Ni corrupto ni ladrón

La frase campechana carga a su vez una responsabilidad enorme. Primero, porque obliga al presidente a cambiar paradigmas dentro del Gobierno. Además, lo obliga a conocer y a comportarse como los estándares internacionales establecen en materia de transparencia, rendición de cuentas y calidad del gasto público. Pero lo más complicado es que «ni corrupto ni ladrón» no se aplica a él como individuo, sino a todo su gabinete.

Creer que el presidente no tiene responsabilidad sobre las personas que está eligiendo para conformar su gabinete es una mentira. Él debe demostrar liderazgo y congruencia en este tema. Y no creo que sea adecuado que se excuse en los mínimos de la ley para soslayar la gran responsabilidad que tienen los ministros de mostrarnos a los ciudadanos qué tienen y quiénes son.

La declaración patrimonial y la declaración de intereses son instrumentos creados partiendo de la buena fe del funcionario público. Todos deberían querer hacer dichas declaraciones para cuidarse las espaldas y enviar un mensaje de responsabilidad a la población. En el momento en que aceptan un cargo público, ya no son ciudadanos comunes, sino que efectivamente asumen una responsabilidad distinta. Y es por eso que la excusa de la inseguridad o de que la ley no se los exige no es válida.

La Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos no es el parámetro más legítimo para actuar en estos momentos. En varias ocasiones se han incluido reformas al articulado que regula la declaración patrimonial para que esta sea efectiva. Se ha tratado de hacerlas de acceso público y de extender su capacidad. Y algunos hemos insistido en la necesidad de incluir declaraciones de interés. Ningún invento nuevo. Solo para integrarnos al movimiento global de transparencia. Pero todos esos intentos se han visto frustrados por la falta de voluntad política y por el miedo a que me cachen.

El día de hoy toman posesión de sus cargos el presidente, el vicepresidente, los ministros y demás funcionarios públicos. Ojalá entiendan que las reglas del juego cambiaron, que los ciudadanos quieren ver un cambio sustancial en la forma y en el fondo y que las excusas de «no está en la ley» y «es demasiado peligroso exponer mis bienes y mi familia al gran público» ya no son excusas. Y si en realidad lo son, que lo piensen dos veces antes de asumir un cargo público. Un amigo me dijo hace unos días que no hay incentivos para trabajar en la administración pública, refiriéndose a los salarios y a las responsabilidades que esto implica. Él tiene razón. Si uno asume un cargo público, su incentivo, el único, tiene que ser querer cambiar Guatemala.