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La alianza de los diputados fue útil únicamente para aprobar leyes que benefician a señalados de corrupción. Foto: Simone Dalmasso

Nueve sorpresas de la iniciativa de Presupuesto 2020

El cumplimiento del pacto colectivo representa una mejora de los salarios pero una pérdida de puestos de trabajo.
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Nueve sorpresas de la iniciativa de Presupuesto 2020

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Además de la asignación presupuestaria a ONG’s nuevas, sin experiencia o vinculadas a diputados, un análisis de IDIES muestra cómo el presupuesto que se discute en el Legislativo prioriza —con poco sustento o de forma contradictoria— aumentos y disminuciones en rubros para atacar problemas urgentes.

Redes-lateral

Quedan pocos días para que el Congreso pueda aprobar el Presupuesto General de la Nación. En su último intento pidieron la ayuda de la Policía Nacional Civil para rodear el Congreso y contener las manifestaciones. Joviel Acevedo y el sindicato de maestros también se hicieron presentes para apoyar a los congresistas. Por falta de quórum, otra vez, no pudo ser aprobado.

El Instituto de Investigación y Proyección sobre Economía y Sociedad Plural (IDIES) analizó el proyecto de ley, que presenta contradicciones poco evidenciadas desde que inició el debate para aprobarlo. Este análisis no contiene las enmiendas que el diputado Raúl Romero, futuro ministro de Desarrollo Social, planteó en las últimas horas, y que de aprobarse reducirán casi 200 millones el presupuesto del proyecto original.

Más presupuesto, pero con recortes a prioridades

El proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2020 contempla gastos por un monto de 91,900 millones de quetzales, equivalente a 4.1 % más que en 2019.

De acuerdo con el Ministerio de Finanzas Públicas, en los últimos tres años se han realizado incrementos sostenidos a la asignación presupuestaria de cada  uno de los ejes. Sin embargo, al analizar cada uno de los rubros individualmente, los números indican algo diferente.

Mejor sueldo, menos maestros

El pasado 26 de noviembre, Joviel Acevedo junto con el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), rodearon el Congreso para facilitar el acceso a los diputados que intentaban aprobar el Presupuesto. El argumento de Acevedo fue mostrar su respaldo a este proyecto de ley que aumenta los ingresos para el Ministerio de Educación (Mineduc).

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De las 14 carteras, la asignación más alta la tiene el Ministerio de Educación, incluye un incremento de Q746.0 millones para cumplir con el aumento de 5% otorgado mediante el pacto colectivo suscrito entre el magisterio y el Mineduc.

El rubro de remuneraciones subirá de Q12.6 millones en 2019 a Q13.3 millones. Pese a ello, el incremento salarial implicará que en 2020 habrá 388 plazas menos (en 2019 se presupuestaron 202,415 plazas de maestros). El cumplimiento del pacto colectivo representa una mejora de los salarios pero una pérdida de puestos de trabajo.

Se debilita el Ministerio de Comunicaciones, y se da vía libre a alianzas público privadas

A pesar de las evidentes deficiencias en infraestructura vial que tiene el país, una de las disminuciones más importantes es la que padece el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi): el presupuesto se reduciría en 17%. Pasa de Q 6,053.4 millones en 2019 a Q 5,049.6 millones.

La iniciativa del Presupuesto, además, incluye un conjunto de proyectos de obra pública priorizados por el Consejo Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (CONADIE). Los proyectos serán ejecutados por medio de Alianzas Público Privadas (APP). Sin embargo, se establece que los proyecto priorizados no requerirán que el Congreso los apruebe, tal como ordena la Ley de alianzas para el desarrollo de infraestructura económica.

El presupuesto contempla la emisión de bonos por Q6,000 millones para financiar la cartera de proyectos. Si bien se espera que la mayor parte del financiamiento provenga del sector privado, de acuerdo a este modelo el Estado aporta una proporción definida del costo total de la obra. Esto incluye el proyecto “Metro Riel” (proyecto ferroviario) y “Vía Express” (libramiento para conectar carretera a El Salvador con la ruta al Atlántico).

De forma incoherente, considerando la jerarquía de la legislación, se incluyen proyectos a ser ejecutados por medio de Alianzas Público Privadas, que ya cuentan con una ley específica. Eso contraviene las disposiciones legales al incluirlos en una ley de carácter anual.

El dictamen de la Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso de la República permite dicha incorporación, siempre que los proyectos no precisen ser aprobados. Asimismo, el dictamen reduce el número de obras a ser ejecutadas, pero no el monto de deuda pública a ser asumida por el Estado. No queda claro cómo se ajustarán las partidas ingresos y gastos del gasto público.

Menos gasto social

El presupuesto presenta disminuciones importantes para el gasto público social; en especial para el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Eso resulta incoherente dada la intención declarada del Ministerio de Finanzas de vincular los proyectos y programas incluidos en el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos del ejercicio fiscal 2020 al Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.

Menos salud para niños, pero más plazas permanentes

También el proyecto de presupuesto del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) muestra una disminución de Q 78.7 millones, es decir, un 1% con respecto al vigente 2019. Esta reducción se da, sobre todo, en programas dirigidos a la atención de niños menores de cinco años y en aquellos orientados a fomentar la seguridad alimentaria. A pesar de ello, se presenta un aumento del personal permanente con un número total de puestos de 46,363; es decir, 4,059 más que en 2019.

Dicho aumento de personal parece contradictorio con las reducciones que se dan en la prestación de servicios tales como: monitoreo del crecimiento de niños menores de 5 años, atención a enfermedades transmisibles (15%), atención médica oncológica (100%), servicios de vacunas a niños menores de 5 años (21%), entre otros rubros importantes.

Más presupuesto para fondos sin restricción

Otros incrementos que resultan contradictorios corresponden a las partidas de apoyo, las cuales no tienen un programa definido. Tales partidas se consideran un bolsón que tiene menos restricción para su utilización, por lo tanto, pudiera existir discrecionalidad; lo que atenta contra la transparencia y el buen uso de los recursos del Estado.

Un ejemplo es el incremento de Q 93.3 millones (25%) al rubro de servicios de apoyo al programa de Prevención de la Mortalidad de la Niñez y de la Desnutrición Crónica; así como el incremento de Q 117.6 millones a servicios de Apoyo al Fomento de la Salud.

El presupuesto del Ejército se infla, el del combate a la desnutrición se desinfla

Las disminuciones en la asignación de recursos a rubros importantes, sobre todo aquellos orientados a combatir la desnutrición infantil y proteger a la niñez guatemalteca, contrastan con el incremento de Q200 millones (8%) en el presupuesto asignado al Ministerio de Defensa Nacional, con respecto al presupuesto vigente del 2019. En este sentido, se prevé asignar Q155.95 millones adicionales a una partida que no existía con anterioridad.

Durante el primer trimestre del año 2019 se incrementó el número de niños con desnutrición aguda, que ascendió a 3,238; a pesar de que en el período de 2016 a 2018 la cantidad de niños con este padecimiento no superaba los 3,000 casos (para 2018 se registraron 2,283 casos).

Reducción a la seguridad alimentaria

Dentro del presupuesto del Ministerio de Ambiente, Ganadería y Alimentación (MAGA) hay reducciones a los programas orientados a combatir la desnutrición y a apoyar la seguridad alimentaria.

Entre las reducciones del Proyecto de Presupuesto destaca una de Q 81.6 millones, correspondiente al programa “Apoyo para el consumo adecuado de Alimentos”. Las actividades asociadas al programa incluyen la dotación de alimentos a familias por trabajos comunitarios, damnificados por eventos climáticos y desastres naturales y personas vulnerables a riesgos; apoyo a la producción comunitaria de alimentos; asistencia técnica para el almacenamiento de granos, entre otras[1].

Un presupuesto rígido y su efecto a largo plazo

Al formular el presupuesto existe una limitante conocida como rigidez presupuestaria, que restringe la capacidad del Estado para destinar más recursos a la inversión pública. Dentro de la legislación guatemalteca, que va desde la Constitución hasta las leyes fiscales, se encuentran distintas normas que establecen montos o proporciones de recursos tributarios que deben destinarse para ciertas actividades.

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), las rigideces fiscales constituyen restricciones a nivel institucional y limitan la capacidad de modificar el nivel o estructura del presupuesto público en un plazo determinado.

Según el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (2018), por cada quetzal de ingresos corrientes (no totales) con el que cuenta el Estado de Guatemala dentro del presupuesto, el gobierno tiene compromisos legales por Q0.90 centavos. Esto representa una rigidez presupuestaria que coincide con la proporción que se dedica a la inversión. En el proyecto de presupuesto el gasto se distribuye en un 66% destinado a funcionamiento, 16.2 % para cubrir las obligaciones de deuda pública y el restante 17.2 % para inversión.

En ese sentido es aún insuficiente el nivel de inversión y de gasto público que se destina para incrementar la prestación de servicios de salud, educación, agua y saneamiento, así como infraestructura. Esto considerando los bajos niveles de prestación de servicios a la población que se encuentra en condiciones de pobreza y la falta de desarrollo de las zonas rurales.

De acuerdo con el FMI (2019), para garantizar el acceso de la población a los servicios básicos se requiere incrementar el gasto público social hasta un monto equivalente al 8% del PIB y la inversión en infraestructura por una suma equivalente al 3.2 % del PIB.

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