Algo parecido estamos comenzando a sufrir cuando sectores minoritarios de la sociedad guatemalteca se aferran a formas de pensar ya superadas, simplemente para defender sus intereses y los de sus allegados.
La no inclusión de la Dra. Paz y Paz en el sexteto de candidatos para asumir la conducción del Ministerio Público bien puede entenderse como el abrupto corte a una parte importante del cuerpo de la sociedad, parte que, definitivamente, no se regenerará de manera natural y sin problema. Porque al no incluirla en el grupo de candidatos a presentar a Presidencia de la República para que entre ellos se escoja al titular del MP no solamente eliminaron a una persona, anularon de tajo la tan necesaria independencia del citado organismo. Pero lo que es aún más lamentable: los abogados allí reunidos mostraron cuan ineficaces e ineficientes han resultado las llamadas comisiones de postulación.
Tales comisiones tienen normados sus procedimientos, pero lo son de manera tan genérica que si bien dedican una enormidad de tiempo a supuestamente calificar hasta “el modo de andar” de los candidatos, luego, en fracción de segundos, deciden hacer una votación en la que entran todos los candidatos y resultan siendo incluidos en las nóminas los que, cuando se calificaron méritos académicos y profesionales, resultaban más que descartables. La selección de los candidatos no responde, en consecuencia, a la consideración de los méritos, sino simplemente a la orientación que desde los distintos poderes se envía.
Fue así en la selección de los miembros del TSE, donde primero se hizo “upa” a varios candidatos para que aparecieran en las listas y luego, puestos todos en igualdad de condiciones, se escogieron a los que los partidos querían y no a aquéllos que presentaban las mejores credenciales.
Poner a miembros del mismo gremio, sin más orientaciones que simples generalidades legales, es poner al lobo a cuidar de las ovejas. Porque los líderes de los gremios tenderán a defender los intereses del grupo de agremiados que les apoyan, los que en este caso resultan siendo los intereses de quienes los contratan. Y por lo que parece, la tendencia es a la banalización aún mayor de los méritos profesionales y académicos de los participantes, de manera que “haciendo como que se hace”, se impongan los intereses de grupos y no los intereses de la nación.
En el caso que nos ocupa ha quedado evidente, además, que no se estaba escogiendo al profesional que pudiera enfrentar de manera directa y abierta la criminalidad, sino a alguien que proteja y apadrine el manejo oscuro de las causas penales, teniendo todos como telón de fondo la impunidad en los crímenes de guerra.
Pero el espectáculo de manipulación sectaria que la mayoría de los decanos de las facultades de derecho, asociados a los actuales dirigentes del Colegio de Abogados es tan grande que es un parte aguas claro entre un ascenso lento y difícil que en la construcción de un sistema de justicia independiente vivíamos y el inicio de una debacle cuyas consecuencias serán enormemente elevadas. Porque, de nuevo, no se eliminó a una persona, sino se dejó en evidencia qué tipo de asuntos y temas no deben ser atendidos por la justicia, dígase: los crímenes de lesa humanidad.
En este remedo de proceso de selección quedó evidenciado, nuevamente, que quienes dirigen las facultades de derecho no son, para nada, actores con vocación pública, mucho menos profesionales de la academia. De ahora en adelante bien podemos decir, sin que ellos lo puedan ya negar, que existe toda una gama de supuestas universidades en las que la tortura, la desaparición forzada, la masacre de masas de población indefensa no son crímenes, y se justifican en base a la defensa de un Estado en el que deben privar los intereses de aquellos que poseen el poder económico. En esta visión del derecho y la justicia, el ejército es un instrumento al servicio de un sector y un grupo particular, y no en la defensa de los intereses de todos los que componen una nación.
El bochornoso evento nos mostró además que el mundo universitario en el país no funciona a partir del mérito y el conocimiento, sino a partir de la posición ideológica de los actores. Los estudiantes ahora tienen más que claro que en muchas de las universidades del país, las autoridades no califican méritos, sino afinidades ideológicas. Los estudiantes podrán dominar lo mejor posible los contenidos, pero las pruebas no serán para nada el indicador para obtener títulos: sus decanos y rectores premiarán la ideología.
Como puede verse, entonces, no sólo el concepto de comisión de postulación es el que ha rodado por los suelos. Cayó también la independencia de las universidades y su priorización del conocimiento y si en una se solapan fraudes documentales, en las otras se actúa a partir de la ideología y no de los méritos académicos. Perdimos no sólo la independencia del Ministerio Público, sino la expectativa de instituciones de educación superior efectivamente académicas, imponiéndose además una visión clasista y autoritaria del ejército nacional.
Un sector minoritario y ruidoso de la sociedad evidentemente ha triunfado. Los líderes del poder económico lamentablemente se han puesto de ese lado. Unos y otros son, pues, responsables del país que está surgiendo. Pero para nada este triunfo suyo es la lápida a la lucha por un país más digno y moderno, pues si bien es evidente que ésta será más dura y compleja, la evolución del mundo muestra que los terroristas de Estado, las oligarquías que en ellos se esconden están con los días contados, así controlen o no el sector justicia.
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