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“Nosotros vemos al Estado de Guatemala como una empresa”
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“Nosotros vemos al Estado de Guatemala como una empresa”

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Cuando el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) está de acuerdo con una reforma tributaria conviene preguntarse por qué. Entender su perspectiva. Su incidencia y poder político han servido en el último cuarto de siglo, en el periodo democrático, para impedir casi siempre lo que casi siempre desde la administración de Vinicio Cerezo ha intentado el gobierno: subir los impuestos, mejorar los ingresos del Estado.

Más que como exenciones, el presidente del CACIF ve las exenciones a las telefónicas y a las maquilas como parte de una "política social de empleo".

Marco Augusto García Noriega, presidente de la patronal, asegura que llegar a este punto sobre una reforma tributaria (del ISR) era ya algo inevitable después de 50 años de oposición –desde que lo aprobó el gobierno de Ydígoras Fuentes– con argumentos parecidos. Su consentimiento y el del empresariado estaban esperando una coyuntura propicia. El nuevo gobierno, en este sentido, es visto como un punto de inflexión en cuanto al diálogo fiscal se refiere. Y como una de las partes consultadas para negociar la aprobación de una nueva ley de actualización tributaria, el CACIF tiene conciencia de lo que implica ser crítico, oponerse, ganar tiempo a su favor y desafiar una vez que se toquen sus intereses. En resumen, en un contexto corporativo, la cúpula empresarial entiende al Estado de Guatemala como uno de sus iguales.

Ha llamado la atención la anuencia con que se ha referido el CACIF a la ley de actualización tributaria. ¿Cómo se evalúa desde la cúpula empresarial la coyuntura y el contexto para que se dé luz verde a esta reforma?

Nosotros entendemos que una reforma de este tipo tiene que ser concebida pensando en un largo plazo, hablamos de por lo menos 10 años. No es la primera vez que CACIF interviene en estas situaciones. Somos signatarios del pacto fiscal. Pero por razones de tipo político ha fracasado en años anteriores. Estamos conscientes de que en este momento se presenta un nuevo gobierno, una nueva oportunidad que consiste en otorgar una seguridad jurídica y también física a los habitantes de un país. Por lo tanto vemos viable una reforma de este tipo.

¿A qué definitivamente el CACIF hubiera mostrado oposición?

A una reforma que no hubiera sido integral. Aunque de momento solo tenemos una parte del paquete. La segunda parte viene en el tema de la transparencia, en la calidad del gasto público, y la rendición de cuentas de los funcionarios públicos. Lo han prometido para los próximos meses.

¿Qué decir de las exenciones que tiene contemplada la reforma, como a las telefónicas y las maquilas, con propietarios que son parte de un sector de economía emergente?

El tema de las maquilas es un factor que genera empleo, y es una gran cantidad de personas que dependen de eso.

¿Pero tienen alguna postura ante el tema?

Más que exención se trata de una cuestión de política social de empleo.

Dado el incremento impositivo sobre los dividendos y la reducción en cuanto a las utilidades, algunos analistas ven en la nueva ley apenas una diferencia de impuestos que puede ser entendida como una compensación atractiva para el sector empresarial. ¿Pagarán lo mismo que han estado aportando? ¿Es cierta la compensación?

Creo que las personas que han realizado estos análisis están equivocadas. Una cosa son las utilidades de la empresa y otra los dividendos. Las utilidades pueden o no distribuirse. Cuando los accionistas reciben sus ganancias –los dividendos– adquieren un derecho sobre ellos, y pueden utilizarlo para inversión, para reserva, etcétera. Sobre las utilidades brutas la empresa paga un impuesto. Sobre dividendos los accionistas pagarán otro tipo de impuesto. Son conceptos que están en todos los libros de sociedades mercantiles. Yo no veo dónde está la compensación.

Tampoco se puede argumentar una doble tributación en este aspecto.

Lo que hemos considerado nosotros es que la persona jurídica ya tributó. Ahora el hecho generador de renta que pagará impuesto será la distribución de dividendos, como así consistía antes en el impuesto de timbres fiscales y documentos.

¿Es decir que esta vez el CACIF no presentará recursos de inconstitucionalidad?

Por parte del CACIF no. Quizá una persona individual sí. Pero desde la gremial no.

El pacto fiscal original planteaba un 10 por ciento de impuesto sobre dividendos. ¿Qué tipo de consensos se discutieron con la cúpula empresarial para reducirlo al 5 por ciento?

Pasa que el inversionista va a pensar en Guatemala siempre y cuando tenga una utilidad que sea rentable. El capital busca el lugar donde va a tener mejores condiciones. Y fue una medida para tener estabilidad en el crecimiento del país. Lo que había que evitar era que las inversiones extranjeras migraran a otros países.

¿No les abruma la facilidad de aprobación de leyes que el PP ha tenido en el Congreso? ¿Cómo han percibido la función de los diputados-empresarios (Seidner, Muadi) en el proceso?

Lo que siempre ha habido es un diálogo franco con este gobierno. Y las discusiones se han resuelto mediante consenso científico y técnico. Ya con las enmiendas, hemos estado 99 por ciento de acuerdo con la aprobación de la reforma.

¿Y cómo ven, por ejemplo, que algunas mesas de diálogo internas en el Congreso hayan sido sostenidas con otros sectores como los hermanos Alejos y no con el CACIF ni los poderes tradicionales económicos?

Es normal el diálogo permanente que tiene el Congreso con el sector privado. Nosotros también hemos mantenido un diálogo permanente en el Congreso. Lo importante es que se impulsen mejores leyes para el país.

¿Pero se sienten debilitados?

No. Para nada. Más fuertes…

La clase media-alta será uno de los sectores más afectados con la actualización tributaria. ¿Tiene el CACIF opinión sobre este tema?

Como siempre hay tres posiciones. Los que no les gusta pagar impuestos. Otros que solo dicen que son los empresarios los que deben pagar impuestos. Y otros que ven necesario que todos paguemos tributo. Con esta reforma se está cumpliendo el principio de que todos debemos pagar impuestos, pero cada uno en la medida de sus posibilidades.

Por supuesto hemos visto injusto que una mayoría de profesionales independientes no cumplieran con sus responsabilidades fiscales. Ahora se golpean el pecho pues entran en la dinámica de pagar algo al Estado.

El tema de que solo los empresarios paguen impuestos pasa a ser parte de la historia, y se da un paso prudente en la ampliación de la base tributaria. Pero aun hay aspectos por afinar. La economía informal, que representa un 80 por ciento de la evasión, debe también ser considerada para que en los próximos años empiece a pagar impuestos. De momento es una competencia desleal.

¿Es consciente el CACIF de las distintas publicaciones a nivel latinoamericano que describen a los empresarios guatemaltecos como un sector al que no les gusta para nada pagar impuestos, además de similares declaraciones del ex presidente Álvaro Colom, y la evidencia del libro “Rendición de Cuentas” del ex ministro de Finanzas Alberto Fuentes Knight?

Nosotros lo que  queremos es que se encaucen correctamente los egresos del Estado. Nuestra crítica, como también Fuentes Knight responde sus propias interrogantes, ha sido en contra de aquellos gastos que estaban financiando movimientos de tipo electoral y no en beneficio de la población. El tiempo nos ha dado la razón. Y es por ello que anteriormente no se había dado una aprobación a una reforma fiscal.

A pesar de otras coyunturas como la crisis mundial de 2009 o el caso Rosenberg.

Sí pero eso no tuvo nada que ver. Más que todo era el despilfarro que se hacía de los fondos del Estado.

Y han tenido diálogo con el nuevo gobierno sobre el tópico de los gastos del Estado.

¡Bastantes veces!

Aun si no se habla más que generalidades de ello en la actualización tributaria.

Bastantes. Esa es la condición fundamental realmente de estos temas. Transparencia, calidad de gasto, rendición de cuentas y el castigo al enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos en beneficio propio. En conversaciones que hemos tenido con el Presidente se ha prometido para marzo la regulación de estos temas. Y nosotros estamos dispuestos a apoyar. Si se cierra el círculo, si se complementa la reforma tributaria, no tendremos oposición.

¿Qué significa para ustedes como empresarios del 1 por ciento del PIB de incremento en la recaudación?

Significa que si se hace una buena gestión, como la que debería hacer el gobierno, uno puede ganar a través del ingreso pero también mediante el ahorro. Con una buena gestión el PIB podría crecer en los próximos años.

Pero de momento, Guatemala no deja ser un Estado debilitado.

Dependerá de cómo se maneje por parte del Gobierno. Ellos deben administrar la hacienda pública de acuerdo a la Constitución y fortalecer al Estado con ello. Nosotros vemos al Estado de Guatemala como una empresa y es el Presidente el que debe gestionar personalmente el éxito en esas actividades.

¿Qué significado tiene el concepto de “integral” que el CACIF le ha dado a la actualización tributaria?

Estamos conscientes de que aún faltan algunos elementos, como la simplicidad. La explicación del tributo. Esta reforma pareciera dirigida a la clase alta, a la clase media-alta, profesionales con títulos universitarios… La simplicidad en un país como Guatemala es bastante compleja. Con un alto índice de analfabetismo, explicar el tema del tributo se vuelve complicado. Pero se trata de un aspecto cultural al que se le debe responder con educación. Además de un reforzamiento al sistema judicial en temas tributarios. Que, por ejemplo, los jueces que se enfrenten a casos de evasión y asuntos tributarios tengan las herramientas necesarias para proceder con eficiencia.

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"Transparencia, calidad de gasto, rendición de cuentas y el castigo al enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos en beneficio propio. En conversaciones que hemos tenido con el Presidente se ha prometido para marzo la regulación de estos temas".