden despotricar contra sus propios compañeros del pleno del TSE y contra el desempeño de funcionarios medios del principal órgano electoral. Ambos esgrimen argumentos que tienen parte de razón; los cuestionamientos no se pueden ignorar por decreto. Lo que se cuestiona es el momento y la orientación que está en el fondo de esas acciones. Los dos implicados han tenido diversos desencuentros durante sus gestiones. No es nada nuevo que ambos sean actores disfuncionales frente a una correlación que apunta a resguardar lo formal de un proceso, donde los partidos han sido los principales propiciadores de la violación constante de la normativa electoral.

Desde meses atrás era evidente que ejercer presión y promover el desgaste de la Corte de Constitucionalidad y del TSE eran los objetivos de los sectores llamados a generar y vivir de la constante desestabilización institucional. No se trata de proteger lo que sucede en ambos espacios y en todo el conjunto de instituciones públicas solo porque sí; pero tampoco aplica sumarse a un mayor deterioro, especialmente cuando todo el conjunto del sistema político tradicional pasa por momentos difíciles.

Dos retos son esenciales de cara al presente y futuro del Tribunal Supremo Electoral: 1) no basta con cuidar la formalidad electoral. Está claro que los actores interesados en cooptar el espacio político han elevado el nivel de las demandas. El TSE ha sido desbordado y esa cinta que les queda corta se traduce en dificultades al interior de su estructura; 2) la elección de los nuevos magistrados, proceso que ha de librarse en dos años, demanda un cambio absoluto. Implica repensar sobre el mecanismo de elección, el número de magistrados necesarios, la dependencia de los magistrados respecto a los intereses partidarios, la toma de decisiones, la mayor atención sobre los asuntos sustantivos y la separación de las funciones administrativas, entre otros temas de especial interés.