El jueves 23 de agosto se llevó a cabo la tercera sesión de diálogo sobre la iniciativa 5,376, Ley de protección integral, acceso a la justicia, reparación digna y transformadora a las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, explotación sexual y trata de personas, presentada por la diputada Sandra Morán y el diputado Enrique Álvarez. Los aportes de más de 60 organizaciones de la sociedad civil de la más diversa gama de posicionamientos coinciden en que las condiciones en que viven las niñas y adolescentes en Guatemala son graves y en que urge tomar acciones decididas para su protección y defensa.
Las víctimas de violencia sexual, explotación sexual y trata de personas han sufrido la vulneración de sus derechos a la integridad física y psicológica, a la no violencia, a la privacidad, a la libertad, a la recreación, a la educación, a la salud, al derecho a no ser madres a los 9, 10, 11, 12, 13 o 14 años de edad. La iniciativa 5,376 les ofrece una respuesta integral desde el Estado mediante la restitución para rehabilitar, proteger y garantizar su vida, integridad, salud, educación, convivencia familiar, recuperación emocional, capacitación técnica y recreación: sus derechos reconocidos por la Constitución Política de la República de Guatemala, así como por convenios y tratados internacionales.
Muchas organizaciones participantes se prepararon para el diálogo como un ejercicio democrático para resaltar las virtudes de la ley, subsanar sus debilidades y apostar como sociedad por una política que por primera vez acoja a las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual en el país. Con base en la ley y en la ciencia se reconoció la ciudadanía de las niñas y adolescentes, que son titulares de derechos. Asimismo, se recalcó la importancia de diseñar políticas específicas para poblaciones vulnerables y se presentó el impacto de la violencia sexual y de la maternidad forzada sobre el cuerpo, la salud emocional y la vida social de niñas y adolescentes. Se sensibilizó sobre su impacto desde el testimonio de mujeres víctimas de violencia sexual durante su niñez.
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Demasiado pronto el ejercicio de diálogo fue interrumpido por la dinámica cotidiana que prevalece en el palacio legislativo, a la cual sobreviven los pocos diputados honestos que quedan. La convocatoria abrió las puertas de dicho palacio a la ciudadanía, la sentó a la mesa y luego puso en vitrina de cristal las mañas propias del lugar a la vista de todos y todas. Incumplimiento de normas, trampas para dar la palabra a conveniencia, sutiles censuras a la oposición, manipulación espiritual y misoginia. El clásico ejercicio de diálogo presidido por la doble moral de la Guatemala conservadora, retrógrada, padre de la vieja política. Sudaban descaro e invocaban el nombre de Dios con el mismo aliento con el que condenaban a las niñas a condiciones de vida que cumplen con la definición de tortura. Esto sucedió en cada una de las tres mesas de diálogo.
De nuevo, el 23 de agosto, una tras otra, 20 organizaciones ofrecieron argumentos fundamentados en la ciencia y en derechos para pedirle a la Comisión de la Mujer que presente dictamen favorable a la iniciativa de ley 5,376.
La legislatura actual ha convertido el palacio legislativo en un laberinto en el que intenta avanzar iniciativas de ley entre muros de intereses que suelen derrumbarse al marco de negociaciones económicas o políticas: ley por ley o ley por billete. Así está la iniciativa de ley 5,376, una herramienta valiosa que ha recibido apoyo público de decenas de organizaciones, una diputada, un diputado y una ex secretaria presidencial de la mujer castigada al optar por los derechos de las niñas y adolescentes. En ese laberinto construido por el financiamiento electoral ilícito y anónimo camina también el destino. ¿Dejamos el destino de Guatemala y de sus recursos, los derechos y sueños de la población, solos con un diputado de la actual legislatura? No los dejemos solos. Sigamos, sigamos, sigamos.
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