El tradicional fiambre de todos los colores y los platos propios de cada región aderezan la ruta a los cementerios para el encuentro anual con la memoria y las querencias. Más allá de las circunstancias en que se haya producido la muerte de esa persona amada, predomina la emoción del encuentro que marca un día en el calendario.
Incluso las familias que no pueden ir a un cementerio para adornar a sus familiares porque fueron desaparecidos encuentran en esta fecha la oportunidad de ofrendar su homenaje. Son todas ellas ofrendas de dignidad a la vida, a la memoria y al legado de aquellos que viven en el corazón de quienes, lejos de olvidar, siguen día tras día en la búsqueda de sus restos.
En la Plaza Central, también llamada de la Constitución, un círculo formado por 41 cruces hechas por manos amorosas de memoria recuerda a igual número de niñas doblemente asesinadas por el Estado: primero, al negarles una vida de dignidad y de derechos, y segundo, al incendiarlas cuando debió haberlas cuidado y protegido porque estaban a su resguardo. Es ese el punto de la ofrenda a quienes vivieron en carne propia la tragedia de la inequidad.
Mientras, en los tribunales de justicia se abre una ventana más para juzgar el genocidio en Guatemala, esta vez a los altos mandos del gobierno de Fernando Romeo Lucas García y a quienes manejaron la institución castrense entre 1978 y 1982. Es un caso de genocidio que también afectó al pueblo ixil y que mediante este proceso honra a sus víctimas, a sus seres queridos ejecutados o desaparecidos por las fuerzas militares de esa época.
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Pero, mientras en todos los rincones del país y en todos los hogares con memoria de amor se honra a los difuntos, unos vivos en el Congreso de la República intentan arrasar con lo poco que aún sobrevive del andamiaje democrático. Habiendo conseguido de forma alevosa que desde la Presidencia se anulara la actuación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), van ahora con toda la maquinaria en contra de la institución del Procurador de los Derechos Humanos (PDH).
En su obsesión por la venganza, no solo arremeten contra el titular del PDH, Jordán Rodas Andrade, sino también contra la misma institución. Y aunque piensen que proyectan rectitud, en realidad los promotores de la emboscada al PDH tienen una gigantesca cola que machucar. Ni uno solo de estos usurpadores de curul en el Congreso puede levantar la frente y actuar con dignidad. Por el contrario, si algo brilla en su entorno, ese algo es la aureola de corrupción y de cinismo que ahora nutre su accionar arbitrario, dictatorial y perverso.
Cuánta diferencia con quienes integran la Asociación Justicia y Reconciliación (AJR), promotora de los procesos por genocidio. Los miembros de la AJR llevan décadas recopilando evidencia y resguardado el testimonio y la memoria para honrar a sus seres queridos. En cambio, los forajidos del Parlamento han sido incapaces de actuar con debida diligencia en el proceso que intentan generar en contra del PDH. Se han saltado todas las trancas de la ley, al extremo de que el presidente del Legislativo, Álvaro Arzú Escobar, por ignorancia supina o cínica arbitrariedad afirmó que el Congreso, por no ser un tribunal, no estaba obligado a respetar el debido proceso. Cualquier integrante de la AJR podría darle cátedra de derecho y de debido proceso, puesto que durante décadas ha litigado en procura de justicia y de romper el muro de la impunidad que la corrupción ha sostenido.
En esta nueva fecha de encuentro con las querencias es momento para honrar a las víctimas del genocidio, a las personas desaparecidas, a las niñas del hogar Virgen de la Asunción, a las víctimas de la inequidad y de la corrupción. Porque quienes llevan en la memoria el barrilete de la dignidad lo elevarán más allá del cinismo, la arbitrariedad y la estulticia de los diputados, del Ejecutivo e incluso de los jefes del Organismo Judicial, cuyas actuaciones deshonran sus vidas.
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