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Niños con fusiles irrumpen en lucha política de Venezuela

En Venezuela, con 29 millones de habitantes, se registran un millón y medio de delitos y 19.000 homicidios al año, según ONG.
La Ley para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes expresamente prohíbe facilitar de cualquier forma, a los menores de 18 años, tabaco, alcohol, drogas o material pornográfico, e incluso existe una ley que veda a este grupo poblacional los juguetes y videojuegos bélicos, así como actos que difundan mensajes de odio o violencia.
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Niños con fusiles irrumpen en lucha política de Venezuela

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Un grupo político radical que actúa en una barriada obrera en el oeste de la capital de Venezuela difundió imágenes de niños y niñas de su comunidad, con los rostros semicubiertos, exhibiendo ufanos sus potentes fusiles de asalto AR-15.

Se trata del Colectivo La Piedrita, que se reivindica como seguidor del presidente Hugo Chávez y que controla una zona céntrica en la parroquia (distrito) 23 de Enero, durante décadas bastión de la izquierda y donde sufraga el mandatario en las elecciones.

Fotografías publicadas en redes sociales desde el 29 de enero muestran a los pequeños participando en actos de la comunidad, al lado de adultos, mujeres y hombres, practicando puntería con las armas ante murales que enseñan a íconos de la guerrilla o una imagen Jesucristo, que también empuña un fusil.

Varias veces en los últimos años, el grupo La Piedrita ha mostrado a sus integrantes, enmascarados o no, exhibiendo armas de fuego en público, y se ha atribuido ataques con granadas lacrimógenas a las sedes de medios de comunicación, del arzobispado católico, del Ateneo de Caracas y del opositor partido demócrata cristiano Copei.

Contra el máximo líder del grupo, Valentín Santana, se ha librado una orden de captura por presunto homicidio y el propio Chávez, en un programa de televisión en 2009 ordenó detenerlo.

Pero el arresto nunca se ha ejecutado y el dirigente ha aparecido este mes en un acto público en la parroquia del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que comanda el presidente, en el poder desde 1999.

El ministro de Interior y Justicia, Tarek El Aissami, afirmó que el gobierno "rechaza y repudia la presencia de niños y adolescentes exhibiendo armas", un hecho "moralmente inaceptable", pues "se violan principios moralistas (sic) contenidos en la Constitución y se atenta contra el desarrollo integral de nuestros niños".

El Aissami ordenó una investigación "para determinar las responsabilidades" por la exhibición de niños armados, algunos de los cuales no superarían los cinco años de edad.

También la Fiscalía General de la República dispuso que dos funcionarios de la Dirección de Protección de la Familia abrieran una investigación "para determinar tanto la veracidad de los hechos como sus responsables, y ejercer las acciones respectivas".

Pablo Fernández, secretario técnico de la recién creada Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme, dijo que lo más preocupante era "la utilización grotesca, irresponsable e inmoral" de niños en ese acto.

A su juicio, "debe establecerse la responsabilidad de los adultos que organizaron la actividad y de quienes con intencionalidad o no tomaron las fotografías, pues niños tan pequeños no deben tener mucha conciencia de la utilización que se hace de ellos".

"Tiene que haber un manejo claro en este asunto. Lo que recogemos de madres y padres en la calle es que debe materializarse una decisión política para protección de niños, niñas y adolescentes, y que no se haga apología de la violencia", dijo a IPS el codirector de Cecodap, Fernando Pereira. La organización no gubernamental (ONG) es la principal en Venezuela en la promoción de los derechos de la infancia.

Pereira comentó que difundir imágenes de niños y niñas con armas era "echarle gasolina al fuego de una situación de violencia suficientemente conocida".

En Venezuela, con 29 millones de habitantes, se registran un millón y medio de delitos y 19.000 homicidios al año, según ONG.

El Aissami, sin precisar el número de esas muertes correspondientes a 2011, dijo: "No hemos podido perforar el piso duro de 48 homicidios por 100.000 habitantes".

Cada mes perecen en hechos de violencia un centenar de niños y adolescentes.

Las ONG también manejan cifras variables sobre las que pueden ser millones de armas de fuego que están ilegalmente en manos de la población.

Rocío San Miguel, de la organización Control Ciudadano para la Seguridad, la defensa y la Fuerza Armada, dijo a IPS que las armas mostradas por La Piedrita, AR15 de la firma estadounidense Armalite, "han sido utilizadas por la policía política y su jefe, el general Miguel Rodríguez, debe explicar cómo llegaron a quienes las usan en 23 de Enero".

San Miguel destacó que Venezuela suscribió pactos internacionales que vedan la participación de niños en grupos armados, además de la abundante legislación doméstica que teóricamente protege a la infancia.

La Ley para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes expresamente prohíbe facilitar de cualquier forma, a los menores de 18 años, tabaco, alcohol, drogas o material pornográfico, e incluso existe una ley que veda a este grupo poblacional los juguetes y videojuegos bélicos, así como actos que difundan mensajes de odio o violencia.

"Todo adulto que con su presencia avale el acto es directamente responsable moral y penalmente. Su arresto debió hacerse inmediatamente, pues están plenamente identificados. La voluntad política del Estado de deslindarse del hecho se manifestará en esas detenciones", observó a IPS el sociólogo Luis Cedeño, de la organización Paz Activa.

Mujeres fotografiadas junto a los niños y las armas difundieron, tras estallar el escándalo, un vídeo en un aula con escolares de muy corta edad que esgrimen libros de Historia y la Constitución de Venezuela y en el que afirman: "Estas son las armas que nosotros entregamos a nuestros niños".

La Piedrita, por otra parte, actúa como un consejo comunal, figura de organización territorial promovida por el gobierno para financiar sus actividades. Tiene vehículos para transporte público, fábrica de ladrillos, canchas deportivas y una ambulancia.

En junio y julio de 2011, cuando presos fuertemente armados se amotinaron durante tres semanas en una cárcel cercana a Caracas, el diputado Diosdado Cabello y un activista de La Piedrita que ante la prensa sólo se identificó por su alias "Satanás", actuaron como mediadores ante el gobierno para buscar una salida al conflicto.

Cabello, que desde este mes de enero preside la Asamblea Nacional (parlamento) y es vicepresidente del PSUV, dijo este lunes 30: "condenamos total y absolutamente el uso de niños en esta figura"

"Los que hacen esto le hacen un flaco favor a la revolución. El Presidente se ha cansado de decir que esta es una revolución pacífica y no usa las armas, solo las tienen las Fuerzas Armadas", aseveró Cabello.

Los dirigentes de la oposición, especialmente quienes aspiran a ser candidatos a la Presidencia y a las alcaldías de Caracas, no solo censuraron lo hecho por La Piedrita, sino que además acusaron al gobierno de tolerar, animar e incluso dar armas a grupos como ese.

Venezuela está inmersa ya en la campaña para las elecciones presidenciales del 7 de octubre, y la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática escogerá a su abanderado de entre cinco aspirantes en unas primarías que se realizarán el 12 de febrero.
*Este artículo es parte de IPS y es reproducido con su autorización por Plaza Pública.

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