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Palma Africana: Nuevos estándares y viejas trampas

Ni la caña de azúcar, ni el café, ni el cardamomo, ni el banano, productos que Guatemala exporta tradicionalmente, tienen derecho a acogerse a la “ley de maquilas”. Pero en 1989, cuando la ley fue aprobada, la palma africana no constituía un cultivo importante: las primeras palmas africanas fueron sembradas en Guatemala en 1988.
Abelardo Medina, del ICEFI, estima que las municipalidades deben ejercer su poder para cobrar unos impuestos que las empresas acostumbran no pagar. Sin embargo, admite que muchas veces existe un “desbalance de fuerzas” entre empresas grandes y multinacionales y pequeñas municipalidades que ni siquiera cuentan con valuadores.
Sobre la franja transversal, en las afueras de la planta extractora, NaturAceites se anuncia: "cuidando los corazones de los guatemaltecos".
Un guardián de una finca de palma dice que su jefe prohibió a los pobladores de Sechaj usar el camino para conseguir leña.
En los alrededores de Sechaj se extiende una plantación de palma africana. "Son tres años para que la palma empiece a devolver ganancias", dijo un trabajador de la municipalidad de Chisec.
Un camión descarga la fruta de la palma africana en la planta extractora de NaturAceites, localizada en Fray Bartolomé de las Casas. La empresa tiene buena relación con la alcaldía de ese municipio por sus programas de responsabilidad empresarial.
El trabajo comienza temprano, y termina a medio día. Un grupo de fumigadores terminan su jornada a medio día para evitar el sol intenso. "Los insecticidas nos irritan los ojos", declaró uno.
Un trabajador descansa después de recoger palma en la periferia de la planta extractora de aceite en Fray Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz.
Un trabajador hace ajustes a la maquinaria de la planta procesadora de aceites de NaturAceites en Fray Bartolomé de las Casas.
En un laboratorio dentro de la planta extractora, inaugurado en el 2011, se analizan muestras de la palma. Después se transportan a la refinería para volverse aceite.
En la franja transversal, fincas de palma han cerrado caminos a poblados. Un auxiliar de la municipalidad de Raxruhá explicó que "dejan el paso abierto para gente caminando, pero no pueden entrar carros".
Un líder del Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode) se queja que las plantaciones de palma han envenenado el pozo de agua de la comunidad de Sechaj.
Por los alrededores de Raxruhá se puede observar el desvío de ríos para irrigar las plantaciones de palma.
Una familia acusa a palmeros de desviar ríos, lo que dificulta el acceso al agua en Raxruhá.
Habitantes de Sechaj se quejan que los guardias de seguridad limitan el paso para recolectar leña en los bosques cercanos.
La garita municipal de Chisec fue abandonada después del fallo de la Corte de Constitucionalidad en el que prohíbe el cobro por uso de carreteras a los camiones de palma.
La presencia de Capullo, la marca bajo la cual NaturAceites vende el aceite de palma, es evidente en el municipio de Fray Bartolomé de las Casas.
La municipalidad de Fray Bartolomé de las Casas cuenta con palma africana en su patio. Las plantas son visibles desde la ventana de la oficina del alcalde.
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Palma Africana: Nuevos estándares y viejas trampas

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La palma africana no es una realidad monolítica, cada empresa tiene sus propios métodos: desde las que rechazan todo contacto con las comunidades para resolver problemas de cohabitación, hasta las que desarrollan programas innovadores de responsabilidad social para granjearse apoyos locales y mejorar su imagen. Pero algunos asuntos en general no cambian, como la resistencia de las empresas palmeras a pagar impuestos.

Redes-lateral

Una palma, cuatro pasos grandes, otra palma, cuatro pasos grandes, una palma… y así hasta formar un océano. En toda la Franja Transversal del Norte, largo corredor que atraviesa Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz e Izabal, los campos de palma africana se han convertido en paisaje dominante.

La monotonía es engañosa. Recorriendo la Franja Transversal, uno encontrará numerosas paradojas: campesinos que han ganado, finqueros que han perdido, alcaldes orgullosos de trabajar con las empresas palmeras, o a la inversa, en pie de guerra contra éstas. Muchos temores afloran desde las comunidades: temor por la contaminación, por la salud y por la disponibilidad del agua. Algunos justificados, otros, del dominio de lo fantasioso.

A estas dinámicas encontradas, se agregan las diferencias entre empresas palmeras. Cada una tiene sus propias formas de trabajar y de proyectarse: hay empresas que dialogan con las comunidades aledañas e intentan, hasta cierto punto, ser buenos vecinos, y empresas que rechazan todo acercamiento. Un solo denominador común entre ellas: las cuantiosas ganancias que generan, a costa de pagar sueldos bajos y casi no pagar impuestos.

Empresas palmeras, o cómo no pagar impuestos

Dieciséis empresas que se dedican a la extracción de aceite de palma o a su cultivo se han acogido al decreto 29-89, conocido como Ley de Maquilas. Esto les permite no pagar el impuesto sobre la renta (ISR), ni derechos arancelarios, ni el Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre insumos importados. Además, cuando compran insumos en el mercado nacional, pueden pedir que el IVA les sea devuelto. Según el Reporte de empresas calificadas bajo el decreto 28-29 del Ministerio de Economía, en agosto de 2013 había 993 empresas amparadas bajo este régimen de exenciones fiscales. Entre éstas, las principales compañías palmeras o sus filiales: NaturAceites (alianza entre Grasas y Aceites S.A. e Indesa, de aceite Capullo), Reforestadora de Palmas del Petén, S.A. (Repsa, parte del grupo Hame, que produce el aceite Olmeca), Idealsa (aceite Ideal), Palmas del Ixcán (parte del grupo Agrocaribe, sin marca insignia).

Según Abelardo Medina, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), el espíritu de la Ley de Maquilas era que la producción agrícola no accedería a estos beneficios fiscales: Ni la caña de azúcar, ni el café, ni el cardamomo, ni el banano, productos que Guatemala exporta tradicionalmente, tienen derecho a acogerse a la “ley de maquilas”. Pero en 1989, cuando la ley fue aprobada, la palma africana no constituía un cultivo importante: las primeras palmas africanas fueron sembradas en Guatemala en 1988. Hoy, con más de 110 mil hectáreas de palma (1% del territorio) y una producción que sobrepasa las 350 mil toneladas de aceite, Guatemala no ha revisado la ley. “Actualmente, no existe ninguna iniciativa en el Congreso para revisar estos privilegios”, afirma Medina. Esto, a pesar de que la Organización Mundial del Comercio obliga a los países a eliminar las exenciones fiscales que constituyen una competencia desleal en contra de la producción de otros países y también en contra de otras empresas nacionales. En efecto, según el investigador, los privilegios fiscales permiten que las empresas beneficiadas sean artificialmente competitivas.

“Estas empresas exigen constantemente al Estado que cumpla con la seguridad, salud, el mantenimiento de la red vial, pero no contribuyen en nada con esto: son empresas que están totalmente fuera del sistema tributario”, afirma el investigador.

El pago de impuestos a nivel local también es problemático, como se pudo ver en los municipios de Raxruhá, Fray Bartolomé de las Casas y Chisec, todos de Alta Verapaz.

Gumercindo Reyes, alcalde de Raxruhá, es de los más convencidos opositores a la palma africana. El cobro del Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI), el gravamen a las propiedades, es uno de sus principales motivos de queja. La mayoría de las fincas palmeras, afirma Reyes, no se acerca a la municipalidad a cancelar este impuesto. Otras lo pagan, pero en base a un valor de las propiedades claramente subestimado.

Las mismas quejas se reproducen en el municipio de Chisec. “Es un problema serio. Pagan lo menos posible”, afirma Aníbal Marroquín, secretario municipal de Chisec. El funcionario cuenta una anécdota: el administrador de una finca se presentó a la municipalidad con la escritura de la compra de la propiedad. El encargado del cobro de impuestos le hizo el cálculo del IUSI en base al precio de compra. “Cuando vio cuánto le iba a salir de IUSI, el administrador le quitó de las manos la escritura y se la llevó. Un tiempo después, volvió con otra escritura de compra, por sólo 100 mil quetzales”. Una fracción mínima del precio real de la propiedad, según Marroquín.

Al contrario de Marroquín, en Fray Bartolomé de las Casas, el alcalde Rolando Santamaría asegura que la palma africana ha traído mucho desarrollo a su municipio. “Ha venido a apoyar a varios hogares y familias y a generar empleo. El desarrollo de las comunidades y del perímetro urbano es una cosa palpable. Ahora tenemos diez bancos, antes sólo había uno”, comenta el jefe edil, carnicero y ganadero de profesión.

Sin embargo, admite que no pagan lo que deberían en concepto de IUSI. “Hemos tenido el problema que no dan el valor real de las fincas. Nos vamos a sentar con ellos para que sean justos en el pago del IUSI y aporten a la muni su cuota”.

El impago generalizado de los impuestos locales por parte de las empresas palmeras es también una de las conclusiones del estudio Plantaciones agroindustriales, dominación y despojo, realizado por el Instituto de Estudios Agrarios y Rurales y la Coordinación de ONG y Cooperativas (CONGCOOP). El estudio, que data del 2010, afirma que Palmas de Desarrollo S.A. (Padesa), una de las empresas que conforman NaturAceites, pagó ese año la simbólica suma de Q11 mil de IUSI por una extensión cultivada de 8,700 hectáreas (191 caballerías). Es más, ocho de las 27 fincas de la empresa estaban valuadas en menos de Q2 mil, y por lo tanto, se declaraban exentas del pago del IUSI.

Según el arquitecto Mauro Cu Coy, valuador acreditado por el Ministerio de Finanzas, un  terreno en la Franja Transversal cuesta, según el clima, el nivel freático y otras variables, entre 20 y 25 mil quetzales por manzana. El valor de una caballería de terreno rebasa fácilmente el millón de quetzales, y por lo tanto, debería pagar al año Q9 mil. Si los datos del informe mencionados son correctos, Padesa no pagó ni el 1% del IUSI que debía a la municipalidad.

La empresa NaturAceites, a través de Alejandro Rosales Fagiani, de la empresa Doblevía Relaciones Públicas, por vía electrónica, rechaza los señalamientos. “En los lugares en donde están localizadas las propiedades de NaturAceites sí se pagan todas las tasas del IUSI con el valor actualizado de nuestras propiedades y contamos con los debidos recibos municipales que lo garantizan”. Sin embargo, NaturAceites no accedió a mostrar estos recibos, ni tampoco contestó cuando se le preguntó acerca de los datos presentados en el informe de Idear y CONGCOOP.

A nivel nacional, el cobro de este impuesto sobre las propiedades siempre ha supuesto un problema a las municipalidades. Para cambiar esta situación, tanto en Chisec como en Raxruhá, piensan acudir al Ministerio de Finanzas para obtener avalúos de las grandes propiedades. Obviamente, este proceso conlleva un enfrentamiento de las autoridades municipales con finqueros poderosos a nivel local y nacional.

Abelardo Medina, del Icefi, estima que las municipalidades deben ejercer su poder para cobrar unos impuestos que las empresas acostumbran no pagar. Sin embargo, admite que muchas veces existe un “desbalance de fuerzas” entre empresas grandes y multinacionales y pequeñas municipalidades que ni siquiera cuentan con valuadores. En este caso, deben encontrar el apoyo, y hacer uso de los convenios con el Ministerio de Finanzas para reestimar el valor de las fincas. “Uno de los problemas del país es el escaso desarrollo local. En esto, las empresas podrían tener un rol protagónico pagando sus impuestos”, estima Medina.

Por otra parte, no hay que confundir las fincas con las empresas productoras de aceite: aunque tienen terrenos propios, también arriendan muchas fincas. En este caso, el impago del IUSI no es responsabilidad de la empresa productora de aceite sino del dueño de la finca.

Una tasa para el aceite

El concejo municipal de Raxruhá decidió en octubre de 2012 establecer una “tasa” a la extracción de palma africana. Es decir, una cuota que los camiones que transportan aceite y fruta de palma, tendrían que pagar en una garita situada en la frontera del municipio, Q10 por tonelada de fruta de palma, o Q0.25 por galón de aceite. Con éstas, el alcalde esperaba aportar a sus arcas entre 30 y 60 mil quetzales al mes que servirían para reparar las carreteras dañadas, según el jefe edil, por el constante paso de camiones palmeros.

El acuerdo municipal fue inmediatamente impugnado por la Cámara del Agro. La gremial argumentó que ese cobro no era una tasa, como afirmaban en la municipalidad, sino un arbitrio, es decir un impuesto a favor de una municipalidad, el cual sólo puede ser decretado por el Congreso de la República.

Una tasa se establece a cambio de un servicio público claramente identificado, la tasa por el servicio de agua o la tasa por recolección de basura, por ejemplo. En cambio, un arbitrio puede contribuir al funcionamiento general de una municipalidad.

La argumentación de la Cámara del Agro parece irrebatible: en el acuerdo municipal, Raxruhá justifica las tasas de extracción a la palma africana, no por un servicio específico, sino por los “costos de operación y funcionamiento de la Municipalidad”. Así lo entendió la Corte de Constitucionalidad (CC), la cual, el 19 de abril, cuatro días después de entregado el amparo, decretó una suspensión temporal del acuerdo municipal. La CC aún no ha emitido su resolución definitiva, pero el resultado difícilmente podrá ser a favor del municipio. Empleados municipales de Raxruhá admiten haber cometido un error al no haber mencionado que el dinero obtenido se dirigiría al mantenimiento de las carreteras.

La Corte de Constitucionalidad ha tenido que resolver en varios casos similares. Así lo explica Carla Caballeros, directora de la Cámara del Agro: “Los alcaldes quieren imponer cobros discrecionales por transporte de productos o peaje. Ellos ven en estos cobros un botín, una forma de adjudicarse recursos ilegales. Como Cámara del Agro hemos accionado en cuatro o cinco casos. La Cámara de Comercio también ha accionado en algunas ocasiones, y empresas particulares también. Todos los fallos de la CC han sido a favor nuestro”.

En efecto, en Chisec, la misma acción tuvo la misma respuesta de la Corte. En Fray Bartolomé, el alcalde Rolando Santamaría planeaba un cobro similar, pero al ver el resultado en los municipios vecinos, prefirió dar marcha atrás. “Es mejor platicar con ellos, porque son un monstruo. Si yo meto dos abogados, ellos me meten diez”, afirma Santamaría.

En este sentido, Abelardo Medina opina que es un error de la Constitución el no dar facultades a las municipalidades de levantar tributos para contribuir con el desarrollo local. “La Constitución refuerza la centralización. Todo en materia fiscal hay que llevarlo al Congreso. Esto hace que Guatemala sea uno de los países que menos cobra impuestos”, afirma el experto.

La resistencia de muchas de las empresas palmeras a pagar impuestos, ya sea a nivel nacional o local, choca con los grandes beneficios que esta industria genera. Según la Gremial de Palmicultores de Guatemala (Grepalma), Guatemala se ha convertido en el primer productor mundial de aceite de palma por hectárea. Si la media mundial es de cuatro toneladas de aceite por hectárea, Guatemala es capaz de producir siete.

En el mercado internacional, según Grepalma, el precio promedio para el año 2013 de la tonelada de aceite fue de $845. Por lo tanto, una hectárea de palma genera $5,915 al año. Una finca de unas diez caballerías (45,12 hectáreas), extensión relativamente común en la Franja Transversal, genera aproximadamente $2.66 millones al año.

Según un informe de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), el costo de producción de una tonelada de aceite en Guatemala estaba, en 2005, entre los 200 y 300 dólares, dependiendo de la edad de las palmas. Se deduce que la producción de la misma finca de 10 caballerías genera a la empresa productora de aceite, unas ganancias anuales situadas entre US$1,7 y US$2 millones, entre 13.6 y 16 millones de quetzales.

Plaza Pública intentó corroborar esta cifra con NaturAceites, la única empresa palmera con la que se pudo establecer contacto. Por medio del encargado de Relaciones Públicas, Alejandro Rosales Fagiani, la empresa contestó que la productividad de una hectárea de palma era un dato que debía verse con Grepalma, la gremial de empresas palmeras. Las preguntas enviadas a Susana Siekavizza, directora ejecutiva de la gremial, nunca recibieron respuesta.

Comunidades descontentas y comunidades satisfechas

En la municipalidad de Raxruhá, no esconden su frustración por el fallo de la Corte de Constitucionalidad: “Vemos injusto que nosotros trabajemos y rehabilitemos nuestras carreteras, y ellos las destruyan sin dejar un solo centavo”.

El alcalde pone como ejemplo la carretera que une Raxruhá con La Isla, aldea desde donde se accede al sitio arqueológico Cancuén. Es un tramo de 14 kilómetros de terracería que fue rehabilitado este año, mediante un convenio con la Dirección General de Caminos con un costo, para la municipalidad, de Q900 mil. Apenas unos meses después, lamenta el alcalde, ya se nota el deterioro causado por los camiones. Esto tiene además, un costo político, ya que los habitantes achacan el mal estado de los caminos a la municipalidad.

¿Qué piensa hacer el alcalde, puesto que la batalla judicial está prácticamente perdida? Gumercindo Reyes afirma actuar como mediador en el conflicto que opone a comunidades con las fincas palmeras. Si la palma no quiere llegar a acuerdos con la municipalidad, no le quedará otra opción, dice, más que dejar a las comunidades y a las fincas arreglar solas sus problemas. “Si no quieren llegar a un acuerdo con nosotros, pues no nos metemos. Le soy sincero, tratar con las comunidades es complicado. Son radicales, ponen un punto de base y no lo cambian. Deciden hacer algo y lo hacen, y no les importa los medios. Se corre el riesgo de que haya pérdidas en ambos sectores”, explica el jefe edil.

Pero no todas las comunidades de Raxruhá están en contra del cultivo de la palma africana. Todo depende de si la empresa tiene programas de responsabilidad empresarial, y también de la mano de obra que contrate.

Por ejemplo, en la comunidad de El Volcancito, cercana a la finca El Canaleño, NaturAceites construyó un centro de convergencia, un local donde se realizan jornadas de atención médica. En El Volcancito y en Petatzoc, la misma empresa ejecuta programas de diversificación de cultivos en coordinación con la FAO (programa Patio-hogar). El objetivo es que las familias mejoren su alimentación y empleen técnicas de cultivo respetuosas del medio ambiente. NaturAceites, en convenio con Fundazucar, ejecuta también el programa “Mejores Familias”, que consiste en un monitoreo del crecimiento de los niños, y en dar consejos de higiene y salud a las madres.

Tanto Petatzoc como El Volcancito aportan a la empresa la mano de obra que se encarga de plantar las palmas, chapear los terrenos y cosechar la fruta.

“En total operamos en un área de influencia de 118 comunidades en el país, beneficiando a más de 100 mil habitantes”, escribió NaturAceites. Según la empresa, más del 5 por ciento de sus utilidades son invertidas en programas sociales. La empresa palmera no da cifras.

A Gumercindo Reyes , alcalde de Raxruhá, no le satisfacen los programas de responsabilidad social de NaturAceites. “Yo les he dicho: voy a hablar bien de ustedes cuando me construyan una escuela, o un centro de atención en salud, o un proyecto de agua potable para una comunidad. Pero lo que hacen, es pintar nuestras escuelas y los salones comunales con los colores de la empresa. Eso no es apoyo social”. De los talleres y programas de capacitación implementados por la empresa, Reyes opina: “Son valiosos los temas, pero se necesitan principalmente insumos y recursos. La participación es muy superficial, muy cosmética. No hay nada real, concreto”.

Sin embargo, el jefe edil admite que NaturAceites es distinta a las demás. “Hay que decir lo que es, de todas las empresas que hay en Raxruhá, es la única que más o menos hace un pequeño trabajo. Es un 20% de lo que debería hacer, pero es la única que toma en cuenta el apoyo social, y con quien puede haber un acercamiento. Las otras no están interesadas en eso”.

Mal que bien, los programas de responsabilidad empresarial, que los activistas opuestos a la palma africana prefieren llamar “estrategias de penetración social”, logran lubricar la relación entre las empresas y las comunidades beneficiadas, o entre las empresas y algunas municipalidades, como la de Fray Bartolomé de las Casas. “Nos apoyan en obras sociales. Nos pusieron una escuela, apoyan en el hospital. Han hecho obras en algunas calles aunque no grandes cantidades”, afirma Rolando Santamaría.

La diferencia de opinión entre los alcaldes de Raxruhá y Fray Bartolomé de las Casas es radical. Podría explicarse por el hecho de que en Fray Bartolomé, el alcalde tiene que lidiar con una sola empresa, NaturAceites. Esta multinacional busca conservar su certificación Rainforest Alliance, y obtener la certificación RSPO (Round Table on Sustainable Palm Oil), sellos que exigen a una empresa cumplir con numerosas normas laborales, medioambientales y de responsabilidad social.

En cambio, en Raxruhá, las empresas son más numerosas, NaturAceites, Palmas del Ixcán, Industria maderera Chiquibul S.A., Tikindustrias S.A. No todas cultivan buenas relaciones con las comunidades vecinas, ni buscan vender una imagen progresista. Es el caso de la industria maderera Chiquibul S.A., la cual, según El Observador, pertenece Suhel Abel Turjuman Miguel, presidente del Banco Inmobiliario y de la empresa de fertilizantes Mayafert. La finca palmera rodea literalmente el caserío de Sechaj. Allí, los habitantes se quejan de la contaminación de unos de los pozos de agua, de los daños a la carretera de terracería, pero sobre todo, de que los guardias de seguridad les impiden pasar por la finca para ir a traer leña a un bosque cercano. “Nos corretean, y a veces disparan al aire”, se queja una mujer.

Un guardia de la finca, boina roja de la empresa Serseco, aspecto de malo de caricatura, y sin embargo amigable con los reporteros, explica que las instrucciones “del ingeniero” son de no dejar pasar a los comunitarios si llevan vehículo o bestias de carga. “Lo que pasa es que ellos quieren sacar leña para vender. Cuando pasan y están enojados, cortan las palmas, y los caballos se comen las hojas. ¿A quién le gusta que le destruyan el cultivo?”, argumenta.

El dialogo entre pobladores y administradores de la finca es nulo. “Ellos pasan por la comunidad en vehículos polarizados a gran velocidad. No sabemos si son grandes, si son gordos, si son canches”, protesta uno de los líderes del Comité Comunitario de Desarrollo.

La mala relación entre Sechaj y la finca no debería desembocar en una confrontación directa: 60 hombres de este caserío de 800 habitantes, hacen jornales para la empresa.

Candelaria en resistencia

Quien sí está en conflicto abierto con la empresa Chiquibul S.A. es la población de Candelaria Camposanto, comunidad que se enorgullece de las majestuosas cuevas del mismo nombre, las cuales, según algunas interpretaciones del Pop Vuh, son las que dan acceso a Xibalbá, el inframundo. Son además un punto de atracción turística que aporta recursos a la comunidad.

El descontento viene, según la comunidad, de la invasión, por parte de la empresa, de cuatro manzanas de terreno comunitario y la construcción de una carretera que atraviesa la propiedad de la comunidad. Así lo explica Víctor Cu, joven líder comunitario: “Ellos compraron parcelas en las comunidades de Sechaj Cooperativa, Sechaj 1 y Sechaj 2. Se dieron cuenta entonces que la finca estaba a doscientos metros de la cinta asfáltica. Para no dar la gran vuelta se metieron”. Simplemente, según el líder, invadieron las tierras comunitarias para trazar su vía de acceso.

Finalmente, gracias al Sistema Nacional de Diálogo y a la Secretaría de Asuntos Agrarios, se pudo llevar a cabo reuniones entre campesinos y representantes de la empresa, aunque no se llegó a ningún acuerdo. La comunidad está dispuesta a otorgar 8 metros de derecho de paso, pero la empresa pide 21 metros. Además, la comunidad exige la restitución de 4 manzanas de terreno en donde Chiquibul S.A. ha puesto su semillero de palmas.

Plaza Pública intentó comunicarse con Industrias Madereras Chiquibul SA. Contestó un hombre llamado Salvador García. Cuando se le explicó la razón de la llamada, mostró bastante incomodidad.

-Es que mire, eso es información delicada.

-¿Por qué? Sólo queremos su versión sobre el conflicto con Candelaria.

-Es delicada, pero no sabría decirle por qué es delicada.

Finalmente, se acordó enviar una solicitud de entrevista por escrito, con los temas a tratar. La respuesta a la solicitud fue: “La gerencia de la empresa no tiene disponibilidad de tiempo para poder atenderle, tal vez más adelante podría ser”.

Palmas, moscas y serpientes

En Raxruhá y Fray Bartolomé de las Casas, los habitantes se quejan de problemas de salud nuevos que aparecieron con los cultivos de palma. Plagas de moscas, infecciones cutáneas y, sobre todo, una epidemia de dengue y malaria. Los comunitarios hablan también de una multiplicación de las serpientes, que han encontrado dentro de las plantaciones, un hábitat fecundo.

Una visita al hospital de Fray Bartolomé de las Casas permite relativizar estos temores. Manuel de León, director del centro hospitalario, es prudente en sus afirmaciones: “Una enfermedad ligada a la palma africana que nos complique directamente, no creo que haya, o por lo menos no la hemos evidenciado”.

Acerca del dengue y la malaria, explica que son enfermedades que siempre han existido en la zona. “Miramos la curva de casos por año. Y este año, estamos mejor que en otros”. El galeno tampoco ha detectado enfermedades ligadas a los químicos utilizados por las empresas.

¿Serpientes? “Tenemos mucha mordedura de serpiente, barba amarilla sobretodo. Pero hace mucho tiempo había lo mismo. Ha seguido, pero no creo que haya aumentado”, declara.

Las moscas sí son una molestia veraniega para la población de Fray Bartolomé de las Casas. Se han multiplicado por los desechos orgánicos que quedan en los cultivos de palma. Según el director del hospital, las moscas pueden producir infecciones y llevar al hospital algunos pacientes más, pero no hay motivo para lanzar una alerta médica. “La única epidemia que tenemos aquí es la de embarazos”, concluye Manuel de León.

Por el contrario, el médico se encuentra agradecido con la ayuda prestada por la empresa NaturAceites, la cual ha regalado al hospital pintura para remozar el interior del hospital, y ha construido un depósito de desechos sólidos. “Cuando solicitamos apoyo, nos lo dan”.

Uno de los siete médicos cubanos que laboran en el hospital de Fray Bartolomé, confirma el diagnóstico de Manuel de León: No hay enfermedad que se pueda relacionar directamente con el auge de la palma africana, con excepción de un riesgo ligeramente mayor de leishmaniosis, una infección de la piel que transmite la picadura de algunas moscas. Los médicos cubanos presentes en el Guatemala no tienen permitido hablar con la prensa, por lo que no se puede citar el nombre del galeno.

NaturaAceites no niega el problema de las moscas, pero apunta que se debe ver de manera más amplia, tomando en cuenta la existencia de “basureros clandestinos, drenajes a flor de tierra y la carencia de letrinización”.

Métodos de expansión

“Sádicos, maquiavélicos, diabólicos”: así califica el secretario municipal de Chisec, Aníbal Marroquín, los métodos con que se han valido algunas empresas de palma africana para expandirse.

Marroquín explica, con la ayuda de un croquis, que las empresas le dan prioridad a la compra de las fincas que colindan con la carretera. De esta manera, le cierran el paso a los propietarios cuyas fincas están detrás, con respecto a la carretera. Al perder acceso a la red vial, estas fincas pierden gran parte de su valor: resulta imposible sacar los cultivos o el ganado que producen puesto que el derecho de paso que estipula la ley es de apenas un metro de ancho.

A estos propietarios, prosigue el secretario municipal, sólo les queda malvender su finca a la empresa palmera que los encerró. Gumercindo Reyes, de Raxruhá, confirma que estas prácticas existen, mientras que Rolando Santamaría, de Fray Bartolomé de las Casas, niega que esto haya ocurrido en su municipio.

Otra crítica a las empresas palmeras es que, aprovechando la pobreza, y valiéndose de engaños, compran tierras a pequeños campesinos, los cuales, una vez gastado el dinero de la venta, se quedan sin nada. Así lo afirma Marvin Pacay, responsable de los servicios públicos de la municipalidad de Raxruhá: “La palma esclaviza al agricultor y lo despoja de sus tierras. La gente que vendió sus tierras emigra y va a las invasiones. Invaden porque no tienen donde cosechar”, afirma Pacay.

Este fenómeno ha desplazado comunidades enteras en Petén. Allí, se vieron rodeadas y asfixiadas por fincas palmeras hasta obligar a los habitantes a abandonarlas. Sin embargo, esto parece ser algo marginal en Raxruhá y Fray Bartolomé de las Casas. En Sechaj y Candelaria, algunos parcelarios vendieron sus tierras, pero no en proporciones masivas: la mayoría de los campesinos siguen cultivando de manera tradicional. Algunos encuentran además en el trabajo de la palma, una fuente de ingresos que no existía antes.

En Ixcán, el gobierno de Álvaro Colom logró convencer, con promesas solo cumplidas a medias, a muchos campesinos de lanzarse en el cultivo de palma africana. Los resultados han sido desiguales, como lo mostró un trabajo de El Observador: mientras algunos agricultores lograron beneficiarse con esta política, otros resultaron endeudados, y con ganancias inferiores a las esperadas.

El estudio ya mencionado del Instituto de Estudios Agrarios y Rurales y CONGCOOP, se interesó en el cambio del uso del suelo a partir del auge de la palma. Este trabajo arrojó que, de las superficies ganadas por el monocultivo entre 2005 y 2010 en Fray Bartolomé de las Casas, 40% eran utilizadas anteriormente para el cultivo de granos básicos, 42% para la cría de ganado y el 19% eran bosques. En Raxruhá, el desplazamiento de la ganadería es aún más evidente, puesto que el 54% de los cultivos de palma de hoy, eran potreros, mientras que el 15% eran bosques.

Hay, efectivamente, un cambio importante: en donde se producían granos básicos y carne esencialmente para el mercado interno, ahora se produce aceite para el mercado internacional. Según Gumercindo Reyes, esto es una de las causas del encarecimiento de la canasta básica en el país, aunque resulta difícil demostrar esta percepción.

La Franja Transversal del Norte conquistada por la palma

La expansión de la palma africana es un fenómeno que empieza. En los municipios de Raxruhá y Fray Bartolomé de las Casas, los cultivos siguen creciendo, y por doquier se puede ver palmas recién sembradas o surcos listos para recibir las pequeñas matas. Los remanentes de bosque que aún están en pie, considerados como tierras ociosas, están condenados a desaparecer en el corto plazo.

Difícil imaginar el límite de estas poderosas empresas cuyo horizonte de inversión es de 30 años, lo que dura la vida productiva de una palma africana. A lo largo de este ciclo que acaba de comenzar en Alta Verapaz, podrán suceder muchas cosas que favorezcan o disminuyan la presencia de este monocultivo en Guatemala: enfermedades de la palma, movimientos sociales (aunque, hasta la fecha, la palma africana no ha levantado el mismo rechazo que las mineras o las hidroeléctricas), y sobre todo, una evolución del precio aceite. Pero esta última variable dependerá de lo que pase en países productores como Indonesia, Malasia, Brasil o Nigeria.

Otras incógnitas son si los estándares sociales y ambientales impulsados a nivel internacional lograrán llevar al conjunto del sector palmero hacia prácticas más responsables, y sí por fin, la palma llegará a pagar los impuestos que las autoridades locales y los expertos fiscales exigen. Queda en suspenso, también si todos los palmeros aplicarán los nuevos estándares, y si el sistema seguirá permitiendo las viejas trampas.

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