Para nadie es un secreto que uno de los problemas estructurales, si no el principal, de la sociedad guatemalteca es su sistema tributario. Hoy, de cada quetzal que ingresa al fisco, 70 centavos provienen de los impuestos al consumo y 30 centavos de los impuestos a la renta, lo que lo hace regresivo y contrario al principio de capacidad de pago (artículo 243 de la Constitución), situación que se agudiza con el otorgamiento de incentivos tributarios ineficaces para promover la inversión, convirtiéndose en terreno fértil para la captación de rentas.
Por ello, el objetivo de la política tributaria de mediano y largo plazo deberá orientarse al establecimiento de un sistema tributario simple y sustentado en la norma constitucional mencionada, por lo que no se vale seguir ensayando e improvisando medidas no sistémicas para corregir este problema.
El planteamiento público del Monotributo para formalizar a la economía informal, a primera vista parece una alternativa viable ante la falta de recursos del gobierno, sin embargo, hay que tener mucho ojo, pues no todo lo que brilla es oro. La implementación de un tributo como éste, requiere per se; de un conocimiento profundo de las actividades que se desarrollan en dicha economía: cómo se clasifican, cuántas personas laboran, cuántos son trabajadores por cuenta propia, cuántos son propietarios o no de sus locales y equipo, cuáles son sus niveles de ingreso, cuántos viven en pobreza y en extrema pobreza, si los productos que se comercializan son de origen nacional o importado y un largo etcétera.
Ésta es información imprescindible para después, determinar el hecho generador del tributo, la base imponible, el sujeto pasivo, las exenciones, las infracciones y sanciones y otro largo etcétera, para blindarlo jurídicamente, a fin de evitar que el nuevo impuesto quede sin efecto. Pero lo más importante es evitar que el monotributo se convierta en un estímulo a la migración de empresas formales hacia el nuevo gravamen. ¡Cuidado!
Comprometer los servicios de la Seguridad Social como estímulo a las personas que trabajan en la economía informal para su formalización, no sólo es irresponsable sino que refleja total desconocimiento de las condiciones y capacidad instalada con las que cuenta el IGSS para prestar sus servicios. Señores y señoras del gobierno: ya no más improvisaciones.
* El autor es economista con estudios de maestría en Formulación y Evaluación de Proyectos y en Integración Regional. Se ha desempeñado entre otros cargos, como Viceministro de Economía y Presidente de la Junta Directiva del CHN. Actualmente es Director de la Escuela de Economía de la USAC.
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