Sin embargo, al igual que otros esfuerzos de participación ciudadana, aún tiene mucho por mejorar. El estudio se acerca a evaluar la efectividad del programa en lograr mejoras en educación y salud, y con base a los costos del programa, evaluar su costo-efectividad en esas dos áreas. Resultado de su análisis, Fundesa concluye que el programa ha sido efectivo en educación y salud.
Sin embargo, Fundesa cometió errores en la lectura del Sistema de Contabilidad Integrado (Sicoin), con lo cual los datos respecto del presupuesto y gasto ejecutado por Mifapro son incorrectos. Según los datos empleados por Fundesa, el presupuesto de Mifapro fue alrededor de Q2,250 millones en 2009 y Q2,650 millones en 2010. Fundesa concluye, además, que el 42% de este presupuesto se destinó a gastos de administración, y que solamente cinco ministerios de Estado tienen asignaciones presupuestarias superiores a la de Mifapro.
Los datos oficiales del Ministerio de Finanzas Públicas son sustancialmente distintos. Según la fuente oficial, el presupuesto de Mifapro vigente al final de 2008 fue Q122 millones (de los cuales se ejecutaron Q116.7 millones), Q1,010.8 millones en 2009 (de los cuales se ejecutaron Q968.7 millones) y Q1,212.9 millones en 2010 (Q1,138.8 millones ejecutados). A la fecha, el presupuesto de Mifapro para el ejercicio fiscal 2011 es Q1,026 millones, de los cuales se han ejecutado Q132.7 millones. Además, los gastos de administración fueron 2.4% del total ejecutado en 2009, 2.7% en 2010 y 8.8% del total presupuestado para 2011. Todos muy por debajo del 42% señalado por Fundesa.
Estas diferencias en cifras pueden obedecer a errores técnicos comprensibles y explicables. Sin embargo, tratándose de un programa de interés y controversia política notables, las consecuencias de este error pueden exceder el ámbito técnico. En su edición del 23 de febrero, el diario Siglo Veintiuno encabeza precisamente una nota publicada en la sección “Pulso Económico” con el titular “Mifapro gasta 42% en administración”. Al final de esta nota, incluso, se informa que la diputada Nineth Montenegro, luego de citar al ministro de Educación, analiza presentar denuncias legales.
Se trata, entonces, de un error técnico con implicaciones graves. El esfuerzo de Fundesa es de importancia capital, pues se trata de un avance en materia de participación ciudadana. Sin embargo, para hacerlo valioso, los responsables del estudio deben reconocer públicamente el error, usar las cifras correctas y, sobre todo, corregir sus conclusiones.
En este caso particular, el reconocimiento público del error cometido es la única forma de fortalecer la auditoría social, como un ejercicio ciudadano serio, maduro y responsable. Por lo tanto, el error corregido no constituye falta alguna, por el contrario, es loable. Guardar silencio sobre el error sería socavar el poder ciudadano y constituiría un retroceso sobre los avances hasta hoy logrados.
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