Los alcaldes municipales han caído tan bajo, que hoy son una suerte de fuerza de choque y vanguardia del narcotráfico y la corrupción.
La alianza oficialista en el Congreso de la República avanza aceleradamente en la aprobación de la iniciativa de ley número de registro 6065, un nuevo intento de reformar la Ley de Contrataciones del Estado (LCE) con el propósito de crear un régimen laxo de adquisición pública para las municipalidades. De ser aprobada, las municipalidades podrían usar (y abusar de) los mecanismos más opacos y menos competitivos de adquisición pública para operaciones con montos excesivamente altos. La LCE establece las modalidades de compra de baja cuantía y compra directa, como mecanismos ágiles y poco controlados que deben aplicarse exclusivamente a operaciones por montos muy pequeños, esquema que esta propuesta estaría distorsionando de manera severa e injustificada.
La Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) en repetidas oportunidades ha alegado que modalidades de adquisición pública como la licitación, la cotización y el contrato abierto son demasiado lentos y engorrosos como para comprar bienes o contratar servicios de manera ágil y resolver problemas cotidianos en las comunidades. Este es un alegato de fachada y carente de sustento técnico, porque desde 2016 la LCE regula la subasta electrónica inversa, justamente el mecanismo ágil, transparente y competitivo que las municipalidades reclaman. El «problema» para los alcaldes de la subasta electrónica inversa, es que, por su naturaleza, una compra electrónica en línea en la que los vendedores pujan con precios cada vez más bajos, no permite pactos colusorios ni sobreprecios. Por ello, las municipalidades no se han interesado por capacitarse para aprender a usarla, y la gran mayoría de los alcaldes ni siquiera saben que existe, porque en realidad no les interesa un mecanismo ágil y transparente para comprar y contratar.
Entonces, en realidad, el asunto de las exigencias de los alcaldes para relajar los controles para comprar y contratar no es un debate sobre aspectos técnicos. Es un asunto político, una transacción descaradamente asquerosa y corrupta, en la que el oficialismo liderado por Giammattei pretende comprar la voluntad y el apoyo político en el proceso electoral de 2023 de la mayoría de los alcaldes, a cambio de un permiso descarado para robar en los procesos de adquisición pública de las municipalidades.
[frasepzp1]
Esto es evidente, porque no es la primera iniciativa de ley que conoce el Congreso para permitir que los alcaldes compren y contraten sin los controles debidos. De hecho, en junio de 2021, el propio presidente Giammattei vetó el Decreto del Congreso de la República número 4-2021, el cual hacía prácticamente lo mismo que esta iniciativa de ley 6065. Sólo Giammattei y su gente sabrán por qué el año pasado le dijo que no a los alcaldes, pero ahora el oficialismo en el Congreso avanza con la misma propuesta. La posibilidad de que Giammattei vuelva a jugar el papel de alcahuete de alcaldes, en el marco de la acción conjunta con el Congreso y la Anam, funcionando como una verdadera red político-económica ilícita.
Tampoco es un asunto ideológico o de concepción del Estado o la sociedad, ya que el avance en la aprobación de la iniciativa de ley 6065 ya ha generado voces de alerta y rechazo en sectores muy diversos. Cuando entidades como el Icefi y el Cacif coinciden en rechazar este tipo de propuestas legislativas, es por algo.
Por favor, tengámoslo claro. La democracia guatemalteca agoniza, con la mayoría de las entidades del Estado capturadas por narcos y corruptos. Este «permiso legal» para la corrupción en las municipalidades será la moneda con la que se comprará el apoyo de los alcaldes.
Más de este autor