de doscientos metros alrededor de las orillas de los lagos; de cien metros a cada lado de las riberas de los ríos navegables; de cincuenta metros alrededor de las fuentes y manantiales donde nazcan las aguas que surtan a las poblaciones”. También indica que “Se exceptúan de las expresadas reservas a) Los inmuebles situados en zonas urbanas; y b) Los bienes sobre los que existen derechos inscritos en el Registro de la Propiedad, con anterioridad al primero de marzo de mil novecientos cincuenta y seis.
Utilizando estos criterios de delimitación, las Reservas Territoriales del Estado podrían alcanzar poco mas de 200,000 hectáreas equivalentes a 1.85% del país. Estudios conjuntos de FUNDAECO y IARNA-URL estiman que, con las excepciones citadas en el artículo 122 de la Constitución, las Reservas Territoriales del Estado que deben administrarse como tales, suman entre 120,000 y 130,000 hectáreas. Se estima también que la cobertura boscosa no vas mas allá del 5% del total con un ritmo de pérdida del 2% anual. El resto son tierras agrícolas –casi 35% del total-, tierras inundables, centros poblados, entre otros usos. En la zona viven al menos 140,000 personas. Un 35% de la superficie total tiene la condición de área protegida.
Las principales fuerza impulsoras y causas directas de la degradación, el desorden y la pérdida de control estatal sobre estas reservas se relacionan con la expansión agroindustrial -caña de azúcar, palma africana, hule, ganadería-; actividades acuícolas para producir camarón, producción de sal, demanda de madera para construcción y leña como energético, urbanización desordenada, drenaje de humedales y la agricultura de pequeña escala. Recientemente ha surgido la amenaza de las actividades mineras.
La literatura especializada cita algunos aspectos que configuran el “valor estratégico” de estas reservas –incluyendo la Zona Económica Exclusiva para el caso de los océanos– lo cual fortalece su condición de reserva bajo control estatal, la inalienabilidad de las mismas y consecuentemente también justifica los mecanismos de arrendamiento y concesión como la única vía para que un ciudadano pueda disfrutar de los beneficios de estos espacios. Esto sin desmedro de la posibilidad de evaluar otras formas de acceso que garanticen los aspectos estratégicos sin colisionar con su condición de bien público.
Los aspectos estratégicos relevantes se relacionan, al menos, con propósitos ambientales, propósitos de seguridad, propósitos económico-sociales y propósitos culturales y recreativos. La institucionalidad pública debe garantizar la polifuncionalidad de estas reservas y el cumplimiento de estos propósitos estratégicos.
En el primer caso, el ambiental, la administración de estas reservas debe privilegiar el enfoque de ecosistemas para garantizar la viabilidad de las poblaciones silvestres propias de estos espacios –refugio, reproducción, crecimiento– y las funciones de regulación de los ecosistemas, por ejemplo, la defensa contra eventos climáticos extremos.
En el segundo caso, intervienen aspectos ligados al control del tráfico de mercancías y personas.
En el tercer caso intervienen aspectos vinculados a la necesidad de garantizar el bienestar humano de las comunidades asentadas en estas zonas así como los aspectos logísticos que incrementan la competitividad comercial del país.
Y en el cuarto caso, las reservas territoriales deben ofrecer condiciones para que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho al ejercicio cultural y a la recreación.
Estos propósitos estratégicos no son abordados en la Ley ordinaria relativa a las Reservas Territoriales del Estado –Decreto Ley 126-97– circunscribiéndose solamente a aspectos meramente operativos, dentro de los cuales destacan, el desarrollo de un catastro y un registro actualizados, el establecimiento de una zonificación para fines de manejo y la coordinación con las municipalidades respectivas para evitar duplicidad y choques en las propósitos que se deben perseguir. Estos aspectos operativos son claves para la gestión de las reservas territoriales pero prácticamente son inexistentes hasta el día de hoy.
Este ámbito de gestión pública ilustra nuevamente la falta de pertinencia y calidad que exhiben los gobiernos. La Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET- carece de jerarquía política dentro del Organismo Ejecutivo –es una unidad adscrita al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, MAGA– y carece también de capacidades humanas, instrumentales y financieras para desarrollar apropiadamente su mandato. A lo largo de su existencia ha privado un ambiente de discrecionalidad en la asignación de concesiones y arrendamientos y no ha garantizado la igualdad de oportunidades en el acceso a estas reservas estratégicas que tienen la condición de bien público.
Consecuentemente no ha sido capaz de garantizar el cumplimiento de los propósitos estratégicos ya señalados. Al contrario, el deterioro ambiental mantiene trayectorias alarmantes, las comunidades carecen de servicios básicos de vivienda, salud y educación; grandes espacios están totalmente fuera del control de las autoridades y se consolidan como bases de operación para actividades ilícitas; se ha privatizado el carácter público de estos bienes de tal manera que existe una tremenda exclusión para la mayoría de los guatemaltecos que buscan posibilidades de recreación. Existe un vacío de autoridad institucional de grandes proporciones generándose serias colisiones con las Municipalidades con presencia en estos espacios, quienes ni lentas ni perezosas, han tomado control de tales espacios con fines netamente comerciales y clientelares de beneficio personal.
Actualmente se estima que OCRET apenas ha logrado regularizar la situación de unos 8,100 arrendatarios-concesionarios, equivalentes a menos de un 10% de la superficie total bajo su jurisdicción. Con esta cobertura percibe un ingreso estimado de unos 12 millones de quetzales. Ingresos adicionales por concepto de IUSI perciben las municipalidades.
Hay, al menos, dos líneas de trabajo que son completarías para caminar hacia un escenario más eficiente. La primera se refiere a la necesidad de asignar una mayor jerarquía institucional a esta entidad y dotarla de capacidades humanas e instrumentales de primer orden, lo cual requiere la modificación de la Ley. La segunda se refiere a la necesidad de realizar un “Plan Maestro de Gestión de las Reservas Territoriales” que dimensione apropiadamente las necesidades financieras para el funcionamiento ordinario y también las inversiones extraordinarias para desarrollar el catastro y el registro de la totalidad de las reservas y establecer una zonificación funcional. Se estima que estas inversiones extraordinarias estarían en el orden de los 30 millones de quetzales. Con esta inversión se podría obtener un retorno de al menos 100 millones de quetzales anuales en un esquema de recaudación apuntalado por los propósitos estratégicos arriba citados y no por el esquema perverso actual dentro del cual la entidad impulsa los arrendamientos como una vía para incrementar la recaudación para funcionamiento, sacrificando los propósitos estratégicos de las Reservas Territoriales del Estado.
En síntesis, se necesita un verdadero nivel de institucionalización de las Reservas Territoriales del Estado y sus propósitos estratégicos. Las dos líneas de trabajo sugeridas, que abonan a la necesidad de contar con autonomía, adaptabilidad -contrario a la rigidez- y coherencia, deben ir allanando el camino para alcanzar una mayor coherencia y especialización para cumplir más fielmente con los propósitos estratégicos citados.
Esta es una tentativa totalmente viable y hoy el Gobierno cuenta con gente honesta al frente de la entidad para impulsarla. Ojalá el Presidente se anime a tomar este desafío estratégico para empezar a configurar un legado potencial más integral de su paso por el Gobierno.
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