Los dos primeros fueron elegidos en los comicios de primera vuelta el 16 de junio y en segunda vuelta el 11 de agosto. El poder judicial, que encabeza la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y se integra además con las salas de apelaciones, se designa mediante el proceso de comisiones de postulación.
Dicho sistema consiste, según la norma en vigor, en que se integra una comisión que selecciona de entre las personas aspirantes a 26 candidatos para la CSJ y a 282 para las salas de apelaciones. Entre dichas nóminas, el Congreso de la República elige a 13 personas para las magistraturas a la corte y a 141 para las salas.
En vista de que es el Parlamento el que elige en definitiva, le correspondería a la actual legislatura designar a las 154 personas en cuyas manos estará la administración de la justicia por el próximo quinquenio. Un Congreso que, según el índice del Estado de derecho, realizado por el World Justice Project (WJP), tiene una notación de 0.08 de un total posible de 1 en lo relativo a la valoración de ausencia de corrupción. Es decir, en manos de un cuerpo de legisladores y legisladoras cuya carta de presentación es un índice elevado de deshonestidad habría de quedar la designación de las altas cortes en Guatemala.
Este paso sería la segunda estación del proceso iniciado con vicio a partir de que se integraran las llamadas comisiones de postulación. Estas definen su composición a partir del número de universidades que cuenten con facultades de Derecho. A raíz de la reforma constitucional de 1994 se le asignó al Consejo de la Educación Superior (integrado por rectores de todas las universidades) la potestad de autorizar la apertura de nuevas instituciones universitarias. Habiendo en ese entonces mayoría de instituciones privadas (cuatro a uno) con relación a la única estatal, con sospechosa rapidez fueron autorizadas nuevas empresas de educación superior.
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El bum de estas llegó con la instalación de las postuladoras como mecanismo de elección de autoridades, de manera que se crearon supuestas entidades de formación académica con el único y, diríamos, avieso fin de obtener un puesto en los espacios de designación de autoridades. Hoy existen 11 universidades con sus respectivas facultades de Derecho, por lo que este es el número fundante. A partir de allí se debe elegir igual número de representantes del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), así como representantes de la CSJ para salas de apelaciones y representantes de jueces de apelación para dicha corte.
Las veces que el proceso de elección se ha realizado mediante tal procedimiento, este ha mostrado que es obsoleto por la forma en que facilita la utilización de mecanismos opacos al momento de revisar expedientes y votar por las candidaturas. Las actuales postuladoras no son la excepción a dicha regla, pues ya han dado muestras de ineptitud y de falta de transparencia. De ahí que, en un intento por coadyuvar a que mejore dicho procedimiento, la Fundación Myrna Mack, de larga trayectoria en el proceso de fortalecimiento de la justicia, haya interpuesto una acción para señalar que las comisiones no le solicitaron al Consejo de la Carrera Judicial un listado de jueces y magistrados evaluados que estén en condiciones de asumir magistraturas. Este reclamo se sumaría a los cuestionamientos de que las comisiones estarían obviando el proceso de entrevistas a las y los aspirantes a ocupar una posición en la más alta investidura para la administración de justicia.
Ante ese panorama, la elección de las principales autoridades en el sistema de justicia estaría en manos de a) postuladoras que quieren producir candidaturas como si fueran maquilas, sin garantizar transparencia en el proceso y la idoneidad de las candidaturas, y b) un Congreso que acumula un gigantesco caudal de corrupción y relación con el crimen organizado. De esa manera, bien harían las autoridades a cargo de las acciones interpuestas en otorgar un compás de espera a fin de brindar a la ciudadanía un proceso que ofrezca al menos una bocanada de viento limpio en este ventarrón de podredumbre.
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