Naturalmente, la reforma tributaria aprobada el año pasado ha generado malestar y en el caso de quienes pueden pagar los enormes honorarios de abogados expertos, la han impugnado ante la Corte de Constitucionalidad (CC). Nada hay más sano para una democracia que los inconformes puedan acudir a un sistema de justicia funcional, en la que los tribunales fallan conforme a derecho y se decida privilegiando el bien de la mayoría, y no los intereses individuales o sectoriales.
Así, la reforma tributaria ha sido impugnada ampliamente. En un conteo rápido, fueron impugnados prácticamente 1 de cada 3 artículos de las leyes mediante las cuales se aprobó la reforma. Y hasta ahora, la CC sólo ha decretado la inconstitucionalidad de 1 artículo y ha suspendido provisionalmente solamente 4, con lo cual pareciera que la reforma no corre riesgo de ser decretada inconstitucional.
Sin embargo, el ataque a la reforma no ha sido solamente por la vía legítima de las acciones de inconstitucionalidad, sino hay ataques en las sombras. Parece que hay quienes quieren lograr el privilegio artero de no pagar impuestos sin dar la cara, perjudicándonos a todos.
Paralelamente se instaló una mesa “técnica” de negociación entre el Gobierno y las cámaras empresariales, excluyendo a las organizaciones de la sociedad civil y a la ciudadanía en general. Este es un espacio opaco, en el que dos sectores (que les encanta hablar de transparencia), negocian a puerta cerrada lo que afecta a todos. Pero además de la flagrante falta de transparencia y exclusión de sectores que sí tienen capacidades técnicas para proponer y aportar, esa mesa técnica es ya un espacio en el que parecieran estarse impulsando modificaciones espurias a la legislación tributaria.
En la reforma tributaria hoy vigente, correctamente se legisló que las ganancias provenientes del juego y las adquisiciones a título gratuito constituyen rentas de capital gravadas por el ISR (literal j del numeral 3 del artículo 4 de la Ley de Actualización Tributaria). Hace unos días en medios de prensa trascendió que en la mesa técnica gobierno – sector privado se habría acordado, o por lo menos se ha propuesto suprimir esta norma, con lo cual los casinos y juegos de azar quedarían fuera del alcance del ISR.
En el texto legal se trata de un detalle pequeño, casi imperceptible, agazapado entre algunas propuestas técnicamente correctas. Pero el trasfondo y las consecuencias de aprobar semejante cosa son alarmantes. Ciertamente, bajo ningún punto de vista se justifica otorgar privilegios fiscales a entidades tan cuestionadas como los casinos, sobre los cuales ya pesan serios señalamientos como lavado de dinero.
¿De dónde vino este insulto al principio de equidad tributaria? ¿Quién lo propuso? ¿A quién beneficiaría semejante privilegio fiscal? ¿Quién es responsable de las decisiones de esa mesa técnica?
Éste es el problema fundamental cuando se atenta contra la transparencia y la apertura en las decisiones de interés público. Es lo que ocurre cuando se menosprecia a la sociedad civil organizada. Con una participación amplia y democrática en esa mesa de negociación, quien haya propuesto privilegios para los casinos, ¿se hubiese atrevido ante una celosa y vigilante auditoría social?
La vicepresidencia (coordinadora del equipo gubernamental que participa en la mesa técnica), está obligada a responder por esta anomalía y asumir la responsabilidad de suprimirla de cualquier acuerdo que se alcance. Ella misma se proclama como lideresa en el Ejecutivo por la transparencia. Es momento que actúe y le cumpla a la ciudadanía que le eligió en el cargo.
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