Denominado Comisión de Actualización y Modernización Electoral (CAME), dicho mecanismo fue convocado por el TSE mediante el acuerdo 625-2019, de fecha 15 de octubre del presente año, y su período de recepción de propuestas finaliza el próximo viernes 15 de noviembre. Debido a este hecho, las reuniones para discutir y definir posibles reformas a la actual Ley Electoral y de Partidos Políticos se han multiplicado, proceso que es solamente la antesala para la posterior discusión que favorezca el consenso político que permita aprobar la siguiente generación de la reforma electoral.
Al respecto, hemos empezado a argumentar que los objetivos de la reforma deben centrarse en cuatro grandes temas: fortalecimiento y autonomía del órgano electoral, revisión crítica de las reformas del 2016 referidas al financiamiento partidario y al régimen de medios, mejoramiento de la representatividad electoral mediante mecanismos que permitan el acercamiento y el control del votante al desempeño de los representantes, y mejoramiento de los mecanismos que favorezcan una mayor inclusión social, de género y cultural en los procesos políticos. Para cada uno de los objetivos arriba mencionados se pueden desarrollar diversas propuestas que permitan aterrizar, mediante el articulado concreto, la mejor combinación de propuestas que permitan alcanzarlos. Por su parte, el último informe de la Cicig divide su argumentación en cinco rubros: 1) reforma electoral de las circunscripciones electorales y la apuesta por listas abiertas, 2) democratización de los partidos políticos mediante la reducción de las barreras de ingreso al sistema partidario y la búsqueda de figuras alternativas de tipo ciudadano —los comités cívicos, por ejemplo—, 3) un rediseño del TSE que separe las funciones administrativas de las jurisdiccionales de tal manera que se mejore el mecanismo para la selección de magistrados, 4) fortalecimiento de las capacidades del TSE para la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y 5) una revisión del régimen de propaganda electoral que permita superar las deficiencias del proceso electoral 2019.
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En general, el desafío principal de la reforma electoral es superar la inercia que arrastra el sistema electoral desde 1985. Y esa inercia es su baja representatividad y su consecuentemente muy débil legitimidad política, aspecto que fue mucho más evidente en el proceso electoral 2019. El problema de fondo es que, para superar esta grave deficiencia, debemos enfrentarnos a la inercia política de operar un sistema electoral que funciona sin un sistema de partidos políticos reales producto del poco arraigo de las organizaciones partidarias con los ciudadanos y con los actores sociales organizados de la sociedad guatemalteca.
Lamentablemente, resolver este problema no es fácil. En primer lugar, está el problema del financiamiento: el sistema electoral guatemalteco no contempla ningún tipo de financiamiento para organizar partidos políticos ni para fortalecer la vida electoral en el período preelectoral, sino que solo contempla un financiamiento poselectoral. En segundo lugar, la inercia de los partidos políticos que privilegiaron lo electoral por encima de la representatividad favoreció la baja legitimidad que exhiben las organizaciones políticas en la actualidad. Finalmente, la reforma 2016 obliga a los partidos políticos formados a arriesgar su ficha partidaria en las elecciones. Todo lo anterior sigue reproduciendo la enorme dificultad de construir partidos políticos realmente representativos, especialmente porque la promoción de procesos de construcción partidaria no se produce de la noche a la mañana. Eso significa que la principal contradicción del sistema es la que existe entre la necesidad de mejorar la representatividad y la urgencia por postular mejores representantes: aspecto que algún partido nuevo llamó el «sentido de la oportunidad política», nombre elegante para definir el oportunismo político.
La inercia principal del sistema, entonces, es que la urgencia por colocar mejores representantes lleva a organizar partidos que privilegian lo electoral por encima de la representatividad, lo cual refuerza la crisis. Siempre surgen opciones novedosas que posteriormente caen en los mismos vicios del sistema porque, si no juegan con las reglas vigentes, no pueden aspirar a ser electoralmente exitosos. Lo urgente, por lo tanto, termina matando lo importante. Quizá por ello nunca tocamos fondo: a cada crisis le sigue una mayor, y a cada presidente considerado como el peor le sigue otro que es siempre más nefasto.
Superar el actual modelo electoral, que opera sin partidos políticos reales, es el auténtico desafío de la democracia guatemalteca.
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