La noticia del caso denominado «Corrupción en Época de Pandemia» por el Ministerio Público (MP), el nuevo escándalo de corrupción en el gobierno de Alejandro Giammattei, fue recibida con estupor, casi sin sorpresa, al modo del refrán popular que reza: «Una raya más al tigre». Con hartazgo de tanto enojo y con rabia por lo mismo de siempre, lo que esta vez está en juego son los escasos recursos para el sistema de salud, para la atención de las necesidades especiales que impone el impacto de la pandemia del covid-19. La culpa de los corruptos es múltiple.
Porque es un crimen deleznable y asqueroso la compra fraudulenta de batas de uso médico a un precio excesivamente mayor al del mercado y que no estaban esterilizadas, tal como fueron ofertadas, como parte de las medidas sanitarias de emergencia para enfrentar el impacto de la pandemia del covid-19. Se abusó así de las facilidades para agilizar este tipo de compras durante los estados de calamidad. Y lo increíble es que haya gente que se queje de los controles anticorrupción que se incorporaron a la Ley de Contrataciones del Estado en las reformas aprobadas en 2015. La realidad es muy clara: la gran mayoría de los actos de corrupción en Guatemala se perpetran en procesos de adquisición pública, seguidos por fraudes al servicio civil con las denominadas plazas fantasmas.
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El gobierno de Giammattei se caracteriza ya por una pérdida casi total de legitimidad, por no contar con apoyo ciudadano al estar plagado de escándalos de corrupción, especialmente en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) y en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Sin embargo, la corrupción es rampante y se expande rápido a prácticamente todas las entidades del Estado, protegida con el manto de impunidad que le provee la alianza oficialista enquistada en el Congreso de la República, liderada por su presidente, Allan Rodríguez, quien opera con otros delincuentes desde la Junta Directiva de ese organismo y con numerosos diputados vinculados con el narcotráfico y otras estructuras del crimen organizado.
La actitud del presidente y de sus aliados es de negación total, de repetir la payasada de Jimmy Morales de dar discursos sobre logros, como si todo estuviese y fuese bien en Guatemala. En la cadena nacional del viernes pasado, Giammattei se quejó de quienes «desinforman con fines políticos», pero se cuidó de omitir el escándalo de corrupción develado por el MP solo dos días antes. Tampoco mencionó al delincuente prófugo Héctor Giovanni Marroquín Barrios, a quien Giammattei había nombrado viceministro del MSPAS y uno de los implicados en el caso Corrupción en Época de Pandemia. ¿Creerá Giammattei que la ciudadanía no se percata de esta manipulación burda y torpe de la información, en la cual él menciona lo que le conviene y omite lo escandaloso y vergonzoso de su gobierno?
Merecen análisis cuidadoso los que apoyan a este gobierno, incluyendo empresas y grupos notorios del sector privado empresarial. Por supuesto, este apoyo no lo conceden por ciegos y miopes, sino por interesados. El apoyo a gobiernos en extremo ilegítimos y corruptos como los de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei no es gratuito, y la moneda de cambio con la que se paga dicho apoyo es muy peligrosa. Por ejemplo, ¿qué grupos empresariales han apoyado a Giammattei a cambio de que el Gobierno y sus aliados en el Congreso se deshagan de la magistrada Gloria Porras en venganza por los fallos que disgustaron a las hidroeléctricas y a las industrias extractivas?
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