Nicaragua: ¿Reforma tributaria o contrareforma?

“El sector agropecuario tiene que quedar ‘blindado’, no porque ese rubro esté preocupado por el impacto que generaría un alza impositiva en los productores o en las empresas, sino porque Nicaragua es un país eminentemente agrícola. El empleo se genera en gran medida en el sector agrícola, los productos que consumimos vienen del sector agrícola, y por lo tanto, tenemos que buscar cómo estos precios continúen llegando de manera favorable a todos los consumidores del país”, considera Aguerri.

Pero si defender al sector productivo agrario y pecuario es clave para los empresarios, la defensa de los beneficios fiscales que reciben los grandes proyectos es también clave, considerando, como dice Aguerri, que “si queremos dar saltos importantes en crecimiento, la única manera es a través de este tipo de proyectos, a los que sólo podés atraer con exoneraciones. No existe otro mecanismo”.

Por su parte, el experto fiscal Julio Francisco Báez, quien recuerda la existencia del “mito de las famosas exoneraciones”, al asegurar que “ninguna empresa seria tomará sus decisiones de inversión en razón de las exoneraciones que se le otorguen”.

“Las realidades del mundo globalizado y las constataciones empíricas de la ciencia económica -respaldada por la fiscalidad y en particular por la política tributaria- demuestran de manera fehaciente que la exoneración es el peor de los incentivos que puede otorgarse”, sentencia.

“Ciertos estados incurren en la ilusión de promover esta política de subsidios, embobados por el hecho de no considerarlo un gasto ya que no lo desembolsan, pero olvidan dramáticamente que el hecho de no percibir ese ingreso que dispensan, es una forma real y efectiva de gasto”, añadió.

 ¿A quien benefician las exoneraciones al agro?

En referencia al ‘blindaje’ para el sector agropecuario (ya está exento de DAI, ISC, IVA e IR) de que habla el titular del Cosep, Báez asegura que “el desarrollo de la competitividad nada tiene que ver con la existencia o no de los incentivos”.

Añade que “quienes sostengan lo contrario, ¿podrían explicar por qué el sector agropecuario, que tiene más de 20 años de gozar de exoneraciones amplísimas para importaciones y compras locales, mantiene sus niveles de productividad menores a los que existían hace medio siglo?”.

“¿Por qué el supuesto incentivo de las bolsas agropecuarias, que elimina el IR y lo sustituye por un pago irrisorio del 1.5% a quienes vendan en ese recinto (que dicho sea de paso son empresas privadas que transan al año más de 20 mil millones de córdobas), no ha incidido en productividad alguna? ¡Claro que hay ventajas, pero para el insano buscador de renta, para el especulador agropecuario, no para el empresario moderno!”, exclamó.

En el estudio “Hacia un presupuesto público para promover el desarrollo de Nicaragua” preparado por el economista José Luis Medal, y publicado en marzo del 2012 por la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES), el autor considera que “no es justificable” seguir manteniendo el régimen especial otorgado a las bolsas agropecuarias.

“Cabe más bien que la retención de la bolsa agropecuaria se conserve con las actuales tasas reducidas, pero que no tengan carácter de retención definitiva, salvo el caso de la producción campesina de montos muy reducidos”, propone.

“Con ello, el sector agropecuario se incorporaría en el sistema general del IR aplicable a las actividades económicas y a la renta del trabajo, lo cual es necesario si realmente se quiere establecer un sistema tributario basado en el principio de generalidad, neutralidad, y equidad en los tributos”, añade el experto.

Exoneraciones a ‘megaproyectos”: ¿se justifican?

Para los críticos en el tema impositivo, exonerar de impuestos a Tumarín y a la refinería significará un enorme gasto tributario para el país, mientras los defensores de ambos proyectos encuentran que esa es la única (y muy barata) vía para tener una represa y una refinería de ese tamaño.

José Adán Aguerri, presidente del COSEP, lo explica de esta forma: “Hay una realidad. Hay una situación que caracteriza a Nicaragua, y es el hecho que somos una economía muy pequeña, y muy poco atractiva para los grandes inversionistas”.

“Esto no sólo ocurre en Nicaragua. Cuando uno revisa la inversión mundial, y ve a Centroamérica, se da cuenta que somos un territorio muy poco cotizado para los grandes inversionistas, a causa del tamaño de nuestras economías, por las características de nuestra calidad educativa, el tipo de productos que ofrecemos, etc.”, añade.

A su juicio, “la única manera es a través de este tipo de proyectos, que los tenés que atraer con esas exoneraciones. No existe otro mecanismo”.

El argumento no convence al experto fiscal Julio Francisco Báez para quien “competir en Centroamérica no es sinónimo de sumergirse en la vorágine de los llamados incentivos shopping (pelea entre países por ver quién da más, quién se ofrece más atractivo y guapo al mejor postor a través del regalo de dinero)”.

“Los gobiernos tontos no quieren entender que su mejor carta de presentación como Estado no es ajuntándose la minifalda de las apariencias para que el inversionista local o extranjero se entusiasme y decida anclarse en el país”, cuestiona Báez.

Añade que “la inversión extranjera y la local (que es mucho mayor que la extranjera), cuando es seria, pocas veces será tentada por regalitos y guirnaldas, sino por la solidez de sus instituciones, la sencillez, legitimidad y estabilidad de las reglas del juego, y por un sistema de justicia impecable, entre otros factores estructurales”.

Otro argumento en este caso es que en realidad, se trata de proyectos suficientemente rentables, y por eso, atractivos por sí mismos, pero Aguerri recuerda que “hay competencia. Cualquier país de Centroamérica te puede competir en generación de diferentes tipos de energía. Para que alguien venga a Nicaragua considerando el tamaño de nuestra economía, el estado de su infraestructura, tenés que hacer el proyecto atractivo”, vía exoneraciones.

 Otra vez el ‘socio tonto’

El empresario argumenta a su favor que “el impulso que las zonas francas le han dado a Nicaragua en el crecimiento económico y en la generación de empleos es más que evidente. Si nosotros no hubiéramos tenido esos incentivos para zona franca, no tendríamos hoy esos cien mil empleos formales que tiene el país”.

“Mientras no tengamos otras alternativas que le permitan a esos cien mil trabajadores tener un empleo formal, no hay, por lo menos en el corto plazo, otra forma de poder hacerlo”, asegura.

Parafraseando al experto fiscal argentino Daniel Artana, otorgar tantos incentivos fiscales a cambio de tan poco, dejaría al Estado nicaragüense como un “socio tonto” de tantas empresas privadas, pero, una vez más, Aguerri difiere de esa visión, especialmente al pensar en Tumarín.

“Cuando vemos a largo plazo, Nicaragua en 30 años pasa a ser dueña de Tumarín. Para entonces, el único costo que tendrá la energía que genere Tumarín, será el costo operativo de tener ese proceso en marcha. Ya no habrá ningún otro costo, por lo cual, en 30 años, le estás dando certeza al país a largo plazo, de que tendrá energía y que tendrá energía barata”.

“Lo que nunca hemos hecho hasta el día de hoy, es ver a largo plazo. Este tipo de proyectos permite ver a largo plazo, y pasará a ser propiedad del Estado de Nicaragua, sea quien sea el que lo encabece en 30 años, que no será ninguno de los que está ahora en el poder”, aclaró.

Si bien es cierto, eso podría se válido para Tumarín, no resulta igual para el resto de proyectos, que siguen siendo propiedad del inversionista, pero el presidente del Cosep recuerda que “en el caso del puerto (Monkey Point) era igual. En Gas Natural, ya Nicaragua es propietaria del 16% de la empresa, y probablemente en esta negociación que se está dando, el Estado de Nicaragua pueda tener mayor participación”, argumentó.

*El anterior es