No jugar con las vidas

Desde hace más de una década Guatemala vive con las tasas de homicidios más altas de la región. Sumado a ello, la institución responsable de garantizar la seguridad ciudadana, la Policía Nacional Civil (PNC), dista mucho de estar a la altura para cumplir su misión. De hecho, la cosecha del gobierno de Jimmy Morales, con la gestión de Enrique Degenhart en el Ministerio de Gobernación (Mingob), significó la destrucción de la PNC en todo sentido. Además, las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana no llegan al centro de la problemática y solo se recurre a métodos de mano dura como discurso, pero inefectivos.

En días recientes, dos mecanismos desarrollados como resultado de acciones desde la sociedad civil, las alertas Alba-Keneth (para búsqueda de niñas, niños y adolescentes desaparecidos) e Isabel-Claudina (para búsqueda de mujeres desaparecidas), han circulado profusamente. Una revisión de dichas alertas en lo individual no muestra un incremento sustantivo real, aunque la percepción es lo contrario. Lo que sí se aprecia es un proceso de difusión amplificada que apuntala una sensación de inseguridad e incremento del riesgo.

Llama la atención que el titular del Mingob, Oliverio García Rodas, desmienta el alza desmedida de las alertas y los delitos. Cabe entonces preguntarse si el jefe de la cartera del interior ignora los hechos reales o si, por el contrario, tiene control de la situación y son otros actores los interesados en dar una imagen distorsionada.

Desde el punto de vista de la visión de la seguridad en una democracia, esta es definida como un estado de bienestar tal que las personas ejercen todos sus derechos y libertades sin temor o riesgo a su integridad. En cambio, los sectores vinculados a servicios de inteligencia militar la han definido como una sensación, es decir, un sentimiento que puede ser mediáticamente modificado.

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Si nos atenemos al concepto de seguridad que han manejado los servicios de inteligencia, no es descabellado pensar que podría tener base la noción de que hay interés en manipular los datos reales. Una acción que buscaría hacer sentir a la gente en riesgo permanente y en empujarla a la inamovilidad. Ya porque en el Gobierno haya quien quiera a García Rodas en el marco de la disputa permanente en esa cartera, ya porque el mismo García Rodas, aunque haya tomado distancia, sí sea parte de la intención de impulsar políticas autoritarias.

Cualquiera que sea el origen de esta alzada artificial, es una crueldad utilizar el dolor de las familias que tienen a un familiar que ha sido secuestrado. Es una crueldad aprovecharse de ello para empujar agendas regresivas en materia de derechos. Cada familia con un ser querido cuyo paradero se desconoce vive el dolor y la angustia de no saber qué ha sucedido.

A ubicarlo debe abocarse cada entidad del Estado a cargo de la seguridad, no a utilizar el hecho de un secuestro referido en las alertas para intereses aviesos. Menos aún a utilizar ese dolor o angustia para estimular el terror y el miedo como mecanismo de control social. La seguridad de las personas y la vida de quienes habitamos este país no deben ser vistas como instrumentos de funcionarios perversos.