Los planes de Gobierno presentados por los distintos partidos muestran el “estado del arte” de la reflexión de los cuadros técnicos operando en la sociedad en este momento.
¿Existirá una continuidad en las acciones que el Estado guatemalteco ha puesto tímidamente en marcha estos últimos años para promover el ordenamiento y la gestión territorial, en respuesta a los desafíos del cambio climático y del “desorden territorial” nacional?
El análisis de los planes de gobierno del Partido Patriota (Agenda del Cambio), de la coalición VIVA-Encuentro por Guatemala (Guatemala 2050), del Frente Amplio (Programa de Gobierno), únicos disponibles en Internet al día de hoy, ofrece una respuesta contrastada.
Ciertamente, nos podemos alegrar que la temática esté incluida de manera explícita en casi todos los documentos (solo el programa del Frente Amplio no hace ninguna referencia clara, aunque se puede deducir una línea de acción en ordenamiento territorial en el eje de bienes naturales, medio ambiente y cambio climático). Esto es un buen indicador de la paulatina institucionalización del instrumento en los círculos profesionales del país. Pero el alcance que se da a este tema en todos los planes es muy reductor y muy lejos de la concepción del ordenamiento territorial entendido desde una óptica transversal como una política de Estado y un proceso planificado de naturaleza política, técnica y administrativa, cuyo objeto central es el manejo del suelo en su sentido más amplio, buscando establecer óptimos en el uso de un recurso escaso, que se deben definir técnica y socialmente, para el beneficio de la mayoría de la población.
Existen muchas coincidencias entre los planes del Patriota y de VIVA-Encuentro por Guatemala: el ordenamiento territorial se concibe como un instrumento del desarrollo rural, muy orientado hacia mejorar la productividad local. Para el Partido Patriota, se ordena el territorio a partir de los análisis del suelo y sus potencialidades. Esa concepción muy “agronómica” del ordenamiento territorial ha sido superada en otras latitudes, donde la idea de que la capacidad humana de transformar del territorio supera con creces la “dictadura” del potencial del suelo. Basta con ver cómo los israelíes lograron desarrollar su agricultura en medio del desierto.
Un poco más completo, el plan de Gobierno de Harold Caballeros hace referencia a la necesidad de “integrar la gestión de riesgo con visión de largo plazo en el ordenamiento territorial, incluyendo la inversión pública y las normativas de uso de recursos y actividades productivas” y plantea el ordenamiento territorial como un instrumento de gestión de cuencas, en directa prolongación de los esfuerzos actuales de manejo de riesgo y adaptación al cambio climático que el país ha emprendido.
Sin embargo, existen algunas contradicciones en este documento: el programa de gobierno de la coalición EG-Viva pone de manifiesto su categórica propuesta de eliminar los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) para agilizar los trámites de permisos de construcción de nuevos proyectos productivos (“Eliminar el requisito de preparar la evaluación de impacto ambiental y obtener la aprobación del MARN para proyectos de bajo impacto ambiental”), medida que atenta en contra de uno de los principales instrumentos de ordenamiento territorial y gestión ambiental (A la fecha el EIA es el único instrumento que permite controlar, regular y mitigar los impactos de la obra en el territorio) . ¡Vaya contradicción!
Con esta primera lectura, los tres planes de gobierno nacionales dan una cierta esperanza de continuidad en las acciones de ordenamiento territorial emprendidas hasta el momento en el país, al menos en un plano técnico. Preocupan algunas lagunas importantes (ninguna propuesta nacional hace referencia al enfoque urbanística del ordenamiento territorial y la posibilidad de apoyo hacia los municipios para construir ciudades más ordenadas) y el alcance reducido que se propone. Preocupa también el pasar de la declaración de intención hacia mecanismos concretos de regulación de los usos del suelo en el territorio que sean respetados por todos. El caso Tomza en punta de Manabique demuestra lo difícil que es seguir regulaciones territoriales, cuando existen intereses fuertes de por medio.
Puesto que incide en el bienestar de la población y regula la acción de distintos agentes, el ordenamiento territorial es una actividad no solo técnica, sino también eminentemente política. La esperanza de un pacto social y de convivencia de índole nacional que provee a sus habitantes salud, bienestar, seguridad y oportunidades, permitiéndoles desarrollarse plenamente como ciudadanos en un entorno de sostenibilidad ambiental está todavía por definirse en Guatemala. Y con ello el verdadero ordenamiento territorial.
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