El motivo sería la defensa oficiosa de la actuación institucional del presidente en casos de impacto internacional. Pero la nominación de Ochoa no es la única. También existe la de Stuardo Ralón a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). ¿Cómo entenderla cuando el candidato no cuenta con la experiencia mínima requerida ni con conocimientos básicos sobre las instituciones y ese sistema interamericano de protección?
En cuanto a la magistrada Ochoa, ella se ha desempeñado más que todo como jueza del ramo penal, cuenta con estudios de género a nivel de maestría y no tiene publicaciones internacionales. El Comité Jurídico Interamericano es la institución que se encarga del estudio de la codificación del derecho internacional. Es una labor que requiere de los miembros de dicho comité una alta formación académica e investigativa. Sus miembros son usualmente profesores con una larga trayectoria en materia de derecho internacional y de relaciones diplomáticas y que han publicado libros en editoriales de renombre, así como artículos revisados por pares. La lectura de los votos en contra de la magistrada en casos de relaciones exteriores, en especial respecto a la interpretación de tratados internacionales, lastimosamente revela su poco estudio y su poca comprensión de la materia, lo cual no ha sido objeto de su quehacer profesional, sino algo totalmente ajeno a ella.
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Ahora refirámonos a la nominación de Stuardo Ralón a la CIDH. Ralón es un abogado constitucionalista que se ha dedicado a la defensa de empresas y de conglomerados privados, especialmente a la protección de la propiedad privada de estos. A su vez, está conectado a la derecha conservadora de Guatemala y ha sido crítico del desarrollo del reconocimiento de los derechos de pueblos indígenas al punto de que se ha opuesto a la reforma judicial y a la actuación de la Cicig. Los miembros de la CIDH son personas de alto reconocimiento moral y académico en la defensa de derechos humanos. Han dedicado sus acciones y conocimientos a la defensa de los derechos de grupos vulnerables u olvidados por el Estado. Dicha comisión es un órgano que se ha enfrentado históricamente a gobiernos totalitarios y corruptos. Es activista por naturaleza, y sus diversas acciones, recomendaciones y decisiones de jurisprudencia lo demuestran. Dada la realidad de la región y la relación de la justicia con los vulnerados, es necesario que así sea. Sin embargo, su nominación continúa vigente pese a que su carrera muestra contradicciones con los estándares y valores necesarios para formar parte de la CIDH, así como con el compromiso de esta con grupos vulnerables.
Las nominaciones no tienen sentido por sí solas, sino que refuerzan el hecho de que pueden ser entendidas como botines en favor de aquellos que presentan una defensa oficiosa de un presidente que ha violado el derecho internacional, la Carta Democrática Interamericana y la jurisprudencia regional. Por último, cabe resaltar que, por respeto a la carrera del postulado, este debe evaluar si su papel está realmente apegado a la historia y a la naturaleza de la CIDH, pues, de lo contrario, puede afectar tanto su carrera como las mismas instituciones regionales. A la vez, es importante cuidar la credibilidad del Estado de Guatemala en los foros internacionales y regionales, ya que estos son comunidades pequeñas y tienen memoria histórica.
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