Esta semana salió a luz la creación de un bufete integrado por exfuncionarios de la Cicig. «La firma Gamboa, Ulate y Coma Consultores es cuestionada, pues dos de sus fundadores, Christian Ulate y Cristian Gamboa, laboraron por varios años como coordinador legal y jefe del Departamento de Análisis de Información, respectivamente, cargos que les permitieron conocer a fondo información confidencial [desde la Cicig]…» (elPeriódico).
La noticia levantó sospechas en relación con posibles fugas de información en casos de alto impacto como La Línea y con la posibilidad de que fiscales del MP o personal de la Cicig sean desmovilizados de sus tareas mediante ofertas económicas. Posteriormente se conoció la renuncia del fiscal a cargo del caso La Línea, Antonio Morales, y se ha rumorado que él podría estar siendo reclutado para este sospechoso negocio de asesoría.
Pese a las declaraciones del comisionado Velásquez y de la jefa del MP persisten las dudas y el olor a negocio sucio, de manera que conviene dejar claros estos puntos:
- Las empresas privadas lucrativas procuran la recuperación de la inversión y la generación de utilidades. En este caso, la firma Gamboa, Ulate y Coma Consultores es una empresa claramente orientada al lucro. Y aunque opere de forma lícita, mientras no cometa un delito, todo lo que haga, aunque sea reñido con la ética, es permitido.
- En el mercado, la diferenciación es un elemento clave para las ventas. Y lo que hace diferente y atractiva a esta empresa es precisamente la presencia de personas que conocen los casos que lleva la Cicig. No nos engañemos. Gamboa y Ulate pueden presumir de lo que quieran, pero analistas capaces y abogados habilidosos hay. Lo que no hay son personas que conozcan casos de alto impacto específicos, los puntos débiles de las investigaciones, los nombres de personas implicadas como posibles colaboradores y las estrategias del MP y de la Cicig.
- No es ningún secreto que muchos acusados en casos de alto impacto tienen poder económico y mucho interés en comprar información sensible que contribuya a su defensa. También es evidente que hay personas que desean saber si están siendo investigadas y si están en riesgo de ser procesadas.
- En virtud de lo anterior, hay que ser ingenuo para pensar que esta firma rechazará las ofertas de las personas interesadas en comprar información, precisamente porque la fortaleza de su oferta de servicios es sospechosamente coherente con los intereses de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad (ciacs) y de otros grupos objeto de investigación o proceso judicial. La misma razón por la cual es sospechoso comerciar lícitamente con precursores químicos para fabricar cocaína lleva a dudar de la honorabilidad de este negocio.
- Finalmente, el simple hecho de que un fiscal renuncie para optar a cualquier otra ocupación lícita es ya una pérdida de capacidad para el MP. No olvidemos que ese recurso ha sido utilizado en otros países para debilitar procesos. Uno de los mejores ejemplos es la contratación de los inspectores a cargo de investigar fraudes bancarios en Islandia y otros países. Sencillamente, en lugar de litigar contra ellos, les ofrecieron trabajos con jugosos sueldos.
¿Puede impedirse la fuga de información en este caso? Francamente lo dudo. El bufete en cuestión es la cara lícita de lo que podría ser una operación de venta de datos confidenciales, y esto último puede realizarse fuera de Guatemala, y de maneras que garanticen impunidad. En otras palabras, si una persona sospechosa quiere saber si está siendo investigada, es fácil organizar una reunión en Panamá, Miami o cualquier otro sitio y a través de terceros puede recibir un informe con datos que servirán para su defensa. Si esa operación se factura como asesoría o se mantiene fuera de los libros contables, es irrelevante. El negocio se habrá realizado.
Por esa razón no me parece convincente lo declarado por Christian Ulate (Emisoras Unidas, 27 de noviembre de 2015) en relación con que no revelarán información de casos que llevaron en la Cicig. Creo que ellos venderán información sensible y que actuarán como mercenarios. Su fachada legal es eso: un medio para argumentar que llevan casos de forma lícita y para promocionar su negocio.
¿Qué podemos esperar? Seguramente desde el MP y la Cicig habrá una estrategia de contrainteligencia que no será pública. Pero el problema, desde mi punto de vista, tiene un origen fundamental: por más dedicación que ponga un fiscal en su trabajo, no puede aspirar a un salario digno, a un crecimiento profesional adecuado y a un retiro tranquilo en la vejez. De esa manera, no podemos pedirle lealtad a un fiscal si nosotros como país no somos leales al sistema de justicia y no pagamos impuestos para que esas personas vivan dignamente. De esa manera, como país tenemos nuestra porción de culpa en este caso.
En efecto, el tema es de nuevo el pago de impuestos. Y es inevitable recordar que no hay recursos suficientes para el sistema de justicia y que los argumentos infundados y engañosos son un recurso para negar que deben pagar los que ganan más.
Mientras tanto, lo menos que podemos hacer es negarles crédito a las palabras de mercenarios que seguramente venderán información sensible. Son una vergüenza para el sistema de Naciones Unidas, y espero vehementemente que, si las sospechas se confirman, cometan errores y terminen en la cárcel.
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