Uno de los desafíos más grandes de esta iniciativa es lograr un nivel razonable de consenso social acerca del valor, en sí mismo, que tiene el patrimonio natural y el valor que tiene como base sobre la cual se sustentan las actividades económicas del país y las necesidades materiales de las personas. Tan real como ignorado —genuina o deliberadamente— es este hecho, que hemos alcanzado niveles de agotamiento, deterioro y contaminación que ya se han revertido —con tendencias incrementales— directamente en la población, especialmente la más vulnerable.
Otro desafío de la iniciativa tiene relación con este último planteamiento. Se refiera a la necesidad de reconocer socialmente que hay una crisis ambiental, históricamente construida y que tiene su origen en el esquema económico que hemos adoptado y los procesos político-institucionales que de éste se derivan. Un esquema que indudablemente ha ignorado, por un lado, que los sistemas naturales tienen una “capacidad de carga” —como cualquier ser vivo— que al ser rebasada, ineludiblemente, tiende a deteriorase, incluso, a niveles irreversibles. Por otro lado, la dura realidad muestra que este esquema no ha sido capaz de proveer “seguridad económica” a más de la mitad de la población.
Estas dos realidades, aderezadas con una larga lista de carencias, han albergado el círculo vicioso en el que los guatemaltecos más pobres han de afrontar las consecuencias que implica “degradar espacios naturales terrestres y acuáticos” —así como los futuros acontecimientos derivados del cambio climático—; al mismo tiempo que sufrirán “incrementos” en los niveles de pobreza, ya que “los pobres” no tienen capacidad de respuesta —por su fragilidad— frente a los embates derivados de estas realidades.
En este contexto, el OAG reconoce que uno de los desafíos más grandes de los guatemaltecos es, sin ninguna duda, eliminar o al menos reducir la pobreza. Este desafío nos lleva a pensar que el problema sustantivo de los planteamientos anteriores es de carácter político. Es por ello que el OAG plantea la necesidad de suscribir un “pacto ambiental” que, atado a un “pacto nacional” de mayor alcance, pueda redefinir metas económicas —incluidas las de carácter fiscal—, sociales, ambientales e institucionales que viabilicen nuestro futuro. El OAG tiene la esperanza de encontrar interlocutores para debatir y construir en torno de estos desafíos.
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