El presidente presume que 2017 fue un año lleno de hitos y éxitos. Sin embargo, además de presentar de manera aislada los resultados, omite situaciones y contextos que, al ser visibilizados, hacen que esos éxitos se desvanezcan. Por ejemplo, menciona como logro histórico la disminución de la tasa de homicidios, pero ya desde 2010 se viene reduciendo (de 46 en 2010 a 24 en 2017). Sin embargo, esta tasa de homicidios se ubica cuatro veces por encima del promedio global, que mide los niveles de violencia establecidos por Naciones Unidas (6.2 por cada 100 000 habitantes) y que posiciona a Centroamérica y a África del Sur como las subregiones más violentas del mundo.
Además, si bien señala que en 2017 disminuyó la tasa de homicidios (24.16 por cada 100 000 habitantes), hay departamentos extremadamente violentos. De acuerdo con la Policía Nacional Civil, nueve departamentos se ubican por encima de esa tasa nacional. Zacapa fue el más violento, con una tasa de 55.95. Lo siguieron Chiquimula (53.34), Escuintla (49.10), Guatemala (49.08), Izabal (40.57), Santa Rosa (37.89), Petén (31.09), Jutiapa (26.39) y Jalapa (24.49).
Según Morales, estamos mejor que cuando asumió la presidencia en 2016. Sin embargo, estudios sobre desplazamiento forzado interno y de retorno del Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales y Territoriales de la Universidad Rafael Landívar reflejan lo opuesto.
Nuestros estudios señalan que situaciones de violencia contra las mujeres y los menores de edad, las amenazas y el cobro de extorsiones provocan desplazamiento forzado interno. Entre 2015 y 2017 se incrementaron en 57 % las denuncias por extorsiones, registros que no reflejan en su totalidad el problema, ya que no todas las personas extorsionadas denuncian, ya sea por miedo a ser víctimas de represalias o por desconfianza en las autoridades.
El desplazamiento interno es un paso que antecede la búsqueda de medidas de protección internacional. El terror y la inseguridad obligan a buscar refugio en otros países. Los informes estadísticos de la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados en Guatemala de entre 2010 y 2017 registraron 86 055 solicitudes de asilo, principalmente a países como Estados Unidos, México y Canadá.
Así, vemos que por un lado se incrementan las extorsiones y las solicitudes de asilo y por otro disminuye la tasa de homicidios. Esta situación demuestra una nueva dinámica de la violencia que el Estado debe entender como una forma de inseguridad constante, la cual está ligada a la desigualdad, que genera pobreza y falta de oportunidades para la población: violencia que en muchas ocasiones se ve motivada por razones económicas.
Además, mes a mes regresan al país cientos de migrantes vía la deportación o por decisión propia. En 2017, la Dirección General de Migración registró 65 904 deportaciones. Tampoco estos datos muestran la totalidad del retorno. Todas las personas que retornan, independientemente de sus razones, se topan con un país que ofrece desempleo y subempleo, falta de acceso a servicios, ausencia de ambientes saludables y para la recreación, falta de oportunidades de desarrollo, pobreza, violencia.
Obviar las causas de estos flujos migratorios, internos e internacionales, no solo es irresponsable, sino que no permite trazar líneas coherentes y sostenibles de desarrollo y bienestar para la población guatemalteca, así como condiciones para quienes por cualquier razón regresan a su país.
La grave problemática del desplazamiento y de la migración forzada no desaparecerá con las fantasías presidenciales de este informe.
Más de este autor