La forma en la que operadores de justicia probos e íntegros están siendo perseguidos y encarcelados es un crimen y una vergüenza nacional.
La principal manifestación de la naturaleza autoritaria y antidemocrática y del corte dictatorial del régimen de Giammattei y su pandilla, está siendo la persecución y encarcelamiento de periodistas independientes y operadores de justicia probos, íntegros e independientes. La pasividad y la negligencia ciudadanas han permitido que la agresividad y gravedad de estos crímenes se incremente a niveles cada vez más preocupantes y dañinos.
Esta espiral dictatorial se agudizó en 2018, cuando la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) dirigida por Juan Francisco Sandoval empezó a alcanzar a estamentos del poder político, económico y criminal enquistados en el gobierno, el sector privado, el sistema de administración de justicia y grupos de ex militares. Ese año se registraron los primeros ataques directos, alcanzando un punto crítico en 2021 con la destrucción de la Feci y la captura total del Ministerio Público (MP), dirigida por la servil Consuelo Porras.
Con más de veinte jueces y fiscales ya en el exilio forzado, hoy el foco de este deterioro recae en la persona del juez Miguel Ángel Gálvez Aguilar, titular del Juzgado B de Mayor Riesgo, a quien ya se le retiró la inmunidad y ha sido citado. Las características de su caso son grotescas y no resisten ninguna prueba de legitimidad. Insulta la inteligencia ciudadana el hecho que el juez pesquisidor del caso sea Eduardo Galván Casasola. Si fuera chiste, se haría solo.
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Resulta que Galván Casasola es un militar, graduado de la promoción 80 de la Escuela Politécnica, y que alcanzó el rango de teniente coronel. En principio, esto no sería un problema, excepto cuando se trata de conocer asuntos en que los militares estén involucrados, como los varios que ha juzgado Miguel Ángel Gálvez. Además, la denuncia en contra del juez Gálvez la interpuso la Fundación Contra el Terrorismo, de descarada afiliación pro militar. Así que resulta descarado e inaceptable el evidente conflicto de interés de Galván Casasola para conocer como pesquisidor la denuncia en contra del juez Gálvez.
Es inevitable comparar esta situación prevaleciente hoy en Guatemala con la de los primeros años del régimen nazi de Alemania, en la primera mitad de la década de 1930. Las formas son las mismas, usar organizaciones de choque como la Fundación Contra el Terrorismo como sicarios cara dura que, en lugar de perder, ganan proyectándose como extremistas de derecha capaces de realizar pública y explícitamente acciones criminales e indecentes. Mientras tanto, los autores intelectuales y los beneficiarios reales de estos crímenes permanecen protegidos en la oscuridad y el anonimato, presentándose públicamente como empresarios o gobernantes decentes y respetuosos del régimen de legalidad.
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Por esto, es imperativo que tengamos claridad de que bufones y sicarios a sueldo como los de la Fundación Contra el Terrorismo, aunque son los rostros visibles y quienes emprenden las acciones públicas más sucias, no son los autores intelectuales ni los beneficiarios últimos de esta regresión autoritaria, proto dictatorial y antidemocrática que Guatemala sufre hoy. Detrás de ellos están los corruptos en los tres poderes del Estado, exmilitares, narcotraficantes y algunos empresarios que tienen razones y motivaciones para permanecer ocultos, y que necesitan mantener las manos aparentemente limpias, y que sean estos bufones y sicarios los que hagan el trabajo sucio.
El momento para actuar en la defensa de Guatemala y frenar nuestra caída a la dictadura es ahora. Si esperamos a elegir nuevas autoridades en 2023, muy probablemente no tendremos elecciones legítimas para hacerlo. Esta tragedia debe parar ya.
¡Ni un justo más al exilio forzado!
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