Once millones de personas dependen de la reforma

Han pasado 27 años desde que se aprobó la última reforma migratoria en Estados Unidos, durante la administración de Ronald Reagan. Recientemente, fue el actual presidente de ese país, Barack Obama, quien volvió a poner la discusión en la agenda, durante la campaña electoral de 2012.

La reacción sobre este tema fue casi inmediata después de que Obama fuera reelecto. En enero de este año, un grupo conformado por senadores republicanos y demócratas establecieron una hoja de ruta para elaborar la ley que legalice a 11 millones de migrantes; entre ellos cerca de 1.3 millones de guatemaltecos. Además se espera que en marzo se conozca también la iniciativa oficial del gobernante.

La posibilidad de la reforma significa una oportunidad para muchas personas que viven en la irregularidad en la unión americana, pero también representa un riesgo para quienes no califiquen, pues no sólo perderían la oportunidad de insertarse formalmente a la sociedad, sino que aumentarían las probabilidades de exponerse a una deportación.

Regularización y control fronterizo

The new gang of eight (la nueva pandilla de ocho) es el nombre con el que se conoce al grupo de senadores responsables del primer planteamiento en el que se puede basar la reforma migratoria. Sus miembros son los demócratas Chuck Schumer, Dick Durbin, Michael Bennet y Bob Menéndez, y los republicanos John McCain, Lindsey Graham, Mike Lee y Jeff Flake.

Su propuesta se divide en cuatro ejes. El primero de ellos representa los objetivos principales de la reforma: crear una vía para otorgarle la ciudadanía a migrantes que ya están en Estados Unidos, al mismo tiempo que fortalecer la seguridad fronteriza y evitar que la permanencia de los extranjeros exceda los permisos establecidos.

La mayoría de los puntos incluidos en este eje se centran en la parte relacionada con el fortalecimiento de fronteras –en especial con la zona fronteriza del sudoeste del territorio estadounidense–, como dotar de recursos a las entidades encargadas de su vigilancia y mejorar los controles de las personas en puntos de ingreso como aeropuertos.

Sin embargo, también plantea que los migrantes indocumentados se acerquen al Estado para tener un registro de ellos. Los datos de cada persona permitirán decidir quiénes cumplen los requisitos para obtener la ciudadanía estadounidense y quiénes no. La propuesta establece que las personas con registro criminal quedarán excluidas y se las deportará inmediatamente.

Según el analista internacional Roberto Wagner, será importante que en este proceso se defina qué tipo de faltas o delitos estarán incluidos, pues puede haber faltas menores que no ameriten la descalificación inmediata para que un migrante se nacionalice estadounidense.

Las personas que se registren tendrán que acogerse primero a un sistema temporal en el que tendrán que pagar sus impuestos y multas, demostrar que hablan inglés y dar constancia de su historial de trabajo desde que están en Estados Unidos. Después de 10 años, podrían optar a la ciudadanía.

A criterio de Wagner, en esta fase muchas personas pueden enfrentar el riesgo de no cumplir los requisitos y ser deportados. Aspectos como una constancia irregular de empleo, o una documentación falsa por parte de los patronos pueden poner en peligro el proceso y provocar que muchas personas tengan miedo de acercarse a las oficinas gubernamentales.

“Aún es prematuro tratar de decir quiénes sí y quiénes no”, sostiene Claudia López, miembro del Instituto de Investigaciones y Gerencia Política (Ingep) de la Universidad Rafael Landívar, pero agrega que la situación de muchas personas que “viven en la oscuridad” se mantendría, ya que las posibilidades de obtener el visto bueno se limitarán a quienes tengan más capacidad de insertarse en la sociedad estadounidense.

Los otros elementos de la propuesta bipartidaria

El segundo eje de la reforma de los senadores recalca la diferencia entre las posibilidades de los mejor calificados y el resto: Uno de los objetivos del sistema de migración es garantizar la futura prosperidad económica. Es por ello que, además de enfocarse en ciertas características especiales de los migrantes, se buscará atraer a “los mejores y los más brillantes del mundo”. Para este fin se otorgarán permisos de permanencia a profesionales extranjeros que hayan obtenido posgrados en ciencia, tecnología, ingeniería o matemática en una universidad estadounidense.

El tercer eje es fortalecer la verificación de empleo. Es decir, establecer controles acerca del historial de trabajo, situación actual y empleadores de los migrantes. “Reconocemos que los inmigrantes indocumentados vienen a Estados Unidos casi exclusivamente por trabajo”, expone la propuesta. Es por ello que plantea que la forma de reducir la migración ilegal es por medio de un sistema “duro, justo, efectivo y obligatorio” para esta verificación. Es por ello que propone también multas y sanciones penales para empleadores que incumplan con las normas establecidas, así como sistemas de control para evitar los robos de identidades.

Una de las dudas que siguen aún sin respuesta es qué pasará con los futuros migrantes, aquellos que no formen parte de las primeras oleadas de personas registradas ante el sistema en busca de su regularización.

Para este propósito se plantea la posibilidad de que empleadores estadounidenses contraten mano de obra menos calificada proveniente del extranjero. Los contratistas deberán demostrar que no fue posible encontrar la mano de obra requerida en su país y que los trabajadores extranjeros no desplazarán a los estadounidenses.

En este eje se propone también crear programas de acuerdo a las necesidades de agricultura, regular el flujo de ingreso de migrantes según las necesidades de trabajadores y establecer estrictos controles de cumplimiento de derechos laborales.

TPS y reforma

Antes de que se hablara de la reforma migratoria, los esfuerzos de Guatemala se concentraban en obtener el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) que otorga Estados Unidos a determinados países y consiste en un trato especial para migrantes de países que han sufrido graves desastres naturales o enfrentan conflictos armados internos. Tras el paso del huracán Mitch, en 1998, Estados Unidos ofreció un TPS a las naciones centroamericanas que resultaron afectadas por el desastre natural, pero el gobierno de Álvaro Arzú lo rechazó. El Gobierno de Álvaro Colom intentó que se otorgara este estatus después de los desastres ocasionados por la tormenta Agatha y la erupción del volcán Pacaya, sin éxito.

La petición se ratificó durante la administración de Otto Pérez Molina debido al terremoto ocurrido en San Marcos en noviembre pasado. No obstante, después de que Obama anunciara la propuesta de reforma migratoria, el mandatario guatemalteco indicó que desistiría de la búsqueda del TPS.

No obstante, expertos en el tema dudan de que esta decisión sea la correcta. Reynosa, delegada de la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH), en la Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala (Menamig), sostiene que Guatemala no debe dejar de insistir. “No hay que abandonar la lucha. El TPS permitiría mejores oportunidades para muchos guatemaltecos en Estados Unidos”, agrega.

El TPS tiene limitaciones, pues nada más incluiría a los guatemaltecos que hayan migrado en un período determinado. Pese a ello, Claudia López asegura que contar con un TPS beneficiará al menos a algunos de los migrantes que no llenen los requisitos de la reforma.

Aun así, ni la reforma migratoria ni el TPS –si todavía fuera una posibilidad– detendrán las deportaciones de guatemaltecos, que han ido en aumento durante los últimos diez años. Reynosa señala que durante 2012 el número de deportados guatemaltecos fue de 3,225. La cantidad sobrepasa los 2,090 que se registraron en 2011.

Aún cuando cruzar la frontera sea cada vez más difícil, López desconfía que estos controles sean suficientes para disuadir a las personas que intentan cruzarla sin documentos, pues la falta de oportunidades laborales seguirá llevando a las personas a intentarlo.

La investigadora añade que hay menores de edad centroamericanos que prefieren la ruta a través de México, en la que mueren tantas personas al año, pero que les representa más probabilidades de sobrevivir que quedarse en su país debido a las condiciones de inseguridad.

La prioridad de Obama

“Envíenme un proyecto de ley de reforma migratoria integral en los próximos meses y lo voy a promulgar de inmediato", expresó el Presidente estadounidense en un discurso del pasado 12 de febrero. Sin embargo, se espera que el mes próximo llegue también al Congreso la iniciativa del Presidente. Según Obama, no haber logrado antes la reforma es uno de los principales fracasos de su primer período presidencial.

Su diseño preliminar, publicado por el secretario de Prensa de la Casa Blanca, coincide en lo esencial con la de los senadores, tanto en sus objetivos como en la forma de alcanzarlos. Sin embargo, en la propuesta de Obama, los migrantes que obtengan la residencia temporal podrían optar a la ciudadanía después de cinco años. Además, esta propuesta no condiciona la naturalización a la seguridad fronteriza, pues ambos temas se ubican en ejes diferentes.

Flora Reynosa considera que uno de los puntos más preocupantes en materia de derechos de las personas que emigran a Estados Unidos es que ambas propuestas se enfocan en fortalecer el control de las fronteras.

Su preocupación radica en que se proveerá de más recursos a la patrulla fronteriza que ya ha sido señalada por violaciones a derechos humanos. “El año pasado recibimos dos cadáveres por esta causa, y éstos son sólo los casos de los que tenemos conocimiento”, agregó la delegada. También explicó que al ponerse más estrictos los controles fronterizos, los migrantes se verán obligados a buscar rutas menos vigiladas que pueden ser más peligrosas.

Las iniciativas deben formalizarse, discutirse y aprobarse en las dos cámaras que conforman el Congreso estadounidense. Es posible que en este proceso –en el que intervienen visiones muy diferentes sobre el contenido que debe llevar la reforma–, surjan nuevas iniciativas o los proyectos actuales sufran modificaciones con respecto a sus planteamientos originales. Mientras eso sucede, continuará la esperanza de quienes vieron a dos partidos rivales unirse en una misma causa y el escepticismo de quienes temen que las condiciones para su naturalización sean muy difíciles de alcanzar.