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Oscuro y escurridizo operador político

Las fuentes coinciden en asegurar que actúa a cambio de remuneración económica como contratista del Estado, inmunidad por la comisión de hechos ilícitos, y/o acumular facturas políticas que pueda cobrar después. Sin embargo, nadie muestra evidencias de ello.
La vinculación de Herrera Castillo al PP no resulta extraña considerando que el oficialismo aloja a varios diputados exeferregistas, y que Herrera recorrió sus primeras avenidas políticas con el FRG. Para Herrera, estas son conjeturas.
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Oscuro y escurridizo operador político

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Gustavo Adolfo Herrera Castillo es un tipo escurridizo. Se niega a hablar con la prensa de todo: de su vida y sus negocios, de su vinculación con al menos los últimos tres Gobiernos, y, sobre todo, de las razones que lo mueven a influir en la designación de las autoridades judiciales de Guatemala. Esta es una aproximación a su nebulosa vida.

Redes-lateral

El nombre de Gustavo Adolfo Herrera Castillo es mencionado en las Comisiones de Postulación para magistrados de cortes de Apelaciones y de Corte Suprema de Justicia (CSJ), en los pasillo del Congreso, en las salas de los tribunales y en las oficinas de funcionarios públicos de todos los niveles, como el “operador político” del gobierno de Otto Pérez Molina. El hombre que, junto a Juan de Dios Rodríguez, actual presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) mueven los hilos del poder para ubicar a sus allegados en las posiciones más importantes del sistema de Justicia.

Quienes aceptan hablar de Herrera con periodistas tienen tres razones para pedir que no se les cite con nombre y apellido: a) amistad; no quieren que Herrera piense que lo traicionaron; b) no quieren admitir públicamente que son amigos; c) no le conocen, y no le quieren de enemigo.

La cuota de influencia de Herrera, dicen diputados de oposición y un abogado que le conoce desde años, tuvo un impacto decisivo en algunos de los representantes del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) que integraron las Comisiones de Postulación que eligieron a los candidatos a magistrados del Organismo Judicial. También le confieren influencia, a él y a Juan De Dios Rodríguez, sobre magistrados de las cortes de Apelaciones y de la CSJ que también integraron esas comisiones.

Aunque todos los dedos lo señalan, Herrera niega ser parte del engranaje del Partido Patriota (PP) y de ser operador político de éste y del presidente Pérez Molina. No obstante, la fama que le precede como una de las ruedas que mueve la política en el país, es similar a la que reconoce tener el abogado y empresario Roberto López Villatoro, conocido como El Rey del Tenis, líder de una estructura de abogados y políticos que procura influir en la designación de los magistrados de las cortes.

Pulso de verdades y mentiras

Herrera se esfuerza por mantenerse alejado de la opinión pública. Pero para algunos abogados que conocen su forma de actuar, diputados de oposición y analistas políticos, aunque sus gestiones no dejan huella, tienen resultados concretos. Lanza la piedra, y esconde la mano, dicen. Las fuentes coinciden en asegurar que actúa a cambio de remuneración económica como contratista del Estado, inmunidad por la comisión de hechos ilícitos, y/o acumular facturas políticas que pueda cobrar después. Sin embargo, nadie muestra evidencias de ello, salvo por la llegada de supuestos candidatos del oficialismo a un cargo público. El nombramiento de Thelma Aldana como Fiscal General, por ejemplo, es uno de los “trabajos” que le atribuyen, aunque la funcionara lo desmiente. Sin mencionar a Herrera, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) se ha sumado a la preocupación porque la selección en las Comisiones de Postulación se pintó dudosa. Un parco Herrera insiste en que es ajeno a este proceso.

Diputados de oposición dicen que Herrera navega liviano luego de esquivar dos yunques: una acusación por una estafa por Q350 millones al IGGS, que perdió vigencia en 2009 (según un abogado que llevó el caso); y una vinculación extraoficial al narcotráfico que nunca llegaron a una acusación formal o captura. Estos señalamientos son el combustible de su fama.

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Quizá sea por ello de que Herrera no quiere hablar. “No me interesa salir en la prensa”, dijo el 11 de septiembre pasado en una llamada telefónica de tres minutos y diez segundos —lo más que se logró hablar con él, después de enviarle dos mensajes de texto solicitándole una entrevista, y otra breve conversación telefónica del 10 de septiembre—. Esa primera llamada duró lo que Herrera demoró en decir que estaba ocupado en una reunión y no tenía tiempo para entrevistas. La frecuencia y el contexto en el que su nombre es publicado ironizan su desinterés en ser figura pública. Y esto tiene furioso a Herrera.

—Los medios [de comunicación] han publicado cochinadas —dice explosivo, en la conversación de tres minutos y diez segundos—. Todo eso es mentira. Son falsedades. No trabajo para el Gobierno. Soy empresario; me dedico a mis empresas y me mantengo en reuniones. —Su tono, sonoro y crispante, cede a la petición de enviarle preguntas por mensaje de texto. La insistencia le arranca una carcajada que corta con un estoico “Bueno, maaandelas pueeees”.

Al día siguiente se le envían dos preguntas (un total de cuatro mensajes de texto), una relacionada con el caso del IGSS, y otra con sus presuntos vínculos políticos en el Gobierno anterior. Herrera responde para pedir que se escriba a una dirección de email que facilita. Las mismas preguntas, y otras acerca del origen de su capital, los señalamientos de sus supuestos vínculos con el presidente del IGSS, Juan de Dios Rodríguez, y su supuesto involucramiento en narcotráfico, se le envían el 12 de septiembre. Dos semanas y media después aun no responde. Tampoco atiende dos emails posteriores (del 18, 24 y 29 de septiembre), ni dos mensajes de texto (también del 18 y 24 de septiembre). Cerró la puerta y volvió a lo suyo: no hablar con periodistas.

Herrera no quiere hablar para responder preguntas de una vida política que le achacan y que, según él, no existe. No quiere ser un hombre público, pero lo es... a pesar suyo.

Antes del IGSS

Pocos sabrían cómo es Herrera a no ser por una fotografía que muestra a un corpulento sujeto de ojos claros, de rostro redondo e inexpresivo. Esa instantánea (salvo por otra donde aparece con el rostro menos visible) es la única disponible públicamente desde hace 15 años. Para finales de los años 90, la Policía Nacional Civil (PNC) tenía esa fotografía cuando fue considerado sospechoso en el secuestro de un socio suyo, cerca de su finca en Alta Verapaz. Ambos tenían una empresa de plantas ornamentales de exportación. El caso nunca se resolvió.

Según reportes de prensa, Herrera nació el 4 de abril de 1954 en Cobán, Alta Verapaz,  donde también instaló varias de sus empresas. Aunque le atribuyen la profesión de Agrónomo, no aparece como miembro del Colegio de Ingenieros Agrónomos. El Registro Mercantil, en cambio, da cuenta de la apertura de 12 expedientes de sociedades anónimas entre 1991 y 2002, que actualmente están cancelados, en los que Herrera aparece como administrador único, presidente o vicepresidente del consejo de administración, presidente o gerente. Son expedientes de sociedades de actividades agropecuarias (como la Agropecuaria Chajul o Helechos Cobán Imperial), reforestación o fabricación de químicos. Aparece una inmobiliaria (La Cresta) y la Corporación de Valores y Servicios de Guatemala. Herrera también aparece en al menos cinco expedientes vigentes: Agrícola Veterinaria Agvet S.A., Empresa Productora de Hongos, Agro Veterinaria, Xantofilas de Guatemala S.A. y en un mandato de I.C. o Investments Corporation, abiertos en los años 90, antes del caso del IGSS.

El final de los años 90 coincidió con “el despegue” económico de Herrera, según un abogado familiarizado con el caso IGSS, que prefiere no ser citado por temor a ser demandado —y a quien llamaremos el “abogado B” —. Esta fuente dice que Herrera compró bonos del Estado, supuestamente en US$2 y los vendió en US$100, en sociedad con un familiar del entonces presidente Álvaro Arzú, quien honró el pago de los bonos. Herrera no confirmó ni negó el dato —una de las preguntas que se le envió por email—.

La intersección del FRG

Hace casi 20 años, un Herrera empresario y residente en Alta Verapaz, se halló en un parte aguas: su reencuentro con Carlos Wohlers, un médico originario de ese departamento y su excompañero de estudios en el colegio La Salle, de Antigua Guatemala. Wohlers era allegado al líder del Frente Republicano Guatemalteco (FRG), el general Efraín Ríos Montt, y entonces diputado del partido.

Fuentes de oposición afirman que Herrera ayudó a financiar las campañas del FRG de 1995 y 1999 (algo que Herrera negó en ese entonces). De hecho, Alfonso Portillo (presidente de 2000 a 2004) reveló que a Herrera “le gustaba la política”, y había financiado a varios candidatos en el pasado, excepto a él.

Sin embargo, alrededor de 2000, Wohlers llevó a Zury Ríos Sosa (hija de Ríos Montt y diputada por el FRG 1996-2012), al entonces vicepresidente Francisco Reyes López, y al diputado Haroldo Quej, a una cena en la finca de Herrera en Alta Verapaz. Según el abogado B, en ese encuentro, Herrera quedó tan impresionado con Zury Ríos que comenzó a pretenderla. Pero llegó tarde: “El Rey del Tenis”, quien ya había cultivado una amistad con la familia Ríos, finalmente se casó con la hija del general. Aunque el matrimonio duró cerca de tres años, el abogado B dice que el episodio bastó para antagonizar a Herrera y López Villatoro.

No obstante, Herrera se acercó a la familia Ríos, Wohlers, y el diputado Baudilio Hichos (quien lo ha negado), de acuerdo con el abogado B, quien conoce a Herrera desde hace al menos 10 años. Según publicaciones de prensa, Herrera propuso a Wohlers, cuando este presidía la Junta Directiva del IGSS, la inversión de Q350 millones en un proyecto habitacional para pensionados del IGSS. Su objetivo habría sido compensar el apoyo financiero otorgado a las campañas políticas en los años 90 con la sobrevaloración de los terrenos que Herrera vendería al IGSS con documentos fraudulentos  y por medio de empresas offshore (Herrera luego diría que él fue ajeno a esa venta). Para ello, Wohlers nombraría a César Sandoval como gerente del IGSS, para manejar el proyecto por medio de un fideicomiso.

En 2003, año electoral, la operación salió a flote, y el Ministerio Público (MP) inició una persecución penal. En declaraciones a la prensa, Wohlers y Herrera responsabilizan a Sandoval. Wohlers fue absuelto. Sandoval, condenado a 13 años de cárcel, aunque el año pasado la sentencia fue anulada y se ordenó un nuevo juicio. Pero la persecución penal de Herrera se prolongó hasta 2009.

Motivos ulteriores

Atrás de la persecución penal contra Herrera había motivos personales. Según el abogado B, había una “venganza” del Fiscal General Carlos David de León Argueta (2002-2004) porque este consiguió un fideicomiso de construcción (del Gobierno) por “apenas” Q50 millones, mientras que Herrera negoció su participación en el de Q350 millones con el IGSS. Después de preguntarle por mensaje de texto a Herrera acerca de los supuestos motivos de De León, ofreció la dirección de email para que se le reenviara la pregunta. Se le envió pero nunca respondió. Tampoco fue posible localizar a De León.

El cable “03GUATEMALA1465” de la embajada de los Estados Unidos en Guatemala, fechado el 9 de junio de 2003, revela que De León tenía interés especial en “empujar el caso, acompañado de los correspondientes titulares de prensa”. Una sección subtitulada “Todos cantan ‘yo no fui’” describe las acusaciones internas por el caso del IGSS en un gobierno del FRG “notoriamente fracturado”. El texto revela que “contactos bien ubicados” decían que el presidente Portillo sentía que podía aislarse del problema, y por ello dio “luz verde” a una “profunda investigación” por medio del Fiscal General. Pero el texto, que escribió el entonces Ministro Consejero de la Embajada, Stephen McFarland, también advertía que De León cayó en el centro de un escándalo cuando se reveló que “había sido asesor de otro fideicomiso de construcción, en el cual el IGSS había invertido alrededor de US$7.5 millones (unos Q50 millones)”. De León todavía es procesado por este caso.

El cable sugería que Reyes López y Ríos Montt podrían resultar perjudicados, y que ellos “y otros funcionarios más directamente involucrados en el escándalo” demostraban “una increíble desunión” mientras intentaban desligarse de culpas. Reyes López y Ríos Montt se contradecían acerca de cuán bien conocían a Herrera (que el cable describe como “un empresario de Cobán y figura clave en el crimen”, o caso del IGSS). El cable replica un titular de prensa que cita a Reyes López diciendo que él “había olvidado que había cenado en casa de Herrera en una ocasión”. En suma, reflejaba una disposición en las filas del FRG de “sálvese quien pueda”, que explicaría por qué Herrera se hizo humo, especialmente después que se emitió una orden de captura en su contra. El cable concluye que “tras bambalinas, Herrera probablemente era la figura responsable de enseñar a los demás cómo robar y lavar fondos del IGSS”.

La persecución de Herrera continuó bajo la gestión de Juan Luis Florido Solís al frente del MP, a partir de marzo de 2004. De esa época, el abogado B destaca dos hechos: el secuestro de un nieto suyo, supuestamente a manos de Javier Figueroa (entonces director adjunto de la PNC) y su hombre de confianza, los hermanos José y Henry Benítez, para obligar a Herrera a entregarse. La intervención de un magistrado de la Corte de Constitucionalidad (al parecer a instancias de contactos de Herrera), que habló con el presidente Óscar Berger (2004-2008), permitió la liberación del nieto en una estación de bomberos. El otro hecho destacable es la “toma” ilegal durante tres días de un apartamento de Herrera en la zona 14, cerca de la Plaza Futeca. La fuente dice que el entonces director de la PNC, Erwin Sperissen, y otros miembros del resto del alto mando policial, abrieron boquetes con brocas en las paredes del inmueble, en busca de dinero encaletado”. Así quedaba claro que Herrera tenía pocos amigos en el gobierno de la Gran Alianza Nacional (GANA).

El caso del IGSS

InSight Crime cita a un fiscal no identificado quien asegura que el caso del IGSS está “congelado”, y que “Herrera está de vuelta en Ciudad de Guatemala reuniéndose con jueces, abogados y políticos con el fin de diseñar la composición de las Altas Cortes.”

Sin embargo, el abogado Herbert Estuardo Oliva Rosales asegura que el caso IGSS, en cuanto a Herrera respecta, “es un caso cerrado”, en lo civil y en lo penal. Oliva Rosales, y otros abogados del bufete para el que trabaja representaron a Herrera entre 2003 y 2009, cuando el MP pidió retirar la acusación y revocar la orden de captura contra su entonces cliente “por falta de fundamento”. La petición ocurrió durante la gestión como Fiscal General de Amílcar Velásquez Zárate (2008- 2010).

Las sindicaciones originales identifican a Herrera como la persona que vendió las propiedades al IGSS por medio de las empresas Escabel Management y Helensburg (entidades fuera de plaza), con las que hace 10 años aseguró no tener vínculos. El abogado B explica que el nombre de Herrera no aparece en ningún documento del caso, y que Escabel y Helensburg cancelaron los contratos de venta de los terrenos al IGSS. Los juzgados Cuarto y Quinto de Primera Instancia Civil ordenaron la recisión de los contratos. La inexistencia de los contratos, según la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones Penal, y la Apelación No. 68-2012, desvaneció los indicios de sobrevaloración de los terrenos. Además, el abogado B dice que el Banco Uno (hoy Citi Bank), como fiduciario, ya comenzó a liquidar el fideicomiso y devolver los Q350 millones al IGSS, “más intereses generados”, y solo le resta pagar Q70 millones. En la citada apelación, las propiedades aparecen como parte del fideicomiso.

Oliva dice que a su excliente “le salieron caras las relaciones políticas que le atribuyen”. Este abogado razona que no hubieran demorado seis años en conseguir la suspensión de la pena de Herrera, si tuviera contactos con el Gobierno. Pero los seis años a los que se refiere Oliva sólo abarcaron los últimos seis meses del gobierno del FRG, toda la administración de la GANA que no le dio respiro, y el primer año y medio de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

El MP pidió retirar la acusación contra Herrera en una coyuntura cuando éste emergió como operador político de la UNE, según un diputado de este partido (que llamaremos “diputado A”), quien no conoce personalmente a Herrera, pero tampoco lo quiere como enemigo. “El proceso del IGSS lo entretienen —supuestamente para controlar a Herrera— pero no podían demorarlo mucho y que llegara irresuelto al próximo Gobierno”, explica el diputado A. Parecía ser un asunto de “agrado quiere agrado”. Según la fuente, “Herrera es de los males necesarios” y por eso la UNE lo reclutó.

“Gustavo Herrera armaba las charadas en la calle, se ensuciaba las manos, armaba escenarios para golpear a uno y otro [en la oposición] y ver que convenía hacer al partido”, dice el diputado A. “Era discreto, cumplía fielmente y era conocido en los círculos políticos”, afirma. La fuente reveló que Herrera tenía contacto con Gustavo Alejos (secretario privado de la Presidencia), quien hacia “favores a cambio de información”, y que Herrera tenía suficiente información para compartir. El diputado A también lo observaba en mancuerna con el diputado César Fajardo, el más cercano al entonces presidente Álvaro Colom. Fajardo era la cara pública, el puente con Colom, y Herrera era la mano oculta, el gran conspirador. Fajardo lo desmiente. Dice que nunca ha hablado con Herrera.

El abogado Oliva insiste en que Herrera se dedicaba a sus empresas en esa época. Sin embargo, entre 2011 y 2012 también parecía interesado en alternar con diputados de la GANA. “Hace dos o tres años, el diputado Jaime Martínez Lohayza me pidió que lo acompañara a una reunión en el Hotel Barceló, que Herrera organizó”, dijo el diputado Manuel Barquín (entonces, diputado de la GANA, hoy, del PP). Barquín insistió en que él no fue invitado, y que sólo acudió porque Martínez Lohayza se lo pidió. “Allí lo conocí, cuando me lo presentaron”, dice de Herrera. Relató que en la reunión también estaban el diputado Leonel Soto Arango (actualmente en el Partido Unionista) y el diputado Baudilio Hichos (exeferregista y en la actualidad, diputado de Libertad Democrática Renovada). “No abordamos temas específicos”, dice Barquín. “Era una reunión de intercambios”.

Meses después, los diputados designados por sus bancadas se reunieron para elegir a los nuevos miembros de la CSJ. En el grupo figuraban Martínez Lohayza por la GANA, y Arístides Crespo por el FRG, entre otros, según otro diputado de oposición que llamaremos “diputado C”. “Pero no hubo problema”, recuerda. “Nos pusimos de acuerdo rápido y elegimos sin mayor contratiempo”.

La sindicación de narcotráfico

Durante la administración de la UNE, el diputado A dice que Herrera también era un contacto cercano de la embajada de Estados Unidos. “Ellos lo conocen”, dice, sugiriendo que les trasladaba alguna información. Pero de esto tampoco hay evidencia.

El diputado A dice que, en la administración pasada, y en el contexto de apoyar candidatos vía las Comisiones de Postulación, “la embajada hablaba con todos [no sólo Herrera] para decirles, ‘estos sí’, o ‘estos no’”. El 5 de septiembre pasado, la revista ContraPoder publicó que un oficial de la citada sede diplomática era “el interlocutor de su Gobierno con los electores de las Comisiones de Postulación”, y que en agosto circuló una lista de 14 candidatos que la embajada estadounidense  rechazaba, extremo que la vocera de esta embajada, Maureen Mimnaugh, negó según la revista.

En abril de 2004, al inicio de la administración de Óscar Berger, los medios de comunicación citaron al entonces Comisionado Presidencial de Seguridad, Otto Pérez Molina (hoy, presidente del país), cuando aseguraba que Gustavo Herrera estaba involucrado en narcotráfico. Pérez Molina lo identificó como parte de la red del guatemalteco Otto Roberto Herrera García (entonces vínculo entre el colombiano Cartel de Cali y el mexicano Cartel de Sinaloa). En ese entonces, el abogado Oliva asegura que obtuvo una carta de la embajada de Estados Unidos que aclaraba que ninguna agencia estadounidense investigaba a su cliente por narcotráfico. Sin embargo, el pasado 24 de septiembre, Mimnaugh dijo que, “la embajada de Estados Unidos no ha extendido, y no extenderá semejante carta”. De lo contrario, el documento habría sido redactado sólo meses después que la embajada admitió —en un cable diplomático— que Herrera podría estar involucrado en el caso del IGSS.

No obstante, Oliva dijo que “en algún momento” entre mayo de 2003 y 2004, visitó con dos abogados más la redacción del diario Siglo 21 para pedir la publicación de una aclaración a una nota que vinculaba a Gustavo Herrera con el narcotráfico. La única nota aclaratoria hallada fue publicada el 27 de abril de 2004, y no menciona el documento de la embajada. Oliva dijo que no tiene una copia del documento que, asegura, emitió la Embajada de los EE.UU. Explicó que si existía aún, estaba en un viejo archivo del bufete, que tenía años de no consultar.  Se le preguntó por email a Gustavo Herrera si conservaba una copia del documento, pero no respondió.

 

El artículo, que dio origen a la aclaración en Siglo 21, divulgó que un helicóptero registrado a nombre de Gustavo Herrera transportaba 173 kilos de cocaína de Otto Herrera García, y que la aeronave se estrelló en Huehuetenango en 2004. Pérez Molina, según la publicación, corroboró el dato.

Oliva dijo que, “entre 2011 y 2012”, Pérez Molina “aclaró” que no acusó a Gustavo Herrera de estar involucrado en narcotráfico. Así lo cita elPeriódico del 6 de septiembre pasado. Sin embargo, el mismo artículo replica una publicación de InSight Crime que cita al mandatario admitiendo por escrito, a ese medio, que confirmaba el vínculo de narcotráfico entre Gustavo Herrera y Otto Herrera. Se le preguntó al vocero del mandatario, Francisco Cuevas, si podría confirmar si Pérez Molina negó o confirmó la acusación contra Herrera, pero no respondió un mensaje de texto ni las llamadas telefónicas realizadas a su teléfono celular.

En 2014, InSight Crime publicó una nueva sindicación de narcotráfico contra Gustavo Herrera. Según el artículo, fuentes policiales revelaron que Herrera Castillo suministraba cocaína a los Zetas. Sin embargo, salvo por Pérez Molina, las autoridades guatemaltecas no han revelado públicamente que lo investigan por narcotráfico.

El paso al PP

La vinculación de Herrera Castillo al PP no resulta extraña considerando que el oficialismo aloja a varios diputados exeferregistas, y que Herrera recorrió sus primeras avenidas políticas con el FRG. Para Herrera, estas son conjeturas.

Para la oposición, Herrera es un contrapeso importante de López Villatoro. El diputado A lo explica así: el trabajo de López Villatoro es paciente, formador de ligas menores, trabaja con los abogados jóvenes, y sigue su trayectoria hasta que se ubican en puestos claves. Les apoya. Luego, les cobra factura. “Ellos (López Villatoro y Herrera) mandan en el Colegio de Abogados”, dice.

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Herrera, en cambio, según esta fuente, “aborda a los personajes clave cuando ya están en el puesto”. “Le dicen, ‘pero si llegué apoyado por fulano’, y él les dice, ‘y, ¿eso qué tiene? Ahora estás conmigo’, y les paga’. Eso es lo que sucedió con el Colegio de Abogados”, explica. “Ganó la planilla que promovía López Villatoro, pero se le volteó porque se la ganó Herrera”. Esta es una de sus presuntas rutas de influencia hacia las Comisiones de Postulación. Se solicitó una entrevista al presidente del CANG, Luis Reyes García, pero no respondió.

Mientras que de López Villatoro se dice que ofrece becas a España a los jueces, que patrocina carreras profesionales, de Herrera se dice que ofrece respaldo para su elección en el Congreso, y que aborda a postuladores y candidatos, en todas las fases del proceso.

El abogado B y el diputado C aseguran que las maniobras de Herrera son menos onerosas. El abogado, además, insiste en que Herrera es “una excelente persona”, pero habla como quien camina en un campo minado. No dice su nombre. Solo se refiere a “él”, y toca preguntarle varias veces si se refiere a Herrera para asegurarse que en efecto habla de Herrera. “Mire, son tantos los abogados que votan [por los representantes, por ejemplo, del CANG que integraran las comisiones de postulación], que no van a ir con cada uno a decirle, ‘vas a votar por este, o el otro’”, explica. “Lo que hacen es que les organizan desayunos, les pagan capacitaciones, conferencias, y cuando llega la hora de votar [los abogados] dicen, ‘sutano nos ha tratado bien, vamos a apoyar a su candidato’, y así es la cosa”. La influencia es multilateral. Hay puntos de presión y cooptación en varios niveles. El diputado C coincide. “Mire, lo que Gustavo hace es organizar almuercitos, reuniones, nada extraordinario” (quizá como la reunión de 2011 o 2012 en el Hotel Barceló). El diputado C habla encogido de hombros, con la mueca de quien dice algo sin importancia.

Pero una pregunta parece dejarle frío:

—Entonces, ¿cómo se explica la llegada de Thelma Aldana, supuesta ungida del oficialismo, a la Fiscalía General?

El diputado C de pronto se abraza a sí mismo, las palmas de las manos sobre los hombros, como si las solapas del saco van a salir volando, o de pronto le dio frío. Hace una pausa de varios segundos, y finalmente —cual si hubiese contenido la respiración—suelta con una exhalación profunda: “Yo… pienso que Thelma es una… es una dama trabajadora, con conocimiento en lo que está trabajando. Thelmita está allí por la capacidad que tiene”. Al insistir acerca de Herrera, el diputado C es parco. “Gustavo es un tipo cortés, caballero; es un tipazo… Cuando nos vemos, siempre me saluda”, dice. “Es mi amigo, por eso mejor no ponga mi nombre, mejor no”. El diputado C sacude una mano en el aire, en ademán de negación, y retira la mirada.

Recuperado del aparente sobresalto, el diputado C dice que Herrera “Es una persona que conoce cómo se mueve esta situación porque participó en el proceso pasado”. Asegura que muchos abogados le conocen. “[Además], la persona que participa siempre quiere tener…a alguien que lo apadrine”, dice entre risas. “No es apoyo en forma directa. Lo más que pueden hacer Herrera o López Villatoro, incluso hasta los decanos [de las facultades de Derecho], porque todo el mundo tiene padrinos, es decir [a postuladores o diputados], ‘mira, te recomiendo a tal persona’. ¿Qué más podría haber?”

Influencias vía IGSS y Congreso

El impacto de Herrera en las comisiones de postulación es bajo en contraste con López Villatoro, porque su vínculo con el gobierno en este proceso es por medio de Rodríguez, presidente del IGSS, con quien tiene “una amistad antigua”, según el abogado B.

InSight Crime señala que Herrera y Juan de Dios Rodríguez cooptan a los posibles candidatos que las Comisiones de Postulación eligen. Negocian con ellos supuestamente para que, cuando sean magistrados y lleguen a sus manos casos que podrían afectar al gobierno, “ya sepan qué hacer”. Pero pruebas no hay. Una solicitud de entrevista a Rodríguez (vía su asesor de comunicación, Mario Campos), para hablar del tema, no fue respondida. A Herrera se le preguntó si había participado en alguna actividad de cabildeo con Rodríguez, en relación con las comisiones de postulación. Tampoco respondió.

El abogado B explica que “mientras todos se entretienen con las comisiones de postulación, los verdaderos movimientos ocurren en el Congreso, en las entrevistas con los candidatos que ya están en las nóminas”. De otra manera, dice, ¿Por qué no hacen públicas las entrevistas con los candidatos? “Porque en esas entrevistas es cuando los comprometen, los cooptan a cambio de apoyarlos”, afirmó.

Mientras tanto, el diputado Hichos —quien niega vínculo alguno con Herrera— dijo que propondría que las reuniones de los candidatos con la bancada del partido Lider fueran públicas. “Vamos a invitar a los medios de comunicación para que se den cuenta cuál es el interés de Lider, y que no tenemos nada que ocultar”, aseguró.

Nadie parece querer meter las manos al fuego por Herrera. Pero Herrera no se ha cruzado de brazos. El diputado A, el abogado B, y otro diputado de la UNE sostienen que Herrera ya allanó el camino con Lider (la bancada más grande en el Congreso, con 54 diputados), por su amistad “de hace años” con Hichos, para: negociar votos para los candidatos preferidos del PP para la CSJ y las Salas de Apelación; y/o buscar un padrino en el próximo Gobierno.

Hichos lo niega. “Conozco a Gustavo Herrera por los medios de comunicación”, aclaró el diputado, quien ha representado a Chiquimula durante siete periodos. “Lo conozco de vista, [pero] no soy amigo suyo”. El diputado aseguró que no le consta si Gustavo Herrera o Roberto López tienen vínculos con las Comisiones de Postulación.

“De acuerdo con los medios de comunicación, algunos [candidatos] tienen señalamientos de ONG, sindicatos, la Cicig y hasta los objeta la embajada de Estados Unidos, pero ¿qué hay de cierto en eso?”, preguntó Hichos.

La selección final en el Congreso para la CSJ debió requerir una negociación. Y es aquí donde, según algunos diputados de oposición, hay espacio para la influencia de intereses políticos, como los atribuidos a Herrera y López Villatoro. Pero en este contexto, Herrera aún conserva un aura de espejismo. Si Herrera es quien él dice que es, un sujeto dedicado a sus empresas, la oposición ha construido su fama sobre una burbuja de jabón. Pero, si es quien dicen los abogados y diputados que no quieren ser citados, Herrera es una pieza para no perder de vista en este ajedrez político—cuando se deje ver. 

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