Asociemos las expresiones anteriores con una promesa que se repite en cada gobierno, pero que no ha llegado a cristalizarse: un seguro agrícola para servicio de los pequeños y medianos agricultores. Recordemos que se necesita de un médico con regularidad, pero a los agricultores los necesitamos al menos tres veces diarias.
Haciendo una revisión rápida de las promesas incumplidas por los gobiernos recientes, encontramos que desde tan lejos como el 2005, con el inicio de Guate Invierte, se disponía ya de un fideicomiso por más de 70 millones de dólares para apoyo agrícola, incluido el seguro. Guate Invierte reconocía en aquel tiempo que el seguro, «en efecto, es caro».
En 2006 ya se contaba con una buena definición de un seguro agrícola que indemnizara a los agricultores por una buena parte del valor estimado de la producción siniestrada. En este enlace se pueden encontrar las normas de juego autorizadas por la Superintendencia de Bancos en 2006. Póngase atención a las páginas 8 a 22.
Según una nota de prensa de 2008, el seguro agrícola estaba siendo aplicado por medio del fideicomiso Guate Invierte. Se contaba con 150 millones de quetzales para créditos a los campesinos de las áreas más vulnerables y un seguro contra siniestros agrícolas. Agrega la nota que «el proyecto buscaba institucionalizarse mediante una iniciativa de ley; sin embargo, la propuesta forma parte de los proyectos en espera de dictamen en la Comisión de Finanzas del Congreso.
»“La actual administración intenta retomar el tema, y hasta el momento la propuesta se encuentra en análisis”, señala el ministro de Agricultura [Ganadería y Alimentación —MAGA—], Raúl Robles. “Estamos haciendo los estudios pertinentes para la puesta en marcha”, indicó.
»El proyecto no tiene un monto definido ni las líneas de acción, hasta el momento solo se acordó iniciar en 2009».
No se sabe a cuántos agricultores sin crédito ayudó Guate Invierte. Sí se sabe que el fondo se acabó en 2015.
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En 2009, el MAGA anunció de nuevo un seguro agrícola para indemnizar a los productores por sus pérdidas. Pero nada pasó.
Más adelante, en 2013, el MAGA revivió el tema. Esto nos dijo una nota de prensa: «Élmer López, ministro de Agricultura, explicó que diseñan un sistema de información con datos de clima, cultivos y pérdidas, que estará listo en el segundo semestre del 2014, para que las aseguradoras tengan la información necesaria que les permita ofrecer sus servicios. “Aún no sabemos cuál será el monto de la prima; lo que queremos es que sea menor del 28 % sobre el costo total de la cosecha, que es lo que se paga hoy”, refirió López».
El año pasado, el Gobierno reinició los esfuerzos por establecer el seguro agrícola. En agosto se reunieron tres ministerios (incluyendo el MAGA), la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesán) y el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) para tratar el tema del seguro y del financiamiento de la póliza. Se habló de colocar fondos en el presupuesto general de ingresos y egresos de 2020.
Este año, el exministro Óscar Bonilla anunció el inicio del seguro agrícola para el primer semestre (casi finalizado).
Ya con el nuevo ministro, José Ángel López, el presidente Giammattei anunció que el seguro se aplicaría hasta en la primera cosecha de 2021.
En una nota asociada, el Mecanismo de Seguros contra Riesgos Catastróficos (en inglés, CCRIF) le pagó este mes a Guatemala 3.6 millones de dólares por los daños causados durante nueve días por la tormenta tropical Amanda. La póliza costó medio millón de dólares y había sido firmada a principios de mes. Los seguros catastróficos no son exclusivos del seguro agrícola.
Lo que llama la atención del último párrafo es que el beneficiario es el Gobierno, no los ciudadanos afectados. El seguro agrícola no debe ser así.
En síntesis, el seguro es caro, no se tiene dinero para la póliza y faltan los estudios técnicos y los ajustes legales para hacerlo realidad, pero lo anuncian públicamente una y otra vez. «No me digas que me quieres…».
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