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Otro campesino muerto por la tierra

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Otro campesino fue muerto por la policía en otro desalojo. Y adentrarse en el conflicto por la tierra en Guatemala es casi tan complejo como llegar a la Finca Los Cafetales, en el municipio de Santa Cruz Muluá, Retalhuleu, a la que sólo se puede llegar tras recorrer 25 kilómetros de terracería entre cañaverales.

Por Alberto Arce, para Plaza Pública

Deja uno atrás caña y caña, árboles de caucho, hombres con pistola al cinto –aquí no hay muchas leyes escritas– y algo de ganado que pasta, ajeno al conflicto que se vive a su alrededor. Luchan por el espacio, aplastadas contra las cunetas, clandestinas, casi escondidas, unas cuerdas de maíz. Plantas que a Cornelio Flores, líder de la Comunidad Brisas de Samala le sirven para explicar el conflicto por la tierra extendido a lo largo de todo el territorio nacional. “Con la caña no alimentamos a nuestros hijos. Con el maíz, sí. La tierra tiene que darnos de comer”. El paisaje parece de otra época, quizás de principios del siglo pasado. Latifundios, minifundios, Guatemala es el quinto exportador mundial de azúcar; más de la mitad de sus 15 millones de habitantes son pobres.

Ya en los Cafetales, el campesino Flores repasa el siglo XX de una buen parte de los guatemaltecos. “Mi abuelo y mi padre trabajaron esta finca. Yo comencé a salir a la tierra con ellos a los 7 años. Ahora tengo 55. Llevo 48 años labrando y cosechando aquí". Cornelio ha sacado sus papeles, que junto a la piocha forman su armamento. "Desde que estoy aquí la finca ha cambiado de dueño muchas veces" y comienza a mostrar documentos del registro de propiedad mientras pregunta "¿Qué han hecho sus dueños por ella?”.

Otro labriego, Jesús, machete en mano, sombrero de paja, camisa abierta, se suma a la historia. "De sol a sol por 40 quetzales diarios. Le hemos dado nuestra vida a esta tierra y hemos pasado hambre. Que nos dejen trabajarla y nos devuelva vida en forma de comida".

De jornaleros a campesinos. Decidieron alquilar la finca. "Para cosechar nuestra propia comida. Le pagábamos a quien creíamos su propietario, Carlos Montenegro”, explica mientras muestra el último recibo. “Comenzaron los problemas. Primero hubo un intento de ocupación por parte de otro grupo de gente. Ahí nos dimos cuenta de que los títulos de propiedad no eran correctos".

Carlos Sandoval, el abogado de la familia Montenegro, niega la mayor parte del asunto. "Ese líder campesino no ha trabajado en la finca como jornalero nunca. Ha sido contratista. Él traía a la gente para trabajarla y hace años que nos reclama dinero por supuestos impagos que negamos categóricamente". El abogado asegura que Flores miente sistemáticamente.

En todo caso, el conflicto entre campesinos y propietario se agravó. "Nosotros teníamos buena relación con el finquero. Pero metieron vacas en la tierra. Las vacas dañaron el cultivo. Le dijimos al supuesto propietario que no pagaríamos 600 quetzales sobre los Q1,400, la parte de alquiler proporcional al cultivo dañado. Nos denunció por impago. Entonces nos lo tomamos en serio. Ocupamos la finca, nos constituimos legalmente  como “Comunidad Agraria Brisas de Samala” y plantamos nuestras cuatro caballerías de maíz. Las que ahora nos quieren quitar. Vino un ingeniero a medir la finca para prepararla para la caña. Los finqueros no quieren que se plante maíz, quieren caña para la exportación porque se la pagan en dólares. Así nos condenan a los campesinos al hambre".

El azúcar está en sus precios máximos históricos en las bolsas estadounidenses, a US$40 el quintal. Guatemala producirá este año más de 51 millones de quintales, y lo hace únicamente desde 13 ingenios. US$ 2,040 millones en ingresos para la industria. Más o menos un tercio de todo lo que recauda el débil Estado de Guatemala.

El desalojo

Ante la negativa de los campesinos de dejar pasar a los ingenieros agrónomos, el 7 de julio pasado, el juzgado ordenó el desalojo de los campesinos. El jueves 28 de julio, la policía buscó desalojarlos por usurpación. 450 agentes de la Policía Nacional Civil y 60 del Ejército se presentaron. Se encontraron con dos docenas de campesinos que les hacían frente sentados en un puente.

Llegados los policías para el desalojo, uno de los miembros de la comunidad, Sergio de León –que habitaba la finca desde que nació, como hizo su padre– fue demasiado intransigente, demasiado tozudo. No quiso ceder un centímetro que equivaldría a dejar sin comida a su esposa y sus cinco hijos, que equivaldría a dejar la tierra en donde siempre trabajó, que heredó y alquilaba. Recibió más intransigencia y tozudez de parte de la autoridad.

"¿Qué está uno dispuesto a hacer por la tierra?", se preguntaba Flores. Los hechos inician la respuesta: Si es campesino, morir para que no le desalojen. Si es policía, posiblemente hijo de campesino que migró a la Ciudad, matar para desalojar, cumplir la orden dada por un Juez y hacer lo que el Comisario probablemente ordenaría. Flores la termina: "Para evitar el hambre estamos dispuestos a todo".

Sergio de León tenía 31 años y llevaba la mitad de su vida trabajando esa finca. Murió tratando de evitar que le separaran de su cosecha. Plantado en el puente que da acceso a la finca. Sosteniendo la bandera guatemalteca. De León era un campesino organizado, miembro de CODECA (Comité de Desarrollo Campesino).

Uno o varios miembros de la Policía Nacional Civil le dispararon a Sergio cuatro proyectiles de gas lacrimógeno a dos metros de distancia, según relatan las versiones de los testigos en la reconstrucción de los hechos. La policía dio dos minutos para retirarse, que no cumplió. Le apuntaron directamente al pecho con proyectiles que están diseñados para ser lanzados al aire y nunca contra los cuerpos. Según el abogado Sandoval, presente durante los hechos, "la policía dialogó con los campesinos e insistieron en no retirarse, entonces cometieron el error de disparar el gas en dirección contraria al viento y el gas se volvió contra ellos, que no estaban equipados con máscaras. Los policías, asustados, retrocedieron y corrieron porque los campesinos les atacaban".

En la autopsia puede leerse la causa de la muerte: "laceración cardiaca-taponamiento cardiaco", que en castellano significa “desgarro del corazón con penetración en las cavidades cardíacas y con herida torácica abierta” y "trauma al pecho". Las heridas que muestra el cuerpo del campesino confirman los 4 impactos sobre su pecho.

¿Quién dio la orden de disparar en la manera que lo hicieron? La Comisaría número 34 del departamento de Retalhuleu fue la comisaría enviada por el juez para practicar el desalojo. ¿Fue Felipe Mejía, su responsable, quien lo ordenó?

Revivir los abusos del conflicto armado

Contactada telefónicamente, la Comisaría retalteca tiene orden de no hablar con ningún periodista, y remite a la portavocía de la Policía Nacional Civil. En la Ciudad de Guatemala, su vocero, Donald González, confirma que existe un protocolo que "recomienda" pero no "impide" disparar proyectiles de gas lacrimógeno directamente contra las personas; "recomendando" utilizarlo al aire tal y como "la Guardia Civil española le ha enseñado a la Policía Guatemalteca en los entrenamientos organizados". En todo caso, el suceso se encuentra "bajo investigación" y "habría que ver de que son las marcas sobre el cuerpo del finado.  Le corresponde el Ministerio Público investigar", afirma González.

Clara Ballesteros, de la Cámara del Agro, aporta su punto de vista respecto de la muerte del campesino y transfiere la responsabilidad "a los líderes que utilizan a los campesinos y juegan con sus vidas de manera lamentable. Les incitan a la usurpación y el delito y son responsables, incluso imputables penalmente de todo lo que suceda después. CODECA, como otras organizaciones, tiene una larga trayectoria de usurpación y ocupación ilegal de tierras, Están acostumbrados a violar la ley y es a quienes comienzan el conflicto a quien hay que atribuirle la responsabilidad, incluso jurídica, por lo sucedido." Cree que las organizaciones campesinas "se dedican a engañarles, incluso cobrándoles, incitándoles a que ocupen tierras, prometiéndoles que serán suyas".

Salvando las distancias, es lo que argumenta el ejército sobre las 626 masacres de civiles, en su mayoría indígenas, entre 1978 y 1983, en la parte más dura del conflicto armado interno. Que en realidad las masacres cometidas por el ejército –93% según la Comisión de Esclarecimiento Histórico– fue por culpa del Ejército Guerrillero de los Pobres, que habría armado a los niños, mujeres y ancianos. El probable próximo presidente de Guatemala en enero de 2012, el general retirado Otto Pérez Molina, es uno de los muchos conservadores que sostiene esta teoría, como lo expresa sin ambivalencias en esta entrevista en julio a Plaza Pública (“Que alguien me demuestre que hubo genocidio”).

De León defendía su derecho a continuar trabajando la tierra para dar de comer a sus hijos, en un limbo entre legalidad e ilegalidad. El policía o los policías que dispararon violaron las normas de uso del material antidisturbios, siempre disuasorio. Ahora nadie se responsabiliza. El Ministerio Público, que acaba de lograr la primera condena por genocidio contra cuatro exmilitares de élite hace una semana, podría ser una luz de esperanza. 

Historia sin fin

La historia dista mucho de terminar. Tras la muerte de su compañero, la policía entró en la finca y prendió fuego a las covachas, y se llevó fertilizantes, pesticidas y varias cuerdas de maíz. No obstante, los campesinos decidieron reocupar la tierra inmediatamente, manteniendo vivo el conflicto.

Apenas 24 horas después de la muerte, en la finca se celebró una asamblea. Saben que la orden judicial sigue en pie. Saben que la policía regresará y se preparan para ello. No tienen miedo. Están indignados y piden venganza. "Lo mataron como un animalito al pobre Sergio. Pero nos estamos reorganizando y preparando para la próxima vez que vengan". Soy testigo de los preparativos. Firmes y serios. Si la policía regresa, no será como la primera vez. No les importa morir.

Más allá de la muerte de Sergio León, todo lo sucedido en torno al desalojo de la Comunidad –de 250 familias, más de mil personas, que ocupa y planta cuatro caballerías de maíz en una esquina de la Finca– es un cúmulo de irregularidades.

Flores comienza por mostrarme una orden de arresto y alejamiento contra él. Emitida, casualmente, en el momento en que comenzaba a prepararse el desalojo de la tierra. Se acusa penalmente al líder de la comunidad de usurpación. También de robar ganado. Y se le prohíbe acercarse al lugar. Flores vive desde entonces escondido. Porque le teme a la ley, que le busca por cuatrero. "Puede que hayan robado para su venta alrededor de 100 cabezas de ganado", asegura el abogado Sandoval. "¿Cómo podríamos nosotros robar 100 cabezas de ganado?", responden los campesinos que rodean a Flores. "Pasamos hambre. Alguna vaca hemos cogido. Pero sólo para comer, nunca nadie ha vendido una cabeza de ganado".

Pero no solo le temen a la ley. En Guatemala, muchas veces, paralelamente la acción de la justicia, suceden cosas. "Hace un mes apareció un automóvil. Dos hombres fueron casa por casa preguntando por mí. Todo el mundo sabe dónde vivo. Preguntaban para que los vecinos tuviesen claro que alguien me busca". Hace una semana, regresaron. "Llamaron a la puerta. Les abrió mi hijo Humberto, de 12 años. Le mostraron una pistola y le dijeron que me estaban buscando". ¿Quién le busca?. "El dueño de la Finca". ¿Quién es el dueño de la Finca? "No lo sabemos. Siempre he pensado que era Carlos Montenegro. Ahora parece que es Gladys Dubón. No lo sabemos. Sáqueme un retrato, señor periodista, que a mí alguien me está buscando para matarme", responde Flores.  

El portavoz de la familia Montenegro niega radicalmente estar detrás de "nada que tenga que ver con la violencia" y asegura que no son gente de armas. "En la finca nadie va armado. Si hubiéramos querido solucionarlo así, se habría hecho hace tiempo". Asombrosa normalidad la de la violencia estructural que azota al país.

Problema más grande

Mauro Vay, coordinador de CODECA, resume su visión de la historia. "Se está generando odio social. No es que los campesinos no entiendan lo que sucede, es que no lo soportan. El dirigente de la comunidad es acusado legalmente, y no tenemos la capacidad de defenderle porque no tenemos ni para abogados (una encuesta reciente muestra que para la mayoría de guatemaltecos, quienes tienen poder económico tienen ventaja en los tribunales). Ven que la ley no está de su lado, que se utiliza la fuerza contra ellos. Que te están atacando y que eres tú el que acaba en el cárcel y no el que te ataca. No podemos frenar el ciclo de violencia que atrapa a los desalojos. Si creen que la ley no se cumple y mueren campesinos, ellos acaban por defenderse como pueden. Si vienen a buscarles con armas, no les queda otra opción que conseguir un arma y vengarse o defenderse". Concluye, preocupado e impotente "en un caso como este, es fundamental resolver el conflicto antes de que la policía regrese. Si no, se viene la matanza".

¿Es posible resolver el conflicto? La anomalía continúa más allá de la violencia y penetra de lleno en la propiedad. La clarificación de la misma y su resolución definitiva sería la única vía capaz de frenar la escalada violenta. Cornelio muestra que la propiedad de la Finca dista mucho de estar resuelta. Por eso se niegan a reconocerla.

Tierra sin dueño

En marzo de 2010, poco antes de constituirse legalmente como Comunidad Campesina, el segundo registro de la propiedad de Quetzaltenango les expidió un documento en el que certifica que la Finca Los Cafetales "número 16.306, folio 167 libro 87 del departamento de Retalhuleu" no aparece inscrita como tal en el registro.

Es extraño. Porque el Fondo de Tierras elaboró un mapa en 1971 y no sólo ubica la finca en el departamento de Retalhuleu sino que informa de la propiedad de Carlos Montenegro, que es precisamente el mismo dueño al que los campesinos le han estado pagando el alquiler hasta el conflicto por los 600 quetzales.

Tendrá una explicación, piensan ellos. Regresan al registro y descubren que existe otro documento del registro de la propiedad que inscribe la misma finca en el Departamento de Suchitepéquez. ¿Puede una finca estar inscrita en dos departamentos a la vez? ¿Puede cobrar alguien un alquiler en un departamento por una finca inscrita en otro?

La orden judicial que persigue al líder de la comunidad por usurpación de la finca y ordena el desalojo deshace el entuerto.

El agente Fiscal explica en el documento -firmado por el Juez Israel Noyola Ramos-, que la Finca se ubicar geográfica y materialmente en el municipio de Santa Cruz Muluá, Retalhuleu, pero ya no le pertenece a Carlos Montenegro. Ha sido inscrita en el registro de Suchitepéquez a nombre de Gladys Dubón de Montenegro, su esposa, "por razones administrativas". Dicha anomalía, de difícil comprensión para extraños "es una práctica habitual del sistema registral guatemalteco, que reubica las fincas de uno a otro departamento desde hace décadas".

Sandoval reconoce que se trata de "un sistema que debe ser actualizado". Ballesteros, de la patronal agraria, coincide en que existe "una seria debilidad de registro en cuanto a la protección de la propiedad", debido a la "infiltración mafiosa en la institución"; esto permite que tengan lugar continuas "apropiaciones documentales". En resumidas cuentas. "En Guatemala hay muchos dueños de la tierra que no son propietarios, que no pueden demostrar documentalmente su relación con la tierra". La Cámara del Agro quiere que se solucione cuanto antes esta situación que depende, obviamente, del gobierno nacional.

El conflicto de jurisdicción es claro. El conflicto por la propiedad, quizá no tanto, en un contexto donde es normal que el dueño no pueda demostrar que es propietario. Pero el uso de la violencia contra la comunidad y su líder, tanto desde la fuerza pública como desde fuerzas de facto, está a punto de provocar más pérdidas de vidas.

Los campesinos están preparados y convencidos para el enfrentamiento. "Defendemos que nuestros hijos no pasen hambre. Si vienen de nuevo, morirá gente", aseguran. Sólo hay que mirar alrededor del fuego en el que calientan unas mazorcas de maíz, su única comida del día, para entender que algunos de los niños están, como 39 por ciento de los niños guatemaltecos, desnutridos. Sus padres no están dispuestos a perder las cuatro caballerías de cereal que han plantado, por las que se han endeudado y que necesitan para comer.

Posible luz al final del tunel

Tras el fatal desenlace del intento de desalojo, el abogado de la familia, plantea una solución salomónica "nosotros estamos dispuestos a permitir que doblen y cosechen su maíz siempre y cuando nos devuelvan la finca y así se lo haremos saber". Los campesinos quieren más, quieren la tierra, no se conforman con la cosecha. Conservar la cosecha es más de lo que tenían hace una semana pero ¿vale una cosecha la muerte de un hombre? La portavoz patronal no está de acuerdo con la vía del diálogo porque "significaría aceptar la violencia como instrumento de negociación. Lo más importante es que la ley se cumpla con agilidad, no retrasar su cumplimiento". La Cámara del Agro exige que no se repitan situaciones como ésta y pide que se articule un protocolo de actuación que ejecute las órdenes judiciales en interlocución con la sociedad civil, con la máxima celeridad y efectividad, y evitando que se radicalice el conflicto social. "Le hemos pedido reunirnos para debatir este tema en 10 ocasiones al Ministro de Gobernación, que nunca tiene tiempo para recibirnos".

Lo más triste de toda historia es la falta de voluntad política para resolverla. Ésta y decenas de situaciones similares que se multiplican por el país. En marzo ha sido en Panzós, por otro conflicto de tierras entre campesinos y azucareros, que lleva tres muertos de saldo. En Guatemala, el 75% de la tierra cultivable está en manos de dos por ciento de los ciudadanos, según el Informe de Desarrollo Humano del PNUD. Esto provoca en buena medida la desnutrición de niveles africanos.

Con un cinismo que no es extraño en el país, Sandoval caracteriza la desnutrición infantil como "un problema al que desagradablemente estamos acostumbrados en Guatemala. Un problema generacional y global que no vamos a resolver ni usted ni yo. Un problema que requiere de una transformación global del país y que va mucho más allá de esta finca". Quizás los casos de Panzós y Retalhuleu, con una fiscalía que funcione, puedan caminar. Así tal vez el país puede empezar a dejar atrás definitivamente los últimos dos siglos que terminaron hace once años y medio.

*Alberto Arce escribió este artículo para Plaza Pública y será publicado simultáneamente por el diario Público, de España.

¿Quién dio la orden de disparar en la manera que lo hicieron? La Comisaría número 34 del departamento de Retalhuleu fue la comisaría enviada por el juez para practicar el desalojo. ¿Fue Felipe Mejía, su responsable, quien lo ordenó?
El azúcar está en sus precios máximos históricos en las bolsas estadounidenses, a US$40 el quintal. Guatemala producirá este año más de 51 millones de quintales. US$ 2,040 millones en ingresos para la industria. Más o menos un tercio de todo lo que recauda el débil Estado de Guatemala.
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