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“No sólo tengo la facultad sino la obligación de proponer soluciones”
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“No sólo tengo la facultad sino la obligación de proponer soluciones”

¿Extinción de dominio? “Ganaríamos US$50.8 millones y perderíamos casi US$190. No es una ruta en la que el Estado gane”
“A mí sobre todo los bancos aún me tienen mucho que demostrar”
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Nombrado por el Juzgado de Extinción de Dominio para conducir el destino de la malograda compañía mientras se resuelve el conflicto legal en que se vio envuelta por supuestos pagos de sobornos al Gobierno del Partido Patriota, el interventor de la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), Alexander Aizenstatd, explica la ruta que ideó para evitarle al Estado una pérdida millonaria y el colapso de la empresa, y cómo llegó a la conclusión de que era la mejor salida, pese a lo que él mismo pensaba al inicio.

Alexander Aizenstatd, el interventor de la empresa TCQ, dice que el día en que, atendiendo a la invitación del comisionado Iván Velásquez, asumió el cargo su intención era extinguirlo todo, todo, todo, menos los procesos penales.
Entregarle al juzgado cada grúa.
Cada cuenta bancaria.
Cada papel.
Cada silla que fuera propiedad de la empresa.

Luego, el Estado podría poner en marcha el puerto y beneficiarse de su operación. Un gran negocio.

Tenía una idea muy elemental de lo que se iba a encontrar al comenzar su trabajo como auxiliar del juez de extinción de dominio. Le habían dicho que sólo había seis empleados, y él se imaginaba también a unos dueños a la defensiva, manchados hasta el cuello de corrupción, defendiendo un contrato lesivo para los intereses del Estado o un puerto cuya construcción triste, paupérrima, justificara los US$30 millones con los que los propietarios originales, el Grup Maritim TCB, supuestamente sobornaron a la pareja gobernante del Ejecutivo que cerró el negocio.

Después de llegar, le tomó más de un mes empezar a extraer el sentido de lo que vio. Y lo que vio era mucho más complejo y sutil, asegura, que aquella fotografía quemada que le habían presentado. El tamaño de todo era más grande: los empleados, 70; las deudas, inmanejables; el costo de mantenimiento, altísimo; la calidad de la construcción y de las máquinas, excelsa, según el dictamen de los peritos; el pago mensual a la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) por la renta del terreno, US$90 mil; y por descargar cada contenedor, US$11.5, un monto alto, según asegura, para el promedio regional.

Por último, se encontró una empresa casi insolvente, pero más de US$10 millones en el banco que le permitían subsistir durante las primeras semanas.

A Aizenstatd le sorprendió que APM Terminals —la gigantesca empresa portuaria que, como parte de la compra de Grup Maritim Terminales de Contenedores de Barcelona (TCB), adquirió TCQ unas semanas antes de que el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) acusaran a la empresa catalana de soborno— hubiera dejado US$10 millones ahí pudiendo habérselos llevado. Y aunque no disolvió el recelo original que aún hoy exhibe cada vez que se le pregunta si confía en ellos, lo interpretó como un gesto de buena voluntad de los nuevos dueños ante su intervención: una señal de paz... al menos momentánea. “Pudieron haberlo retirado cuando la prensa comenzó a decir que la Procuraduría General de la Nación iba a pedir la intervención”.

Siguieron otras señales, según el interventor: no se opusieron a sus nombramientos y destituciones (entre ellas, la del sobrino de Otto Pérez como jefe de seguridad), cooperaron con la intervención y abrieron investigaciones internas con un costo, según él, de US$1 millón, suministraron información útil a la CICIG, “que no podrían haber obtenido de otra forma”, y manifestaron haberse distanciado de los viejos dueños.

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Aizenstatd, un joven abogado especializado en arbitraje internacional de inversiones, derecho internacional y derecho constitucional, ve la propia como una posición muy peculiar: “Soy la única persona que vela por los intereses del Estado y que tiene un pie dentro de TCQ. No soy funcionario público pero dependo del juez de extinción de dominio”.

Tiene que velar también por que la terminal no se venga a pique. Le han entregado una empresa para que la intervenga, no para que la hunda.

Desde fuera tampoco había entendido algo que luego, junto a otras razones, le hizo preguntarse si su intención inicial de extinguir el dominio de la empresa era la solución más sabia y beneficiosa para el Estado: los bienes de TCQ están en un fideicomiso como garantía de que a los bancos se les pagaría la deuda, y la ley, dice, prohíbe embargar bienes fideicometidos. Pesa además sobre ellos un convenio de inmunidad pactado por Guatemala con el International Finance Corporation (IFC), un grupo de inversión parte del Banco Mundial que posee el 15% de APM y cuyos préstamos al país se cuentan en centenares de millones.

Por otro lado, lo que la empresa poseía era poco en comparación con lo que debía: US$50.8 millones en activos y casi US$190 millones en deudas.

La cosa no era tan fácil, repite Aizenstatd, como quedarse con una casa en el puerto.

En el mejor de los casos, si extinguiera la propiedad y el Estado se quedara con TCQ, asumiría una deuda cuatro veces más grande de lo que valen los bienes. “Ganaríamos US$50.8 millones y perderíamos casi US$190. No es una ruta en la que el Estado gane”. Y si quisiera operarla, cosa nada fácil, afirma, Guatemala tendría que inyectarle por lo menos US$40 millones más en los próximos dos años. En el peor y más probable de los casos, el país sólo se quedaría con casi US$190 millones de deuda. Y probablemente APM demandaría internacionalmente al Estado.

Según el interventor, la vicepresidenta de APM, Susanne Marston, nunca le ha insinuado que más vale que lleguen a un acuerdo o de lo contrario demandarán al Estado, pero su abogado sí se lo ha dicho. En ese caso, Aizenstatd cree que lo ganaría Guatemala. “Pero ganar en esas circunstancias sólo implica no perder. Nos podrían demandar por varios millones y si ganamos, no los pagamos, pero no nos compensarían tampoco. Eso podría tomar años y costaría varios millones”.

“Pero no fue el miedo a la demanda, sino la claridad de ver adónde llevan las distintas rutas jurídicas de donde surgió la necesidad de buscar otra solución”, dice el interventor, al que funcionarios, grupos empresariales, y de la sociedad civil (“Acción Ciudadana, Acción Social y Popular, Acción UVG, Batucada del Pueblo, CEUG, Justicia Ya, Landivarianos, hasta Codeca”) le manifestaron repetidamente que la operación de TCQ era “trascendental para la economía del país”.

Descartó que la salida fuera licitar la terminal, cuando el ministro de Finanzas le informó que preparar los documentos tomaría entre un año y dos.

Por otro lado, un juicio contencioso-administrativo para anular los contratos se llevaría al menos tres.

No tenía ese tiempo, afirma el interventor.
No tiene dinero.

“Si las millonarias máquinas no reciben mantenimiento en los próximos dos meses, se arruinarán para siempre”, advierte, y ni el Estado, ni los bancos le van a financiar una operación que ahora parece ruinosa.
Tampoco APM, si la intención fuera dárselo a alguien más.

Aizenstatd se preguntó entonces bajo qué condiciones se podría encontrar otra forma de que el puerto funcionara. Sus condiciones consistían, afirma, en que beneficiara al Estado no solo con una compensación económica, sino evitándole demandas internacionales; y, sobre todo, en que fuera “algo decente y que no afectara a la lucha contra la corrupción, porque eso no tiene precio. Yo vengo de la plaza. Estuve ahí incluso como interventor. Quien me pidió que aceptara el cargo fue Iván Velásquez, y quien me respaldó fue el MP y la gente que está luchando por que esto cambie. Entonces no podía formular una propuesta que atentara contra eso”. Aizenstatd asegura que después de que APM comprara TCQ en marzo pasado no ha habido ninguna anomalía, y por ahora no tiene ninguna información que le sugiera que estuvieron implicados en la corrupción antes de eso: “Si los propietarios actuales fueran los que llevaron a cabo estos actos, solo se podría resolver por las malas”.

Entonces se le ocurrió recomendar algo: si APM aceptaba anular sus contratos actuales de usufructo y operación, si renunciaba a demandar internacionalmente a Guatemala, y entregarle al país una compensación de US$43 millones (mayor que el soborno, y equivalente al patrimonio de APM en TCQ), y al término del contrato, cederle infraestructura y maquinaria, entre otros requisitos, el Estado podría ofrecerle un contrato de concesión por los 21 años que quedan del acuerdo original.

Pero esta sugerencia implicaba un gran escollo: no sólo tendrían que asumirlas y fomentarlas la Empresa Portuaria Quetzal, generadora del problema, y la Procuraduría General de la Nación (PGN) como abogado del Estado. El principal obstáculo es que solo sería legal si el Congreso aprobara una excepción a la ley para hacer la concesión.

El interventor pensó que cabía una “posibilidad de cooperación si los nuevos propietarios asumían la responsabilidad moral y económica y le demostraban a la gente que son terceros de buena fe”. “Pero les falta mucho para eso”.

“¿Qué les falta?”, se le inquiere.

“Dar más información a la CICIG, a mí, información que yo he requerido para cumplir obligaciones con el MP, que se defiendan en los juicios que les han puesto los propietarios anteriores en España, que si se llega a un acuerdo, no solo operen la terminal, sino que sigan invirtiendo en ella”.

“APM quiere que el contrato sea por 25 años y no por 21 como usted sugiere”.

“Eso entiendo. Pero yo no estoy en una negociación con ellos. Yo hice recomendaciones. No se trata de que me formulen una contrapropuesta. Ahora tienen que hablar con el Ministerio Público y la PGN.”

***

Los bancos.
Hay al menos tres bancos implicados como prestamistas en el caso: el IFC, miembro del Banco Mundial; el G&T; y el Entrepreneurial Development Bank (FMO).

El IFC es propietario del 15% de las acciones de TCQ. Ellos tuvieron noticia de la posible irregularidad de la cesión del terreno en usufructo, y no actuaron. Marston, la vicepresidenta de APM, afirma que cuando investigaron la situación de la empresa le preguntaron a IFC si la avalaba. IFC está en el negocio desde el origen, por eso extraña que parezca excluido de los últimos movimientos. ¿Por qué? Marston informa que están al tanto de todo. Aizenstatd explica por qué no los incluyó: “Yo me reuní con ellos el 15 de junio. He intentado no juntarme con los bancos, porque no han tomado las medidas para ganarse mi confianza. Pero parte de mi función es dar tranquilidad. Llegamos al acuerdo de que no se tomarían de momento decisiones irreversibles, como cancelar los préstamos e iniciar demandas. Yo los traté como accionistas, pero ellos me dejaron claro que no se consideran accionistas. Que esto solo fue un mecanismo de inversión para ellos”. Es decir, que en lugar de dar un préstamo más grande, compraron acciones. “Pero lo ven como una manera de financiar la operación”, detalla el interventor. “No son operadores de puertos ni les interesa”, añade, y cree que IFC tiene la facultad de obligar a APM a que les compren su porción de las acciones. “Se ven como el líder de los acreedores. Por eso no les tomo en cuenta ahí”.

El trato con los bancos no ha sido cercano, sugiere. No le han recibido los fondos de la empresa, no le han dado financiamiento, algunos le han hecho triquiñuelas. “¿Son los bancos terceros de buena fe?”, se pregunta Aizenstatd a sí mismo con vehemencia antes de responderse de inmediato: “A mí sobre todo los bancos aún tienen mucho que demostrarme. Les falta mucho para que yo pueda confiar en ellos”.

Habla del G&T, IFC y FMO, “aunque", matiza, "FMO está más lejos”.

“¿Observó algo que le despertó sospechas?”

”No puedo identificar qué exactamente. Hubo cosas, no necesariamente impropias, pero inadecuadas en estas circunstancias”.

“¿Confía más en APM que en los bancos?”

“Yo no diría que confío en APM. Diría que han hecho esfuerzo proactivos por ganarse mi confianza en mucha mayor medida que los bancos.”

***

Aizenstatd fue citado al Congreso hace días, pero dado que podía atentar contra la independencia de poderes que un diputado exigiera al auxiliar de un juez que le rindiera cuentas, no atendió al llamado y sugirió que lo invitaran. El congresista Julio Ixcamey, presidente de la Comisión de Transparencia, entonces, fijó el encuentro para el 28 de julio.

Fue durante el gobierno de la de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), al que Ixcamey pertenece, que el contrato se comenzó a negociar, y de haberse firmado en los términos de aquel momento, todo hubiera apuntado a condiciones lesivas, según el interventor: en lugar de los US$11.5 que EPQ espera recibir por cada contenedor descargado, en aquel momento se negociaban alrededor de US$2. En el Parlamento, la propuesta del interventor, que antes de serlo criticó con dureza a los legisladores e incluso actuó legalmente para que se prohibiera el transfuguismo, ha despertado sospechas. Carlos Barreda declaró al diario La Hora que puede haber cometido varios delitos por arrogarse funciones que no le corresponden y haberse reunido con APM.

***

La pregunta sobre sus facultades para postular una propuesta ha estado en el aire desde que Aizenstatd la hizo pública.

A él le deja un poco perplejo porque sostiene que no solo goza de la potestad de plantear este tipo de soluciones sino que está obligado a hacerlo. “Lo que claramente no tengo es la facultad de plantear un acuerdo que sea vinculante para el Estado. Pero yo soy un interventor y tengo bajo mi responsabilidad ciertos bienes. Debo velar por ellos en el mejor interés del Estado y bajo la supervisión de un juez. Y esos bienes no solo son cosas: también son contratos y relaciones con distintas personas. Más de 70 empleados están bajo mi resguardo. Tengo la función de buscar la operación de la terminal y emitir planes a corto, mediano y largo plazo y rendirle informes al juez. Para ello tengo que tener fundamentos. Debo saber cuáles son las alternativas. Requiero la ayuda de distinta gente: funcionarios, clientes, proveedores, propietarios. De hecho, por ejemplo, si no me reuniera con los dueños podría generar una responsabilidad del Estado, que la causaría yo. Esto sigue siendo de ellos. Ni siquiera se ha planteado aún la extinción de dominio. Solo hay una medida cautelar: la intervención. Para la operación, a mediano y corto plazo necesito saber si cuento con la cooperación de los dueños. Lo que yo no puedo hacer es asumir el papel habitual de los interventores: llegar, sentarse, cobrar y ver cómo disminuyen los fondos hasta que ya no hay nada, y quedarse la mayor cantidad del tiempo que puedan porque es un sueldo seguro”.

Y en otro momento de la entrevista añadirá: “Me parece obvio que gozo de facultades para proponer soluciones sobre los activos. No solo eso: estoy obligado a hacerlo. Ahora bien, dejo muy claro que no soy el más obligado. Más obligados quienes causaron el problema: EPQ, PGN, el Congreso y los partidos oficiales que dieron lugar a esto. Antes de que yo asumiera, la representante de APM tuvo una reunión con el Congreso con diputados de la UNE. ¿Qué propuestas salieron? Ninguna. Anabella Morfín (PGN), Bernardo López (EPQ), representan instituciones de las que salió esto”.

La PGN ha declarado que entre los abogados se considera mejor siempre una solución conciliatoria que un juicio largo, pero Aizenstatd cree que la decisión de si se impulsa su recomendación deberá ser del presidente Jimmy Morales, por el calado del problema. “Si el Presidente no quiere seguir con esta vía, al menos yo dormiré tranquilo”.

¿Ha mostrado EPQ, por su parte, interés en resolver un embrollo que comenzó en sus instalaciones? El interventor cree que tienen interés, pero que no han dado los pasos para llegar a una propuesta. Tampoco lo ha logrado el Congreso con APM, pese a que, dice Aizenstatd, se reunieron al menos una vez. “Lo asumí yo porque tengo una responsabilidad con 70 empleados, porque sé cómo funcionan las cosas por dentro y conozco la situación financiera, y como no soy empleado público quizá tengo mayor libertad en cómo me puedo expresar. Al fin y al cabo, esto es solo una propuesta: PGN, EPQ y APM deberían resolverlo y consultárselo al Congreso. Lo que yo hago es decirles: 'Señores, resuelvan'.”

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El interventor sostiene que no consultó con el Presidente o la PGN antes de presentar su recomendación. “Y con la gente del Congreso menos. Desde que tomé posesión, funcionarios, sindicatos, cámaras, han pedido reunirse conmigo, pero me he querido mantener alejado por cierta idea de independencia. He sido muy cauto en con quién me reúno, y qué digo y qué no. Tuve que aprender desde el primer día en quién se puede confiar. He tenido reuniones con funcionarios, pero en la mayoría me he limitado a escuchar, con PGN para consultar el estado de los procesos, y también para entender algunos puntos que serían de beneficio para el Estado. Para elaborar mi recomendación, tenía medidas las preocupaciones e intereses de cada grupo. Quien primero vio por escrito la ruta fue APM, pero yo no tenía la seguridad de que fueran a hacerla suya”.

“¿Por qué la vieron ellos antes que el Presidente o la PGN?”

“Yo prefiero mantener cierta distancia de la Presidencia”, responde. “Acepté el nombramiento porque me lo pidió Iván Velásquez. No era una posición del Ejecutivo. Y esto no es más que una propuesta. De poco sirve explicar a los funcionarios la propuesta si quien la tiene que aceptar no está de acuerdo”.

“Pero de poco sirve explicársela a APM si el Estado no está de acuerdo”, y se le pregunta: “¿Quién tiene que impulsarla ahora? ¿Va a ser usted?”

“Yo quiero un papel más secundario y técnico”,replica Aizenstatd. “Tienen que ser nuestros representantes. Es difícil pedirles una solución cuando lo que yo he pedido es que renuncien, pero ahora toca decidir, y lo tiene que hacer la gente que elegimos para ello. Como democracia no nos queda otra opción más que ir ahí”.

“Si esto se traba, ¿hasta dónde llegará usted como interventor?”

“Cuando acepté el cargo sabía que sería difícil. Pensé que sería más conflictivo con la compañía, y no tanto en la búsqueda de la solución. Yo me mantendré en el cargo mientras el juez de extinción de dominio, Iván Velásquez y Thelma Aldana, consideren que estoy haciendo un buen trabajo. Si no se soluciona por esa vía y hay que extinguir y enfrentar las demandas, acompañaré al juez hasta donde él lo considere oportuno”.

TCQ no es ya una empresa solvente, dice Aizenstatd, aunque, añade, la confianza que ha generado la intervención ha ido retrasando la quiebra. Las deudas que tienen que pagar hoy son muy superiores al dinero que hay en el banco, y pese a que APM dice haber depositado entre US$4 y US$6 millones en un fondo, afirma que él todavía no los ha recibido. “Ahora estamos en modo de supervivencia, haciendo pagos mínimos. Pero sin una inyección de fondos esto puede durar hasta principios de septiembre, siendo muy optimista. Si me voy a la quiebra, lo primero es el bienestar de los trabajadores, y después el mantenimiento de las máquinas. Ahora, si hay una posibilidad de avanzar, voy a necesitar más fondos. Por el momento estoy impulsando esta vía porque no tengo evidencia que me demuestre que APM participó en las actividades ilícitas y por lo tanto no puedo sostener que el puerto no pueda operar con ellos, bajo la intervención. Estoy impulsando las licencias de operación como señal de buena fe por parte del Estado. Si me quedo estático, se va a perder todo”.  

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