Negocio narcotráfico con cédulas nicaragüenses

El domingo veintisiete de mayo de 2012 fue arrestado el magistrado electoral Julio César Osuna, semanas después que las mismas autoridades llevaron a los tribunales al empresario de clubes nocturnos, Henry Fariñas, el amigo de policías, por ser parte de la misma organización criminal que trasladaba la droga por Centroamérica a México, valiéndose de contactos con una célula del narcotráfico mexicano que trabaja para el cartel de la Familia Michoacana.

Osuna, hasta entonces magistrado del tribunal electoral y un hombre de bajo perfil que se había visto involucrado en 2009 en una agresión a un contratista del CSE, fue detenido a las 9:20 de la mañana en su casa de habitación en la colonia Centroamérica, de Managua, acusado de proveer cédulas de identidad a la organización y de trasegar sumas millonarias que él mismo entregaba en Costa Rica.

El lunes, mientras Osuna era trasladado a los juzgados para escuchar la acusación frente al juez Julio Cesar Arias, el CSE se desligó completamente de su caso y el cuestionado presidente del ente estatal Roberto Rivas —quien durante años no ha explicado el origen de su fortuna— sostuvo que no temían ninguna investigación de la Policía Nacional.

“No tenemos ningún problema, estamos dispuestos a que se nos investigue a todos, no hay ningún problema en ese sentido”, dijo Rivas a los medios de comunicación, mientras lo flanqueaban sus colegas sandinistas Emmet Lang y José Luis Villavicencio.

Hasta ahora el CSE había sido un sitio inescrutable por parte del partido de gobierno, con el que Rivas ha fraternizado, en especial con el Presidente de la República, a quien le hospedaba dos hijos en su mansión en Costa Rica.

Pero, lejos de apaciguar las críticas con las declaraciones de Rivas, el escándalo crece en el tribunal electoral. El ex director de cedulación, Dionisio Palacios, sostuvo a Confidencial que es evidente que se han disminuido los controles para emitir los documentos de identidad nicaragüense desde que se volvió un asunto partidario y no técnico.

Rivas tiene responsabilidad, dice experto

Palacios hizo énfasis en que la emisión de las cédulas está bajo el control directo de Rivas, porque mientras la dirección de cedulación lleva a cabo los trámites de documentos, es la dirección de informática, una dependencia de la presidencia del CSE, la que se encarga de llevar a cabo la impresión.

La dirección de informática tiene a mano el Registro Civil de las Personas y pudo haber cotejado los datos proporcionado en el formulario del CSE, al que llaman talonario fotos, con lo escrito en la Dirección de Registro para verificar si no había nada anómalo según el experto.

“Una hoja no se mueve sin la voluntad de Rivas”, advirtió Palacios, quien dirigió el departamento de cedulación durante diez años hasta su salida en 2005.

“(Rivas) Es el presidente general de esto, ahí no se mueve nada sin la orden de él. Para que todos los demás magistrados estuvieran metiendo la cuchara en la fábrica de cédulas tuvieron que haber tenido autorización de la presidencia del CSE, vía Wilhem Schmidt, director de informática”, dijo el funcionario que en total trabajó 21 años en el CSE, sumando su experiencia en otras áreas.

La cédula de “El Palidejo”

Al ex magistrado Osuna, destituido y desaforado la semana pasada en el Parlamento, se le acusa en especial de haber emitido la cédula 003-220669-0002R a nombre de José Fernando Treminio Díaz, la identidad usurpada por Jiménez para moverse como nicaragüense y con la que pudo sacar un pasaporte.

Según la Policía, Osuna se valió de su cargo y tenía a su servicio una red, formada por una gestora, su hermano José Francisco (alias Chepón), su asistente Carolina González y Carla Fariñas, hermana del empresario de clubes nocturnos, que le sirvió como testigo a Jiménez en el formulario necesario para la emisión de la cédula ante el CSE.

Osuna en su defensa dijo en la entrevista a la Policía que su firma no aparecía en el expediente que le mostró Roberto Rivas, cuando fue pública en marzo la captura del Palidejo. “El doctor Rivas me informó en una sesión que había una cédula del Palidejo y que aparentemente yo lo había cedulado, me preguntó cómo era eso del expediente, le dije que desconocía y le pedí que me lo prestara, una vez que me lo prestó, me sorprendí porque primero me alegro porque no aparece mi firma por ningún lado”, sostuvo el exmagistrado.

Los investigadores policiales hacen hincapié, siempre sobre el caso del magistrado destituido, en las fuertes sumas de dinero que el exfuncionario llevaba a Costa Rica en vehículos del CSE y en los viajes repentinos a ese país que fueron corroborados por un exagente de la Dirección de Migración y Extranjería que trabajaba en la frontera de Peñas Blancas.

Según el exinspector de fronteras, Douglas Martín Morales Montano, Osuna se hacía acompañar de un señor llamado José, que se identificaba con pasaporte nicaragüense, “recio, piel clara, cabello hacia atrás, de unos cincuenta años, en el mes estos dos pasaban dos veces”.

Morales Montano dijo a la Policía que había un funcionario dentro de Migración que se encargaba de agilizarle los trámites a Osuna. A ese funcionario lo llamaban “Balín” y es originario de Buenos Aires, en Rivas.

Un millonario llamado José

“Siendo una persona de su extrema confianza, además esta persona les hace los trámites a los que están viajando por el puesto fronterizo del CSE”, precisó Morales Montano refiriéndose a “Balín”, quien también recuerda que el mismo Osuna decía que él daba seguridad a José, a quien identificó como una persona millonaria.

“El licenciado Osuna me comentaba que lo que realmente ganaba con don José le daba para muchas cosas”, se lee en el testimonio recogido en la acusación donde José es descrito como un lugarteniente de ‘El Palidejo’.

El Ministerio Público precisó que en estos viajes a Costa Rica, Osuna llevaba cantidades que oscilaban entre 700 mil y un millón de dólares que su chofer, José Francisco Somarriba, le entregaba después de ir a recoger el dinero a Honduras.

El Fiscal Javier Morazán, a cargo de la unidad contra el crimen organizado, puntualizó que Somarriba entregaba el dinero al funcionario en el hotel Guanacaste, en carretera a Masaya, y luego lo trasladaba a Costa Rica, donde se lo entregaba en maletas al panameño Daniel Sánchez, otro miembro de la red internacional de narcotraficantes.

“En una ocasión, el acusado (Osuna Ruiz) transportaba dinero, Félix Bejarano quien es el jefe del puesto de la Policía, control de drogas de Peñas Blancas, Costa Rica, intentó requisar el vehículo, el acusado inmediatamente sacó su pasaporte diplomático y manifestó que andaba cumpliendo funciones propias de su trabajo como magistrado”, dijo Morazán.

Osuna y “José” se distanciaron, luego que se perdió un dinero, y el “millonario” sintió desconfianza hacia el funcionario electoral, de acuerdo a la acusación.

Tres viajes este año

Según registros de la Dirección de Migración y Extranjería de Costa Rica, proporcionados por el diario La Nación, Osuna tuvo tres entradas y salidas desde finales del año pasado.

Incluso, el informe oficial indica que el último viaje que hizo Osuna a Costa Rica, lo hizo el ocho de abril pasado, es decir 49 días antes de su detención motivada por las acusaciones de tráfico de drogas y crimen organizado. Se quedaba un promedio de entre dos y cuatro días, según la documentación.

El 28 de marzo de 2012, por ejemplo, entró a Costa Rica a las 7:56 de la noche y salió a las 8:41 de la mañana, para luego volver a entrar seis días después, revelan los registros.

Asistente: conductor le trabaja a Alemán

El caso del conductor Somarriba toca, al igual que el magistrado, a las filas del Partido Liberal Constitucionalista, cuya presidenta es Haydée Osuna Ruiz, hermana del destituido funcionario y quien, al presentarse ante los medios de comunicación, únicamente aseguró que no renunciaría de la dirección partidaria porque se trataba “de un asunto privado de mis hermanos”.

Según la asistente del ex funcionario electoral, Carolina González, también enjuiciada, Somarriba le trabaja también al ex presidente Arnoldo Alemán. De hecho, el conductor es defendido por Mauricio Martínez, el abogado del caudillo liberal.

“Con su jefe trabajan: Andrés Solórzano, Ricardo González, Michael Montiel Aburto, este es cuñado de él (de Osuna) y el otro es Francisco Somarriba, este se maneja más conduciéndole a Arnoldo Alemán”, se lee en los apuntes colocados en la acusación.

Confidencial llamó al ex mandatario a su celular, se le dejó mensaje con uno de sus asistentes, quien lo excusó que estaba en un desayuno este sábado, pero no regresó la llamada al cierre de nuestra edición.

La asistente de Osuna reveló también que en varias ocasiones llegaban parientes del magistrado en compañía de personas que le pedían que les sacara unas cédulas y cita a José Francisco, detenido y procesado, a Mauricio Osuna y a los hijos del ex funcionario electoral.

¿Mensaje por los waivers?

La acusación contra El Palidejo, Osuna y 13 personas es valorada por algunos expertos como un mensaje del gobierno de Ortega a Washington de que el país está haciendo su tarea en materia de lucha contra el narcotráfico.

A criterio del periodista Danilo Aguirre, ese mensaje tendría que ver con la aprobación del waiver de transparencia y el de propiedades, aún pendiente de aprobar por el Departamento de Estado.

Según expertos consultados, en el caso de la dispensa por transparencia presupuestaria significaría que Nicaragua podría dejar de recibir 12 millones de dólares para este año fiscal, mientras que el de la propiedad el efecto sería gravísimo, pues cerraría las puertas al voto de Estados Unidos para conseguir préstamos en organismos multilaterales.

“Es indudable, golpear al PLC no tiene importancia a estas alturas. Lo más probable es que se trate de mandar un mensaje que efectivamente han descubierto que ese CSE es un nido de corrupción, que de repente apareció un magistrado dando cédulas, manejando dinero, y todo eso, y esperemos otro tipo de reacciones”, dijo Aguirre.

“Si se trata de un mensaje internacional ligado a los waivers, a la situación en que pueda estar sumergido el gobierno con relación a esos dos elementos. Esa factura debe ser más grande, creo que debe desplomarse, ya el CSE está en ruinas”, sostuvo el reconocido periodista, ex director de El Nuevo Diario.

¿Dónde están los Treminio?

Según la investigación de la Policía, Alejandro Jiménez usurpó la identidad de José Fernando Treminio Díaz, sin embargo en la dirección que cita en la colonia 14 de septiembre, de la iglesia dos andenes al sur y media cuadra al este, nadie lo conoce. La supuesta madre también es una desconocida en el barrio Noel Morales, de Tipitapa. Luego de buscar la dirección, ésta conduce al visitante a la bocana del lago.

La ruta de la falsificación de cédulas

Un reciente estudio preparado por el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP) trazó una de las “rutas” usadas en Nicaragua para la falsificación de documentos de identidad, que involucra a funcionarios públicos, personas vinculadas al crimen organizado y al narcotráfico.

Analizando casos denunciados en los medios de comunicación, los investigadores que prepararon el estudio –titulado Mapas de corrupción en Nicaragua– diseñaron una ruta que aclara la forma en que funcionarios públicos han usado el sistema electoral del país, para emitir cédulas falsas, un delito “que se ha venido presentando de manera recurrente en diversos casos conocidos públicamente y que están claramente vinculados a actividades de crimen organizado, particularmente casos de narcotráfico y trata de personas”, como explican los investigadores.

Según el estudio, “en estos casos se conoció que el funcionario del CSE involucrado tenía pleno conocimiento de los propósitos del trámite, lo que lo relaciona o vincula de manera directa con las acciones delictivas del grupo de crimen organizado”. La ruta identificada por los investigadores es la siguiente:

• Una de las formas que más se utiliza para poder tramitar u obtener una cédula de identidad falsa, es a través de la obtención de un certificado de nacimiento original. Para eso, en muchos de los casos el procedimiento que se ha seguido es el de solicitar un trámite de reposición de partida de nacimiento a través de un proceso judicial, que consiste en llenar un formulario, presentarse con dos testigos –que en estos casos, son falsos–, y sobre esa base, el juez dicta una sentencia ordenando reponer el certificado.

• Una vez que obtienen la sentencia ordenando reponer la partida de nacimiento, ésta es inscrita y registrada en el Registro del Estado Civil de las personas, donde les extienden el nuevo certificado y con este documento acuden al funcionario de contacto dentro del CSE para que les tramite la cédula de identidad falsa. Todo el procedimiento se constituye en una cadena de falsificación de documentos.

• De acuerdo a algunas autoridades, la mayoría de los funcionarios involucrados son de primera línea, con rangos menores, pero es evidente que están respaldados por alguien de nivel superior que está enterado y conoce de la emisión de cédulas falsas.

• El delito de falsificación de cédulas cometido por los funcionarios, autoridades o empleados públicos del CSE, infringe el principio de protección de los intereses, seguridad, credibilidad, confianza y transparencia del Estado, en particular frente a los ciudadanos. La falsificación de cédulas de identidad es un delito que altera el estado civil de las personas ya que se está identificando a una persona inexistente y se cambia u oculta su verdadera identidad.

Suprema investiga a juez de Tipitapa

Luego de que el juez Guillermo García apareciera “aclarando” en medios de prensa que ante su juzgado nunca se presentó Carla Fariñas para servir de testigo para la reposición de partida de nacimiento a Alejandro Jiménez, alias El Palidejo, con su falsa identidad nicaragüense, la Corte Suprema de Justicia anunció una investigación.

García dijo que fueron los padres de José Treminio Díaz, quienes comparecieron ante el tribunal, pero hay irregularidades como la edad de la madre que apenas era diez años mayor que su hijo según la documentación. En el sitio web de la CSJ, el magistrado Edgar Navas anunció que habían tomado la decisión de que aclare este caso el juez García.

García admitió que fue parte de la juventud liberal y que conoce a María Haydée Osuna, la presidenta del PLC, pero no al hermano de ella, procesado actualmente por narcotráfico y crimen organizado.

“El consejo acordó iniciar un proceso investigativo en relación al actuar del juez de Tipitapa, para tener claridad sobre el proceso que siguió el judicial para emitir ese documento. La ciudadanía debe estar clara que la Corte Suprema está plenamente dispuesta a que prevalezca la transparencia y que la ciudadanía esté debidamente informada sobre este caso”, dijo Navas.