La forma como se eligió la Junta Directiva del Congreso de la República para 2017 evidenció la articulación de fuerzas e intereses ocultos que lograron la concreción de un pacto de impunidad. La única dificultad operativa que en realidad tuvieron estos poderes ocultos fue encontrar un rostro decente que les operara públicamente sus intereses. Lo intentaron con el diputado Oliverio García Rodas, pero este no les funcionó. El diputado Óscar Chinchilla sí.
Debería resultarnos muy claro que los hechos de que las mafias continúen controlando el Ejecutivo a través de Jimmy Morales (a quien, al parecer, cada vez le gusta más su papel de marioneta y lacayo de exmilitares y mafiosos), de que tengan una interlocutora en la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia y de que ahora, a partir de enero de 2017, se hayan hecho del control de la Junta Directiva del Congreso constituyen un pacto de impunidad en proceso de implementación. Preocupa que, además, estas mafias hayan recuperado su baluarte más preciado: la indiferencia y el letargo ciudadanos.
Ante una ciudadanía haragana, desarticulada y desinteresada, las agendas de trabajo del MP y la Cicig continúan siendo el —único— dique para la contraofensiva de las mafias. Y, nos guste o no, hablar de la efectividad del MP y de la Cicig no es hablar de apoyo ciudadano activo y efectivo hoy, sino de apoyo del Gobierno de los Estados Unidos de América a través de su embajador acá en Guatemala. Esta realidad, por vergonzosa o dolorosa que nos deba resultar, quedó demostrada con el intento fallido, encabezado por el insigne diputado Fernando Linares Beltranena, de callar al embajador Todd Robinson. Y quizá es también esa la realidad molesta que impulsó de forma torpe a los diputados de izquierda representados en el Congreso a votar a favor del pacto de impunidad. ¡Vaya! Los diputados de izquierda, conscientes o no, actuando en la línea de la agenda de gente como Linares Beltranena y sumándose a las cabezas de los tres poderes del Estado.
En mi opinión, es también esta realidad la que motivó a los operadores del pacto de impunidad a celebrar con júbilo y esperanza la victoria de Donald Trump. Quizá lo ven y entienden como el último requisito político para que la mafia de exmilitares corruptos retome el poder total: ya tienen los tres poderes del Estado, y con un viraje violento en la política gringa cesaría el apoyo a la Cicig y al MP, el sello de éxito para el pacto de impunidad que descansaría sobre el cojín de la haraganería y la pasividad de la ciudadanía. Los optimistas dicen que eso no ocurrirá, ya que las instituciones estadounidenses son muy fuertes, y que Trump y su gente no desmantelarán un apoyo institucional a la Cicig y al MP.
No sé. La historia está llena de lecciones poco favorables a ese tipo de optimismo. Me pregunto cómo reaccionará la ciudadanía cuando, a partir de enero, se incluyan en la agenda legislativa las acciones para echar de Guatemala a Iván Velásquez (una solicitud a la ONU en realidad nada difícil) y sacar del MP a Thelma Aldana. Lo que me parece es que, con la victoria de Trump, ya muchas botellas de champaña fueron descorchadas para justamente celebrar avances de esa agenda.
Si por desgracia estos temores llegaran a hacerse realidad, me da vergüenza colectiva: una ciudadanía de babosos a la que le montaron en la cara un pacto de impunidad y la recuperación mafiosa del Estado, y no hicimos nada.
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