Primero fue la propuesta de los salarios mínimos diferenciados, un tema que todavía necesita más discusión, particularmente desde la perspectiva de dar la espalda al desarrollo de la agricultura familiar y por sus claras implicaciones en cuanto a violar el derecho a la alimentación (puesto que los salarios a pagar están por debajo del costo de la canasta básica alimentaria). El Estado de Guatemala es signatario de las Directrices voluntarias en apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada.
Ahora, el colega columnista Lisardo Bolaños nos presenta otra propuesta: imponer impuestos a las remesas familiares.
Su razonamiento, bien hilvanado, parte de ver las remesas como renta, por tanto generadora de tributos. O eso es lo que yo supongo porque no brinda una definición de remesa para que la propuesta pueda ser analizada desde el punto de vista fiscal.
Según la Organización Internacional para las Migraciones, las remesas son «la porción de sus ingresos que el migrante internacional envía desde el país de acogida a su país de origen».
Se habla mucho de la importancia del capital extranjero para dinamizar la economía. Se proponen facilidades extraordinarias, como la exoneración de impuestos a plazos largos.
Veamos: si las remesas son ingresos generados en los países de acogida, ¿acaso no le queda mejor la categoría de capital extranjero en vez de la de renta interna?
¿Qué hace la economía local para generar esos ingresos? ¿De qué servicio público (carreteras, comunicaciones, energía) se vale? De ninguno. El país y la economía no participan en la generación de esos ingresos en países de acogida. No son repatriaciones de capital. Entonces, ¿cuál es la justificación para gravarlos?
Las remesas constituyen el invento del siglo en materia de redes de protección social. Son el resultado del exilio económico, la persecución política, la discriminación y la falta de oportunidades para cientos de miles de guatemaltecos. De los muchos subproductos económicos y sociales de este fenómeno de migración forzada, las remesas quizá sean lo único bueno.
Pero vayamos más allá de argumentos no cuantificables.
Esa riqueza generada en el extranjero es depredada por el sistema financiero, que no lo produce pero encuentra la manera de apropiarse de una buena porción. Los costos de transferencia son absolutamente injustificables. ¿Es gravada esa renta financiera?
Luego, el dinero de las remesas es una inyección vital para la economía. Sin ellas Guatemala no gozaría de estabilidad monetaria frente al dólar. La tasa de cambio se ha mantenido durante muchos años. La revaluación del quetzal frente al dólar significa bajo costo de las importaciones (vale la pena pensar en todo lo importado que consumimos o en lo que se produce con insumos importados), de manera que todos somos beneficiarios directos del efecto remesa familiar. Gracias a ellas llenamos nuestro tanque de gasolina con menos quetzales. Y podríamos pasar semanas mencionando beneficios. Claro que los exportadores ganan menos, y esto es también importante para la economía, pero a nadie se le ocurriría prohibir las remesas a fin de encarecer el dólar.
La deuda externa se adquiere en dólares y se paga en esa misma moneda, pero a partir de los quetzales en la economía. Así que las remesas ayudan hasta a pagar la deuda externa. Es decir, las condiciones macroeconómicas del país cambiarían violentamente sin la presencia de esos flujos de capital extranjero, que ingresan sin el más mínimo esfuerzo productivo nacional. Gracias, migrantes.
Internamente, las remesas hacen crecer a muchos sectores de la economía. La expansión de la telefonía se debe al aumento de la demanda. Y muchas personas tienen teléfono gracias a las remesas, pues la comunicación con los exiliados económicos es necesaria. Cualquiera que haya viajado recientemente a las zonas rurales sabe de la cementización de la construcción. Gracias a las remesas se han podido crear colegios privados. Y el efecto económico del consumo de bienes y servicios a partir de las remesas suma y sigue.
Entonces, las remesas deben premiarse, no gravarse. El Gobierno les debe mucho a los exiliados económicos. Debería asegurarse de la calidad de las escuelas privadas y crear todas las condiciones y todos los estímulos necesarios para crear flujos de remesas hacia la inversión privada en vez de hacia el consumo. Esas son las políticas públicas que necesitamos, y no el recurso fácil de imponer impuestos, porque las remesas se hicieron cargo de hacer lo que el Gobierno y otros capitales extranjeros no han querido.
Estoy de acuerdo con que hace falta mucha inversión en el campo, que ha sido siempre, como en el caso de los salarios mínimos diferenciados, el que paga los platos rotos de la falta de visión social y económica de las políticas apúblicas. Propongo que veamos las remesas como capital extranjero salvavidas y les demos el mismo tratamiento de alfombra roja que se propone para otros. ¿Qué tal si empezamos por abaratar la transacción y gravar la renta financiera que genera?
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