La noticia que Hugo Ramiro Leonardo Reyes, testigo protegido por el Ministerio Público en el juicio de Ríos y Rodríguez, acusó bajo juramento al actual presidente de asesinar indígenas ixiles en la aldea Saquil Grande de Nebaj, Quiché, es un hecho de la mayor importancia. La acusación está allí, con toda la fuerza que pueda tener la veracidad o falsedad de lo dicho, el crédito o descrédito del testigo.
Éste es un momento crítico en el que todos debemos exigir que la justicia en verdad sea ciega en Guatemala. Que alcance efectivamente a todos, independientemente de su posición. Otto Pérez y la señora Baldetti son servidores públicos electos por una mayoría de votos válidos. Tienen derecho a antejuicio (garantía para que no se les procese por razones políticas), y a que se les presuma inocentes. Pero no tienen derecho a permanecer impunes en caso hayan cometido crímenes u otros actos reñidos con la ley.
Así, si un señalamiento grave pesa sobre la persona del presidente, muy bien, se le presume inocente pero, independientemente del posible “daño” a la imagen internacional de nuestro país, debemos saber si es verdad o no. El punto de fondo acá es que la ciudadanía no sabe si Pérez Molina cometió o no esos crímenes, razón harto necesaria para que el Ministerio Público investigue de oficio. ¿Por qué? Porque nadie, ni el presidente, debe estar exento de ser investigado cuando se le acusa de algo tan grave.
Porque, quienes se preocupan por el “daño” a nuestra imagen internacional están dejando de lado la posibilidad real que sí haya cometido esos crímenes. En mi opinión, la tan cuidada imagen internacional quedaría mucho peor si continuásemos teniendo al frente del Ejecutivo un criminal impune. Eso sí que es inaceptable. La única salida al problema es una investigación seria, íntegra e independiente. Acercarnos a la verdad.
Insisto, no puedo ni debo presumir la culpabilidad del Presidente. Pero ante tal acusación, como ciudadano me es imposible quedar indiferente, y exijo al Ministerio Público que investigue de oficio. Si encuentra pruebas, debe solicitar levantar el antejuicio y acusar. Luego el Organismo Judicial juzgar. Si no encuentra pruebas, entonces Pérez Molina permanece inocente. Así de simple, sano y justo.
Por ello, encuentro inaceptables las declaraciones del secretario privado del Ministerio Público que, quizá intimidado por la magnitud del sismo político que causaron las declaraciones de su testigo protegido, no quiere comprometer políticamente aun más la ya complicada posición de la fiscalía. No, la justicia exige entereza y valentía, y su deber como funcionario y servidor público es no dejarse intimidar, sino iniciar una investigación aparte del juicio actual en contra de todos los señalados por el testigo, no importa si se trata del presidente. Ése es un principio básico de la aplicación de la justicia y la lucha contra la impunidad.
Un juicio justo, en el que se respete el debido proceso y todas las garantías y derechos tanto para la parte acusadora como de la defensa es un bálsamo tan necesario para sanar las heridas todavía abiertas de Guatemala. El juicio contra Ríos y Rodríguez (ojo, la capacidad de juzgar, no el fallo, independientemente de cuál sea, toda vez sea conforme a derecho), es parte de ese bálsamo tanto como la investigación que obligadamente debe seguir luego de las acusaciones del testigo protegido.
La justicia y la lucha contra la impunidad no es un camino fácil. Pero debe ser nuestro camino.
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