Entre los hechos más recientes, una vez más los paramilitares que se aglutinaron en las tenebrosas Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) y algunos de sus descendientes reclamaron usando el terro, un pago por sus servicios a la contrainsurgencia. Engañados, como otras tantas veces, por quienes se apoltronaron en la Presidencia de la República o en el Parlamento, solo contaron como votos y luego quedaron con las quijadas destempladas.
Por eso, pese a lo afirmado de que se desmovilizaron y desarticularon, nuevamente se aglutinan y organizan manifestaciones de terror para plantear sus demandas. Prendieron fuego a varias oficinas y a varios vehículos en el Congreso, en el que, curiosamente, no se encontraban los diputados y las diputadas oficialistas. Además, a diferencia de las veces cuando los que manifiestan son pueblos indígenas, expresiones comunitarias de resistencia o movimientos sociales, no había fuerza policial frente al palacio legislativo ni en los alrededores. De hecho, la Policía Nacional Civil (PNC) brilló por su ausencia en la crisis y solo llegó después de que el terror se había instalado. Habrá que ver si alguna bancada cita al ministro de Gobernación, Gendri Reyes, y al director de la PNC por su incumplimiento de deberes en esta crisis.
Un día antes, la mayoría de los congresistas que responden a los intereses de la mafia eligieron nueva junta directiva. En esta ocasión se apañaron para designar como presidenta del Parlamento a una diputada que ha sido brazo derecho de quien actualmente lo preside, Allan Rodríguez, destacado por su corrupción y su estilo vulgar en el ejercicio del cargo.
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La semana anterior, el día de tu cumpleaños 66, la marcha de organizaciones de la resistencia indígena, xinca, afrodescendiente y popular culminó con la detención ilegal de uno de sus integrantes, acusado de haberle quitado la cabeza a la estatua de José María Reina Barrios. Luego de la captura de Rudy Amílcar López Pablo sin orden de juez, pero sí con orden del alcalde capitalino, Ricardo Quiñónez, el detenido fue liberado por falta de mérito. Sin embargo, en las mismas instalaciones fue nuevamente detenido y consignado por el mismo delito, con orden emitida por la misma jueza que lo había absuelto inicialmente. Un hecho totalmente inconstitucional y contra el derecho en cualquier parte del mundo donde funciona la democracia, pues alguien está siendo juzgado dos veces por el mismo delito.
Estas cosas suceden, querido Oliverio, porque hoy por hoy Guatemala es un Estado mafia. Los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, lejos de actuar con independencia, funcionan de manera corporativizada y concertada para impulsar la agenda de impunidad ante la corrupción rampante en el Estado. La fiscal general es una especie de tramitadora de los intereses de impunidad. Sin la mínima vergüenza, esta señora se ha dedicado a destruir lo poco funcional que había en el Ministerio Público. Junto con ella, quienes integran la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que, por cierto, han iniciado su tercer año de ejercicio de mandato fuera de su período constitucional, utilizan el poder del que se revisten para perseguir a juezas y jueces decentes.
Estos funcionarios del Estado mafia se sienten seguros y actúan con prepotencia porque, con cada acción que se plantean, encuentran respaldo de las élites depredadoras, que se valen del aparato del Estado para engordar sus bolsillos y garantizarse impunidad. El modelo esclavista, excluyente y depredador nace de la entraña de estas élites, que financiaron a quienes te asesinaron, siguen sosteniendo a quienes hoy destruyen el país y siguen buscando aniquilar a quien se les planta en resistencia. Como ves, el sistema está podrido, muy podrido, y cuesta ver la luz al final del túnel.
Sin embargo, allí está. No se ha ido ni apagado. Solo se trata de encontrar la senda y de avanzar unitariamente en la procura de un mejor destino. En la destrucción del sistema corrupto y del modelo excluyente. En la construcción de un entramado de relaciones que garanticen el buen vivir. Ese por el cual ofrendaste tu vida el 20 de octubre de 1978.
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