La propuesta del incremento, aunque hace parte de un esquema bastante complejo, puede comprenderse fácilmente si se analizan tres aspectos en los cuales sería necesario que el Estado interviniera o retomará el control.
El primero, la inapropiada estructura de la matriz energética de Guatemala. La energía generada a través de recursos hídricos representa solo el 35% -la mayor capacidad hidroeléctrica pertenece al El Instituto Nacional de Electrificación INDE-, el resto se cubre mediante la combustión de derivados fósiles. La política energética solo ha buscado soluciones temporales al problema del suministro y no ha abordado seriamente el de la dependencia de los combustibles.
Durante los últimos quince años se pueden encontrar varios ejemplos que denotan la ausencia de una estrategia clara y consistente para abordar el tema. La introducción de un esquema de tarifa social que en un inicio ni siquiera observó factores técnicos mínimos; la renovación de los contratos de suministro de largo plazo sujeto a la variación de precio del petróleo; la iniciativa fantasma de Berger para la realización de 20 proyectos hidroeléctricos o la fallida licitación del proyecto Xalalá en tiempos de Colom, dan cuenta de la improvisación coyuntural que rodea la política energética.
Segundo, un esquema de subsidios en el mercado regulado que ata el desarrollo del INDE y crea privilegios para los generadores. Si se observa con detenimiento la evolución de la tarifa social, se puede concluir que esta terminó consolidando un régimen de subsidios insostenible, que impidió la expansión y mantenimiento de líneas de transmisión y la creación de nuevas plantas generación por parte del Estado. El régimen introdujo distorsiones que ocasionaron que los grandes consumidores se trasladasen al mercado mayorista -a modo de contratar libremente sus tarifas- y los consumidores medios adoptasen medidas para ser beneficiarios de la tarifa social –como el tener varios contadores de energía.
En el modelo actual, el INDE es la única empresa que se presenta a los concursos de suministro de la tarifa social y en consecuencia la mayoría de su capacidad generadora queda atada al abastecimiento de la misma. Ante la restricción de fuentes baratas de energía –situación que se agrava por la disminución de los niveles de los embalses-, y el aumento de la demanda, el INDE se ve obligado a contratar con terceros energía proveniente de fuentes fósiles y a buscar ante la Comisión Nacional de Energía Eléctrica –CNEE- el incremento en el precio de la energía para así sostener la tarifa social y evitar que estas deseconomías se traduzcan en déficit financieros.
Bajo esta estructura inmovilizadora y cuasi monopólica, el Estado debiese promover medidas para contener la demanda y aprovechar más eficientemente –en términos sociales- la energía barata que producen sus hidroeléctricas. En otros Estados con problemas similares existen incentivos y créditos para la inversión en fuentes alternativas por parte de particulares, se condena la usurpación de beneficios sociales por parte de usuarios y se adoptan medidas como el cambio de hora oficial para así aprovechar más la luz solar.
Tercero, un modelo de mercado bastante inequitativo. En el mercado no regulado, si bien los incrementos en el costo de la energía pueden significar para los grandes consumidores pérdida de competitividad internacional, hacia el interior no sucede lo mismo, pues las alzas en el costo de la energía se trasladan mediante el precio al consumidor de los bienes finales. Al no competir el INDE -que es quien posee la energía barata-, no existen por parte de los otros generadores, incentivos para desarrollar nuevas fuentes de energía.
El esquema pareciese entonces un poco injusto, pues al consumidor medio se le trasladan los costos del mercado no regulado, asume los mayores costos del mercado regulado, y al final parece ficticiamente que sobre él recaen las obligaciones en relación a ampliar la cobertura del servicio de electricidad en las zonas rurales más pobres.
Cabe entonces preguntarse si el sistema escogido para el desarrollo de una tarifa social en Guatemala obedece a un verdadero sistema de compensación o si por el contrario responde a los intereses de un modelo de tipo élite empresarial -capturado por la participación de generadores y distribuidores de energía. Mejor apagar la luz.
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