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Nicaragua: "Situación de alerta" por abusos a menores

Organizaciones de derechos humanos demandan protección a la niñez
Foto: Organizaciones de mujeres demandaron que no se justifique el abuso sexual. W. Miranda/Confidencial.
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Nicaragua: "Situación de alerta" por abusos a menores

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Más del 50% de los exámenes practicados por abuso sexual en Medicina Legal, en el primer trimestre de 2012, fueron a niños menores de 13 años.

Armados de mantas y consignas, diversos organismos defensores de los derechos humanos protestaron la mañana de este martes en la sede central de la Policía Nacional en Plaza el Sol, en señal de repudio a “la violencia sexual de la que son víctimas niñas, niños y adolescentes nicaragüenses”, luego que declararon “situación de Alerta” por ello.

Antes del plantón, en una conferencia de prensa, estos organismos hicieron público un pronunciamiento, en el cual hicieron énfasis en las altas cifras de violencia sexual registradas por la Comisaría de la Mujer. Al mismo tiempo, enumeraron algunos casos que han quedado en la impunidad, como la violación a una niña de 13 años por el beisbolista profesional Jimmy González y la niña de 12 años originaria de la remota comunidad de Walpa Siksa, cuyo riesgoso embarazo fue catalogado como “un milagro de Dios” por el régimen Ortega-Murillo.  

“Estadísticas de la Comisaría de la Mujer y la Niñez de la Policía Nacional reportan que en el año 2011, un total de 3 mil 660 denuncias de violencia sexual, en el primer semestre del presente año se registraron un total de 1, 873 denuncias de violencia sexual; 1,050 de las víctimas son menores de 14 años”, leyó el pronunciamiento Lorna Norori del Movimiento contra el Abuso Sexual. 

Al cotejar estas cifras con las del Instituto de Medicina Legal, las cifras resultan también alarmantes: en el primer trimestre de 2012 Medicina Legal practicó 1,312 exámenes médicos a personas que sufrieron abuso sexual, es decir 14.6 peritajes diarios, de los cuales el 51.4% fueron practicados a niños menores de 13 años.

“Por ello declaramos que nos encontramos ante una situación de alerta e instamos a no desistir en la denuncia de los delitos de violencia sexual, y exigir a las instituciones del Estado que cumplan con el deber de asegurar y proteger los derechos de niños y niñas; para lo cual, los operadores de justicia están obligados a utilizar todos los recursos jurídicos, técnicos y profesionales para que el agresor sea juzgado por el delito cometido”, acota el pronunciamiento.

Azalea Solís del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), aseguró que el motivo de la protesta que realizaron frente a la sede de la Policía, fue por la “falta de justicia” en el caso de la niña violada el pasado nueve de agosto por policías de la custodia de Daniel Ortega, a escasos metros de su casa. 

“Según la denuncia de la niña fueron cinco oficiales y un guardia de seguridad quienes la violaron, pero sólo tres aparecen acusados por Fiscalía. Como hemos sabido por informaciones periodísticas, la Policía no actuó diligentemente con el caso; y al contrario hubieron unas desafortunadas declaraciones de la primera Comisionada Aminta Granera, calificando de errores lo que son hechos delictivos. Y eso es lo que planteamos aquí en la protesta. Todos los señalados deben ser procesados y no debe haber impunidad en este caso”, sostuvo Solís en medio de las consignas como “No hay que proteger a los abusadores”, “No fue un error, ¡fue un crimen!”, entre otras.

El pronunciamiento y la protesta fueron organizados por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), el Movimiento contra el Abuso sexual, IPAS, CODENI, MAM, católicas por el Derecho de Abortar, entre otras organizaciones.

Según estos organismos no gubernamentales, situaciones como la niña violada por escoltas de Daniel Ortega, “evidencian una singular protección del sistema hacia los abusadores sexuales, por lo cual exhortamos a que se tomen medidas integrales y una enérgica política de Estado contra la violencia sexual hacia las niñas y adolescentes”.

Demandas específicas:

 

A la Policía Nacional: “Realizar y profundizar las investigaciones con la debida diligencia y celeridad que ameritan los casos de violencia sexual, destinado para ello, el máximo de recursos disponibles”.

 

Al Ministerio Público: “La publicación estadística sobre el ejercicio de la acción penal en dichos casos, los que se encuentran en investigación y los que fueron archivados”.

Al Poder Judicial: “Demandamos la publicación estadística de los resultados de la judicialización de cada uno de los casos planteados, donde se especifique el número de agresores sexuales que se encuentran bajo condena por el delito cometido y los que resultaron no culpables después del proceso judicial”.

Al Ministerio de la Familia: “La aplicación de medidas de protección especial a favor de niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual que incluyan, atención psicológica, albergues según la necesidad del caso, seguimiento del caso con los operadores de justicia”.

 A la Asamblea Nacional: “Ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y que se cumplan con los compromisos internacionales adquiridos en materia de derechos humanos de la niñez y de las mujeres, procurando acceso a la justicia y reparación de los daños causados a las víctimas”.

 

*El anterior es reproducido por Plaza Pública con la Autorización de El Confidencial. 

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