Al final de enero de 2020, un diputado tuvo el descaro y la desfachatez de plasmar en una iniciativa de ley una de las expresiones más ofensivas del apetito depredador de los evasores de impuestos. Propuso 100 años de privilegios fiscales. Identificada formalmente con el número de registro 5691 y el poco serio título Ley de 100 años de inversión y empleo, el ponente quiso recurrir al gastado cuento de que otorgando el privilegio de no pagar impuestos se atraen inversiones y se generan empleos.
Sin embargo, ignora el legislador que existen muchos argumentos técnicos y experiencia que evidencian la inconveniencia de su propuesta. Los resultados del Índice de Competitividad Global, elaborado por el Foro Económico Mundial, o de la encuesta Doing Business, elaborada por el Banco Mundial, muestran con claridad que los principales factores que Guatemala necesita fortalecer para atraer la inversión son la eliminación de la delincuencia, la erradicación de la corrupción, el fortalecimiento de la servicio público y el perfeccionamiento de las habilidades de la mano de obra, entre otros, en tanto que el pago de impuestos no figura entre esos factores principales.
Al inicio de marzo de 2020, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) emitió opinión desfavorable sobre la iniciativa 5691, la cual se sumó a numerosas opiniones técnicas también desfavorables y alertas sobre el carácter dañino de la propuesta. Sin embargo, el jueves de la semana pasada, en plena crisis del covid-19 y pese a todas estas opiniones desfavorables, la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda (CFPM) del Congreso de la República decidió dictaminarla favorable con la intención de elevarla al pleno y sumarla a la lista de iniciativas que estaban siendo aprobadas de urgencia nacional, lo que generó escándalo e indignación. De hecho, hasta el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), no precisamente un sector favorable al pago de impuestos, tuvo que aclarar que la iniciativa 5691 no era propuesta de esa entidad, que consideraba que no era momento para aprobar una propuesta de ese tipo y que esta ameritaba más discusión técnica, con lo cual prácticamente confirmaba su escasa o nula calidad técnica.
[frasepzp1]
La semana pasada, la CFPM también dictaminó favorable la iniciativa de ley número de registro 5719, la propuesta del Ejecutivo para ampliar el presupuesto ante la necesidad de adaptar el de 2019 a la realidad de 2020, ya que el año pasado el Congreso no aprobó el proyecto de presupuesto y, de conformidad con lo que ordena la Constitución Política de la República, en este 2020 se está ejecutando el de 2019. Sin embargo, en su dictamen la CFPM agregó rubros que no había solicitado el Ejecutivo, como incrementos de 20 millones de quetzales para el mismo Congreso, de 1 millón para el Parlamento Centroamericano y de 5 millones para la Asociación de Dignatarios de la Nación de la Asamblea Nacional Constituyente, además de que cometió la torpeza descomunal de proponer una reforma a una versión de la Ley Orgánica del Crédito Hipotecario Nacional que ya no está vigente por haber sido derogada.
Estas propuestas causaron escándalo, enojo e indignación por abusivas, torpes e inoportunas. Pese a esto, el domingo pasado la iniciativa 5719 fue aprobada como el decreto del Congreso de la República número 20-2020, luego de suprimirse las propuestas más escandalosas y torpes. Sin embargo, las enmiendas realizadas no borran la forma en que se evidenció el oportunismo depredador de un grupo de integrantes de la CFPM.
La actitud de estos oportunistas depredadores es criminal y no tiene justificación ni excusa.
Más de este autor