Nuestros “diamantes de sangre”

Esa denominación otorgada a las piedras preciosas se debe a que han sido conseguidas por la explotación sanguinaria de miles de personas en África, incluidos niños y mujeres, durante un fenómeno encabezado por el exgobernaante Charles Taylor, enjuiciado por crímenes contra la humanidad.

Emulando las prácticas criminales de Taylor y su entorno, en Guatemala hay mercado de “diamantes de sangre”, solo que nuestras gemas son pequeñas y pequeños seres humanos, arrebatados de los brazos de sus padres. Una situación que como en el fenómeno de Liberia, nace en las prácticas y estructuras del accionar contrainsurgente del Estado durante el conflicto armado interno.

Las investigaciones de los hechos de genocidio en Guatemala documentan el robo de niñas y niños huérfanos por las masacres, en manos de oficiales del Ejército. El destino de tales infantes fueron hogares adoptivos de personas que creían hacer una “buena obra” al recibir a huérfanos guatemaltecos sin percartarse —se supone— de que pasaban a formar parte de un proceso criminal de tráfico de infantes.

Estas estructuras criminales evolucionaron e infiltraron esferas de Estado que han incluido funcionarios de alto nivel en la presidencia, las cortes y el sistema judicial. Estructuras que se dedican a la trata de personas y que utilizan la institución de la adopción para lucrar con la venta, especialmente en Estados Unidos, de niños y niñas robados de sus cunas maternas.

Nublados por la preocupación de ofrecer hogares alternativos a niños nacidos en la pobreza, las estructuras del adoptismo estadounidense no logran o no quieren ver que el cordón umbilical de los infantes que reciben está todavía atado a padres y madres guatemaltecas quienes lloran ante las cunas que han quedado vacías por culpa de las redes de trata.

De allí que antes de poner oídos a las recomendaciones, exigencias o demandas de la estructura estatal estadounidense encabezada por la senadora Mary Landrieu, cuyo mensaje al final de la visita ha sido el reclamo para la reanudación de las adopciones internacionales, las autoridades están obligadas a esclarecer los casos de robo y adopción ilegal en el país.

Para quienes han dedicado su vida a la protección de la niñez en Guatemala, es lamentable que en su afán por defender los intereses de las poderosas coaliciones de adopción en Estados Unidos, Landrieu cuestionó sin fundamento, la veracidad del informe de la investigación realizada por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Informe que evidencia el mecanismo criminal de trata y tráfico de personas, niños y niñas en especial, que descansa sobre la práctica del robo de recién nacidos o infantes, perpetrado por redes dedicadas a esta nefasta actividad.

No en vano, Norma Cruz, de la Fundación Sobrevivientes afirmó en un plantón en la Plaza Central que “es importante que las niñas sepan que sus mamás no las vendieron, no las abandonaron. Sus mamás han estado luchando año tras año. Tres humildes mujeres están enfrentando a todo un sistema que lo que hace es proteger el mercado de seres humanos en el mundo”.

O como dice Olga López, madre de una niña robada dada en adopción: “No es justo que nosotras las madres de las niñas sustraídas para dar en adopción irregular] estemos sufriendo y sus ciudadanos en Estados Unidos estén contentos con nuestras hijas”.

Basta ya de que en Guatemala nuestras gemas de la infancia sean utilizadas como mercancía y, gracias al descuido y complicidad de las autoridades, sean convertidas en nuestros diamantes de sangre.