Noventa diputados, por interés propio (ellos mismos o sus financistas son ganaderos, cafetaleros o cardamomeros) o por incentivos especiales que desde ya deben investigarse, aprobaron en primera lectura la iniciativa de ley número de registro 5182. Además de estos 90 legisladores, el flamante ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Mario Méndez, al reiterar su apoyo al referido adefesio legislativo, no tuvo empacho, menos pudor, en reconocer que él y su familia tienen intereses empresariales privados en el sector agropecuario. ¿Conflicto de interés descarado?
Avanzaron en el proceso de aprobación de la versión dictaminada por la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Congreso, pese a que está plagada de errores técnicos, económicos y jurídicos, resultó peor que la propuesta original y es excesiva porque amplía los privilegios propuestos a prácticamente todo el sector agropecuario (no solo ganaderos), abusiva porque propone que empresas con ventas de hasta 10 millones de quetzales anuales paguen menos impuestos que los contribuyentes pequeños (con ventas de hasta Q150 000 anuales) y protectora de la impunidad fiscal porque exime de obligaciones formales (solo quedarían obligados a llevar un libro de compras y ventas) y hasta le prohibiría a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) requerirles documentos, ya que, en caso de que termine de ser aprobada, deberá prevalecer la buena fe de los empresarios agropecuarios.
Esto, pese al dictamen desfavorable que la SAT emitió en diciembre pasado y al rechazo reiterado del ministro de Finanzas Públicas y de entidades especializadas como el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi). Sin embargo, que el ente del Estado rector de la política fiscal y de la administración tributaria y que centros independientes como el Icefi rechacen estas barbaridades es cuestión de consistencia poco novedosa.
El gran vacío en esta coyuntura peligrosa lo generan los empresarios honestos, los emprendedores de verdad, que no necesitan privilegios, fraudes ni impunidad para generar ganancias y empleos y que pagan salarios justos y las prestaciones laborales de ley. Siempre he creído que son la mayoría y que constituyen una parte muy importante de la reserva moral y económica de Guatemala. La propuesta aprobada en primera lectura los perjudica directamente, ya que, por un lado, un grupo de empresas tendrían permiso legal para defraudar impunemente al fisco (quizá el más grande de los privilegios de moda), en tanto que ellos, por otro lado, deben cargar con los costos de la honestidad: impuestos, salarios justos, seguridad social, etc.
¿Dónde están los empresarios de verdad y honestos de Guatemala? ¿O es que peco de ingenuo y me equivoco porque en realidad ya no los hay o ya no son tan honestos como para que les importe el verdadero asalto a mano armada que se produjo el jueves en el Congreso?
Si esta gente de verdad quisiera dejar de forrarse con millones en la informalidad y en la defraudación sistemática al sistema tributario, lo hubiese hecho en 2013, cuando el gobierno de Pérez Molina regaló quizá la amnistía fiscal más generosa de la historia reciente. Si de verdad la intención fuera un debate nacional para una política estatal de apoyo y fomento al sector agropecuario, no habría prisa en aprobar antes del 23 de febrero.
No. Como se ha dicho ya en reiteradas ocasiones, la intención es lograr escaparse del control y la fiscalización que la SAT ejercerá con la regulación del secreto bancario, que cobrará vigor el 23 de febrero. Esta, en realidad, es una ley para la impunidad fiscal.
Y está aprobada en primera lectura, con 90 votos a favor. ¡No a la impunidad! ¡No a los privilegios!
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